La defensa de Eustasio López González, investigado por el ‘caso 18 Lovas’, presentó ayer un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de noviembre, en el que se señala al empresario turístico como presunto autor de dos delitos de prostitución de menores. El recurso argumenta que el auto de procesamiento «carece de indicios sólidos y racionales de criminalidad» contra el empresario grancanario.
El abogado, José María Palomino Martín, alega que el volcado del teléfono móvil de su cliente, «a cuya verificación se sometió voluntariamente para evidenciar que nada tenía que ocultar», no aporta ningún dato de interés policial. Fue el propio investigado quien facilitó las claves de acceso que le fueron solicitadas por la Policía Científica durante la instrucción de la causa. Además, defiende que en las actuaciones policiales y judiciales «no consta contacto telefónico alguno» con las supuestas víctimas ni con el cabecilla de la trama, Agustín Alemán Barreto, alias ‘Yino’, ni con la mayoría de los procesados por esta trama de prostitución de menores. Tan solo reconoce que Eustasio López acudió a finales del mes de abril de 2016 a una finca de Ayagaures a la que fue invitado.
Además, el letrado hace énfasis en que no figura en todo el procedimiento judicial ninguna relación anterior o posterior entre el empresario y las personas que trabajaban para la agencia de modelos llamada ‘18 Lovas’, que pueda «esgrimirse» en contra de López, lo cual «revela el carácter único y circunstancial» de las acusaciones en su contra.
El letrado apunta que las jóvenes negaron tener contacto sexual con el empresario
De igual forma, señala que las personas que acudieron a la finca eran jóvenes «adultas a excepción de dos de ellas, a quienes les faltaban escasamente tres meses para cumplir la mayoría de edad». Se trata de las víctimas número uno y 17. La primera de ellas, según el juez instructor, fue a la que Eustasio López trató «con total desprecio por su indemnidad sexual y con pleno conocimiento de que era menor de edad».
Sin embargo, argumenta Palomino Martín en el recurso de apelación que nadie informó a su defendido de que entre las jóvenes que acudieron a la fiesta había dos menores de edad a las que les quedaban meses para cumplir los 18 años. De hecho, ambas fueron «exhortadas para que manifestaran que eran mayores».
En el mismo escrito recalca además que se ha «comprobado» durante la instrucción que entre estas dos menores y su cliente «no hubo ninguna relación anterior ni posterior a la estancia en Ayagaures» en 2016. Asimismo, manifiesta que ha quedado «acreditado» que el empresario «siempre» ha mantenido relaciones con personas mayores de edad.
A su vez, ve «comprobado» que la víctima número uno «nunca ha estado en un centro de menores, ni se evidencia que sufriera situaciones de desamparo o desestructuración familiar». Esta joven también negó que mantuviera relaciones sexuales en ese lugar, y aseguró que «no fue una de las chicas que estuvo en la habitación con Eustasio López», y hasta renunció a las acciones penales y civiles.
Con respecto a la víctima número 17 queda, a juicio del letrado, «completamente descartado todo contacto íntimo» entre esta joven y el empresario turístico. Y detalla que la propia afectada reconoce que Eustasio López «no mantuvo en momento alguno relación sexual de ninguna naturaleza» con ella. Esta misma joven negó, además, en declaración judicial que tuviese algún tipo de contacto sexual con él en la piscina de la casa de Ayagaures.
«Frágil incriminación»
El letrado también ve demostrado que ninguna de las jóvenes habló con el empresario turístico de precios ni de cualquier otro tema relacionado con la prostitución, ni tampoco se le pagó a las víctimas en presencia de éste. Por ello, solicita que se admita su recurso de reforma o subsidiariamente de apelación contra el auto de 30 de noviembre de 2021 para que se acuerde dejar sin efecto el procesamiento contra el empresario. Y advierte que extender la situación procesal como investigado y procesado supondría un anticipado coste desproporcionado, injustificado e irreparable, tanto en el orden personal como social. «Prolongar esta anticipada pena, y sentarle en el banquillo con tan frágil incriminación abocada a la inevitable absolución supondría perpetuar banamente las terribles consecuencias que ya viene padeciendo sin posibilidad de reparación en todos los órdenes de la vida», sostiene.
