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La Provincia - Diario de Las Palmas

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San Bartolomé de Tirajana

El Gobierno deja reparar la escollera de El Pajar sin el deslinde de Costas

La normativa estatal sobre el litoral impide otorgar autorizaciones mientras se tramite un expediente de revisión del dominio público marítimo terrestre

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La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha otorgado la autorización de reacondicionamiento del frente marítimo de El Pajar a la empresa que promovió el paseo para repararlo después de que éste sufriera daños tras el embate de las olas durante un temporal a principios de año, que afectó a la escollera que protege esta parte del litoral de San Bartolomé de Tirajana. Pero lo ha hecho presuntamente incumpliendo la normativa de Costas, que establece que no se puede conceder ningún tipo de permiso administrativo mientras esté incoado un expediente de revisión del deslinde del dominio público marítimo terrestre, un expediente que la Demarcación de este organismo estatal en Las Palmas inició el 19 de noviembre de 2021, que todavía está pendiente de resolver, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, y que afectaría a la zona del litoral donde ahora se encuentra el paseo marítimo. Mediante oficio del 2 de marzo, Costas había instado a restaurar la zona.

Imagen de archivo del paseo marítimo que une El Pajar con Arguineguín. LP/DLP

En una resolución firmada el pasado 9 de diciembre por el viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas del Ejecutivo regional, Leopoldo Díaz Bethencourt, la consejería de Transición Ecológica ha autorizado la reparación de los daños provocados en el frente marítimo por el fuerte oleaje registrado el pasado mes de febrero, y que además de afectar a la estructura de madera que se colocó sobre la línea de callaos para habilitar el paseo, suponía un peligro real para las personas que transitaban por la zona.

Sin embargo, la Ley de Costas de 1988 establece la prohibición de otorgar autorizaciones de intervenciones sobre un suelo cuando el organismo haya puesto en marcha un expediente de revisión del deslinde, como ocurre en el caso de El Pajar. En su artículo 12.5., la norma vigente señala que «la providencia de incoación de expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre y en su zona de servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá publicarse acompañada de plano en que se delimite provisionalmente la superficie estimada de aquél y de ésta. La resolución del expediente de deslinde llevará implícito el levantamiento de la suspensión».

La Demarcación pidió en 2017 a Madrid una revisión del deslinde público realizado en 1984

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Esta autorización ha generado ya discrepancias entre ambas administraciones, al entender Costas que todavía no pueden otorgarse permisos como el que ha concedido el Gobierno canario para la reparación de la escollera y el paseo, pues la servidumbre de protección donde se encuentra está dentro del suelo que la Demarcación analiza para el nuevo deslinde.

El actual deslinde del dominio público se encuentra en el interior del mar desde que la Orden Ministerial del 26 de abril de 1984 aprobase el deslinde de los bienes de dominio público en el tramo de costa comprendido entre El Pajar y el barranco de Arguineguín. En 2017, la Demarcación de Costas en Las Palmas remitió al Ministerio un escrito en el que solicitaba autorización para iniciar un expediente de modificación del tramo comprendido entre los vértices 4 y 8 del deslinde ya que en esa zona «el trazado del mismo no recoge la totalidad de los bienes», según señala el documento de la autorización para poner en marcha este expediente.

En su propuesta de deslinde, Costas retrasa el dominio público a donde hoy está el paseo

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Ese expediente se inició el 21 de noviembre de 2019 y tenía un plazo de caducidad de dos años, hasta noviembre de 2021. Sin embargo, éstos se suspendieron entre el 14 de marzo y el 4 de junio de 2020, durante el confinamiento, por lo que se ampliaría hasta mediados de febrero de 2021. En su propuesta de deslinde, la Demarcación establece el límite donde hoy está el paseo, por lo que se trasladaría la línea de servidumbre de protección más hacia el interior del litoral. Al estar esta opción aún en revisión, el Ejecutivo regional estaría vulnerando presuntamente la Ley de Costas.

Este periódico solicitó ayer información sobre la resolución que autoriza la intervención a la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial pero no obtuvo respuesta. La empresa que realiza la obra de reparación de la escollera cuenta con un presupuesto de 18.535 euros.

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