La Demarcación de Costas de Canarias ha decidido paralizar las obras de reparación del frente marítimo de El Pajar -probablemente hoy se haga de forma oficial- después de que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial del Gobierno de Canarias, que autorizó los trabajos, haya reconocido que ha podido haber «errores» en la interpretación de la Ley de Costas.
La normativa de Costas establece la imposibilidad de otorgar permisos administrativos mientras esté incoado un expediente de revisión del deslinde de dominio público marítimo terrestre, como el que se inició en este entorno el 21 de noviembre de 2019. Durante la jornada de ayer, técnicos de la Demarcación visitaron esa zona El Pajar para comprobar el estado de los trabajos y la previsión es que durante el día de hoy se comunique oficialmente a la empresa promotora del paseo marítimo su decisión de frenar las obras, que consisten en la reparación de la escollera después de que un temporal afectase al litoral el pasado mes de febrero.
La promotora frenó ayer los trabajos hasta que la Demarcación y el Estado se aclaren
Al mismo tiempo, la compañía promotora, a pesar de contar con la autorización de Política Territorial, decidió ayer parar las obras de rehabilitación de los daños hasta que ambas administraciones, la regional y la estatal, se aclaren. «La empresa es la perjudicada y la víctima de un conflicto entre administraciones, regional y estatal, que pugnan en el marco de la transferencia de Costas del Estado a Canarias», apuntan fuentes empresariales. La promotora volvió a rellenar la zona que había vaciado para recolocar la escollera.
Se da la circunstancia de que, mediante oficio de Costas del 2 de marzo de 2021, fue esta demarcación la que instó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a que Disciplina Urbanística requiriera a la empresa promotora del paseo a que reparase el espacio dado que, tras el embate de las olas, la tarima de madera instalada había quedado dañada y la escollera destrozada, lo que suponía un peligro real para las personas que transitan por la zona.
El viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz Bethencourt, declaró que la autorización se otorgó «con toda la buena voluntad» y teniendo en cuenta esos antecedente, pero admitió que puede haber «errores» jurídicos y en ese caso, se anulará el permiso. La fórmula acordada es que Costas haga un requerimiento y lo estudien los servicios jurídicos de ambos organismos.
