Nueva vuelta de tuerca en los procedimientos judiciales por la presunta compra de votos en Mogán durante las elecciones municipales de 2015 y 2019. El Juzgado de Instrucción Número 1 de San Bartolomé de Tirajana, que investiga una denuncia de Ramón Trujillo, El Perraya, por la presunta inducción al falso testimonio, ha transformado las diligencias previas en un procedimiento abreviado al apreciar indicios de que la alcaldesa, Onalia Bueno, y otras dos personas de su entorno, el concejal Víctor Gutiérrez y el vecino José Juan Montesdeoca, hicieron una oferta a Ramón Trujillo para que cambiara su testimonio judicial a cambio de 3.000 euros y un puesto de trabajo.
En un auto firmado el pasado 24 de noviembre, el juez Pablo García Abad considera que hay pruebas para procesar a la alcaldesa y a las otras dos personas por ese delito -no así al concejal Mencey Navarro, también denunciado por El Perraya-, y ha ordenado el traslado de su decisión al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.
Los acusados han anunciado que recurrirán el auto del juez al entender que las personas que aparecen en las grabaciones han metido a la alcaldesa en «una fiesta a la que no estuvo invitada», pues el propio Trujillo reconoció en su declaración que no había hablado con Onalia Bueno desde al menos el año 2015.
El auto señala que los hechos denunciados que pudieran ser constitutivos del presunto delito de inducción al falso testimonio son los siguientes: «Aproximadamente a partir del 18 de septiembre de 2020 y durante unos días, Víctor Gutiérrez Navarro y José Juan Montesdeoca Martín (...) se dirigieron a Ramón Trujillo Cruz, el primero incluso en un vehículo de la corporación municipal, y el segundo en dos ocasiones, incluso en casa de Ramón, para que éste modificara la declaración que inicialmente iba a prestar como denunciante (...) ese mismo mes de septiembre de 2020. Los Srs. Víctor y Juan actuaban de forma conjunta con la alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno, quien les solicitó que se dirigieran a Ramón para que a través de la oferta de 3.000 euros y un puesto de trabajo consiguieran que cambiase su declaración de forma mendaz en esas Diligencias donde se investigaba a la alcaldesa. No consta que el Sr. Ramón llegase a cambiar la declaración».
Ante ello, el juez instructor entiende que existe una inducción a la realización de un delito de falso testimonio por parte de estos tres investigados. El Perraya debía inicialmente testificar como denunciante, pero más tarde también fue imputado en la trama de presunta compraventa de votos a favor del partido Ciuca.
«A juicio de este instructor hay indicios bastantes de que Onalia, Víctor y José fueron inductores para que Ramón mintiera en sede judicial en beneficio de Onalia, ejerciendo un influjo claro, mediante precio y recompensa para que éste cambiara la declaración», señala el juez.
