El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado la declaración de utilidad pública e interés social del proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira, y lo ha hecho un día después de que este jueves el Consejo de Gobierno de Canarias diese luz verde al decreto para la construcción de esta infraestructura energética. Con 12 votos a favor del grupo de gobierno, menos la edil de Ciudadanos, que no asistió al Pleno, el Consistorio aprobó durante la sesión de este viernes esta declaración sin el apoyo de los dos partidos de la oposición, Partido Popular-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana y Coalición Canaria. La declaración de utilidad pública conlleva aparejada una bonificación del 95% en Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) en la tramitación de los expedientes para el otorgamiento de licencias de obras, en este caso de aproximadamente el 3% del valor total de la obra, de 400 millones de euros, lo que supone un impuesto estimado de 12 millones de euros, según informan fuentes municipales.
El edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, defendió en el Pleno la aprobación de la declaración de utilidad pública para dar continuidad a los acuerdos adoptados en el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, pero su explicación no convenció a PP-AV,cuyos siete diles. Su portavoz, Elena Álamo, explicó que el sentido del voto de su formación responde a la «defensa de los intereses municipales» porque con este expediente «volvemos a beneficiar a los que pueden pagar por la licencia de construcción y no lo hacen; que paguen como todo hijo de vecino», dijo en referencia a Red Eléctrica. «No podemos liberar a una multinacional de pagar sus impuestos», argumentó para evitar que la compañía quede exenta del pago de sus tributos.
El Pleno aplaza el encargo de hamacas y sombrillas a Emursa por dudas sobre el expediente
Álamo insistió en que el posicionamiento de su grupo no implica que esté en contra del proyecto y recordó que está a favor de un debate ciudadano y de la revisión del proyecto después de 20 años desde que se diseñase.
Por su parte, la formación nacionalista optó por la abstención de sus tres ediles. El portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, explicó que la postura de su partido se debe a que el secretario municipal no aclaró por qué se trata la figura de utilidad pública, que conlleva la expropiación de terrenos, si el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no va a expropiar nada. «Que lo vaya a hacer el Cabildo o el Gobierno de Canarias es otra cosa, pero el Ayuntamiento no, así que desde el punto de vista legal no corresponde esta figura sino, en todo caso, la de interés público», manifestó. La edil de Ciudadanos, Inés Rodríguez, no asistió al Pleno.
Por otro lado, el Pleno dejó pendiente la aprobación del encargo del servicio de temporada, las hamacas y sombrillas, a Emursa, la empresa municipal de recaudación. El portavoz nacionalista instó a dejar el expediente sobre la mesa al apreciar errores y dudas sobre su tramitación. Marichal consideró que tras 20 veces desde la suspensión del servicio de playas el grupo el gobierno trajo ahora un expediente «con chapuzas por todos lados, con informes contradictorios, documentos incompletos». «No hay informes municipales que avalen una decisión de una envergadura como es la de municipalizar el servicio de hamacas y sombrillas y se ha traído a Pleno la aprobación de un encargo a Emursa sin siquiera haberse aprobado definitivamente la municipalización».
Adolfo Gil Rodríguez, sindicalista, dará nombre a la plaza pública del barrio de Ayagaures
Entre las contradicciones que aprecia CC, Marichal destacó que no se subrogará a todo el persona o que ésta es paulatina. «Hay subrogación o no la hay, pero no puede ser a medias», señaló. PP-AV, por su parte, criticó que no se respondiesen las alegaciones y que se dictaminase el expediente en comisión el martes cuando el plazo concluía el jueves. A estas tesis, Henríquez, por su parte, alegó que la oposición mezclaba dos expedientes distintos.
A este respecto, UGT advirtió en un comunicado que el expediente de municipalización del servicio vulnera los derechos de los trabajadores ya que, al solicitarlo, el Consistorio solo le entregó 120 de las 180 páginas del documento y contiene partes que desconoce el sindicato.
Por otro lado, el Pleno aprobó tres mociones, dos de CC y otra de NC que se convirtieron en institucionales. Con la primera se impulsa la reapertura de la pista de patinaje tras tres años cerrada; la segunda insta a la reconversión de un solar municipal en El Tablero en un aparcamiento y en la última aprobó la nominación de la plaza de Ayagaures con el nombre de Adolfo Gil Rodríguez, destacado sindicalista e impulsor de la Asociación Cultural Pilancones.
En los asuntos de urgencias, el Pleno aprobó las bases reguladoras de las becas al transporte, el expediente para el carril bici que el Gobierno rehabilitará en el Campo Internacional y una modificación de 337.792 euros para pagar 400 facturas a proveedores.
