El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha concedido una licencia urbanística a La Milla Atención S.L. para ejecutar obras en la residencia de mayores que esa empresa tiene abierta sin autorización municipal desde el pasado mes de marzo, pero condiciona ese permiso a que disponga también de la correspondiente licencia de actividad para el tratamiento de ese tipo de usuarios, que debe ser concedida por el Gobierno de Canarias.
En un nuevo episodio de la polémica que arrastra ese centro de mayores, situado en el casco antiguo de Guía, la Junta de Gobierno Local que preside el alcalde Pedro Rodríguez se reunió en sesión extraordinaria y urgente el 26 de noviembre de 2021 y acordó otorgar licencia de obra al nuevo proyecto presentado por la empresa para adaptar el edificio de la calle Pérez Galdós, número 24, a una residencia de personas dependientes.
A pesar de que es público que ese centro ha estado funcionando sin permisos y que en algunos momentos ha habido hasta 13 residentes, según las inspecciones de las propias administraciones públicas y de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, este acuerdo del gobierno municipal para otorgar la licencia urbanística reconoce implícitamente que no se puede desarrollar allí esa actividad hasta que finalicen las obras y el Gobierno de Canarias otorgue su autorización. De hecho, la Consejería de Derechos Sociales ha anunciado la incoación de un expediente con el objetivo de clausurar la residencia La Milla.
El acuerdo del Ayuntamiento de Guía señala textualmente: «Se hace constar que, resultando de aplicación lo dispuesto en el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia, no se podrá realizar en dicho inmueble el ejercicio de la actividad por estar sujeta la misma a previa autorización y control de la administración competente del Gobierno de Canarias».
Además de esta advertencia, la licencia para adaptar la vivienda a centro residencial, pone cuatro condicionantes, que figuran en el informe técnico del arquitecto municipal. El primero es que «se entenderá otorgada bajo la condición legal de la observancia de los de seis meses para iniciar las obras y doce meses para terminarlas, a contar a partir del día siguiente de la recepción de la notificación del presente acuerdo».
La segunda condición señala que los materiales sobrantes de la realización de las obras se tendrán que clasificar y llevar a un vertedero autorizado y la tercera que «una vez finalizadas las obras, se pondrá en conocimiento de la oficina técnica, para la supervisión». Por último, se insiste en que «se requerirá, para su puesta en funcionamiento, la correspondiente autorización (Licencia de Actividad)».
En la notificación del acuerdo a La Milla se hace constar que «el otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística, pero sin enjuiciar, predeterminar ni condicionar las situaciones jurídico privadas de la persona solicitante o de terceras personas, ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito de control administrativo ejercido a través del otorgamiento de la licencia».
También se recuerda que la presentación de este nuevo proyecto, redactado por el arquitecto Oliver Rodríguez, trae causa en una resolución de la Alcaldía del 20 de mayo, para el «restablecimiento del orden jurídico perturbado, por el que se requirió a la mercantil citada la presentación de un proyecto de legalización de las obras ejecutadas sin autorización en dicho inmueble, y que motivaron la incoación del expediente».
La propuesta consiste en el acondicionamiento de la edificación existente, sin aumento de superficie o volumen, con obras de restauración, reposición de elementos, cambios de tabiquería sin afectar a la estructura o la demolición de obras añadidas.
