Los alcaldes y alcaldesas de los 21 municipios de Gran Canaria se han comprometido a colaborar para dar sepultura a los cadáveres de las personas migrantes que han fallecido en alta mar en su intento por alcanzar las costas canarias en pateras y cayucos. Y lo han hecho a petición de la regidora moganera, Onalia Bueno, ante la falta de nichos disponibles en el cementerio municipal, ubicado en el casco de la localidad. Se trata de un total son 24 cuerpos que se encuentran todavía en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria a la espera de que el Consistorio moganero disponga de espacio para enterrarlos pero la situación es «insostenible» para esta corporación por no disponer de nichos suficientes. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) envió una notificación a Mogán el 19 de noviembre en la que instaba a que asumiera sus responsabilidades, pero el Consistorio argumentó que solo tenía constancia de cuatro de los 28 procedimientos de diligencias previas realizadas por el juzgado y por cuyos expedientes ya espera para dar sepultura a esos restos. Esos cuatro no son migrantes sino personas sin hogar que han fallecido en la localidad, según fuentes municipales.
La institución local sostiene que es necesaria la colaboración del resto de ayuntamientos de la isla para distribuir los cuerpos, ya que esta situación no puede asumirla solamente esta corporación por el mero hecho de albergar el puerto de Arguineguín, donde llegan las embarcaciones de Salvamento Marítimo que realizan los rescates en alta mar. De hecho, el pasado sábado llegaron a este muelle 81 personas rescatadas de dos embarcaciones, entre ellas los cadáveres de dos personas fallecidas al volcar una patera.
Bueno trasladó esta situación al resto de responsables municipales de Gran Canaria el pasado lunes en el marco de la reunión de la Comisión Insular de Gran Canaria de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), en la que los representantes locales acordan prestar ayuda pero también plantearon comunicar a la Delegación del Gobierno la necesidad de que asuma el coste de los enterramientos ya que es el Estado el competente en materia migratoria.
La Corporación ha enterrado los restos de tres personas y espera expedientes de otras cinco
Tras la petición de Bueno, los representantes locales mostraron su disposición a colaborar y cada municipio se hará cargo de la inhumación de un cuerpo, salvo los Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana y Telde, que darán sepultura a dos cuerpos cada uno dado que tienen mayor capacidad en sus camposantos. En un comunicado, el Ayuntamiento de Mogán recordó que la incineración de los restos es imposible pues la normativa establece que las personas sin identificar deben ser enterradas por si sus familiares reclaman el cuerpo durante un período de cinco años. Mogán ha expuesto esta falta de espacio a los jugados de San Bartolomé de Tirajana y al TSJC después la notificación recibida el 19 de noviembre.
Este año Mogán ya ha asumido la inhumación de tres cuerpos, espera los expedientes para enterrar los restos de otras cuatro personas -sin recursos- y asumirá uno más en la distribución de los restos de los migrantes con el resto de ayuntamientos. El coste que ha asumido el Consistorio es de 900 euros por cada inhumación, según fuentes municipales.
Losmunicipios piden a la Delegación del Gobierno que asuma sus competencias sobre materia migratoria
Onalia Bueno alertó de que la falta de nichos también se manifiesta en otros municipios, donde puede incluso darse la circunstancia que los cementerios no sean municipales sino propiedad de la Iglesia. Ante esta situación, la regidora solicita la colaboración y la solidaridad del obispado.
La alcaldesa trasladó al resto de municipios que solo tendrá que ofrecer un espacio para el enterramiento y sufragar los gastos de la sepultura, ya que los derivados de los servicios de funeraria los asume la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, órgano del Gobierno de Canarias.
Tras la reunión, alcaldes y alcaldesas decidieron que esta es una «solución puntual» y se animaron en buscar una definitiva, que pasa por que la Delegación del Gobierno «acepte la responsabilidad que le compete y financie la inhumación de las personas migrantes».
