San Bartolomé de Tirajana continúa adelante con los planes para que Loro Parque construya el parque acuático en Playa del Inglés. La Junta de Gobierno Local ha acordado desestimar «en todos sus términos» la petición realizada por el Ministerio de Hacienda en enero de 2019 para participar en los aprovechamientos urbanísticos que se derivan del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en este barranco, según informó este jueves el Consistorio en un comunicado. A través de un oficio de octubre de 2019, Hacienda reclamó al Ayuntamiento que paralizase la gestión y ejecución urbanística en la transformación física de los terrenos al pesar sobre ellos una doble inmatriculación, a nombre de Loro Parque y del Estado español.
La Corporación local explica que la intención del Estado de cobrar a la promotora por la ocupación de 121.000 metros cuadrados de dominio público hidráulico en este barranco «no es ajustada a derecho» al ser estos terrenos dominio público hidráulico natural «adquirido por ley y no de forma onerosa». Hacienda tasa esos aprovechamientos urbanísticos en 14,3 millones de euros, de los cuales 11,5 corresponden al Estado y 2,8 millones de euros corresponden al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
En el informe elaborado por los técnicos municipales y remitido ya a Hacienda, el Ayuntamiento justifica su decisión en que los terrenos «tienen naturaleza jurídica de dominio público hidráulico y los mismos son de titularidad del Estado, como dominio natural o necesario incorporados o adquiridos gratuitamente por imperativo legal», según recoge el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto 16 Legislativo 1/2001.
El Ayuntamiento sostiene que «la situación de los bienes públicos, en las operaciones de equidistribución urbanística exige distinguir entre los bienes de naturaleza patrimonial y los de dominio público pues, en el régimen de los bienes de dominio público, éstos están sometidos a un régimen jurídico singular mediante el cual se limita la participación de las Administraciones en los beneficios y cargas derivados de la actuación urbanística». Eso sucede, dice, «en atención a que dichos bienes hayan sido adquiridos a título oneroso o a título lucrativo. Con ésta regulación se pretende evitar, entre otras circunstancias, que la Administración adquiera terrenos injustificadamente por el simple hecho de que se produzcan modificaciones sucesivas en los planes». En este caso, el carácter de dominio natural de los terrenos del dominio público hidráulico del barranco del Veril «lo determina el que dichos suelos han sido adquiridos por el Estado, no de forma onerosa, sino por imperio legal», mantiene el Ayuntamiento.
Así, considera que la Administración concedente «no puede formar parte del proyecto de reparcelación y equdistribución de aprovechamientos urbanísticos», y justifica su decisión en una interpretación conjunta de la Ley del Suelo y del Reglamento de Gestión yEjecución del Planeamiento de Canarias.
El edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, explicó que haber dado respuesta al Estado permite comenzar la aprobación inicial del proyecto de gestión y urbanización, que espera llevar a Junta de Gobierno en enero. «Sospecho que tendrá muchos ataques y resolveremos las alegaciones para luego otorgar la licencia», sostuvo. «La intención es agilizar los trámites todo lo posible para en 2022 ir cumpliendo todos los hitos y entregar los permisos», dijo.
