El consejo de gobierno insular del Cabildo de Gran Canaria ha acordado incrementar en 660.815 euros los fondos que destina este año 2021 al convenio de colaboración que mantiene con el Gobierno de Canarias para prestar servicios a las personas en situación de dependencia y, en general, a menores de seis años, mayores o con discapacidad, así como para realizar acciones relativas a los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.
De este modo, según informó el gobierno insular tras su reunión ordinaria de ayer, al suscribir la Adenda Tercera de este convenio, el compromiso económico de la corporación insular para 2021 aumenta desde los 25.174.958 a hasta los 25.835.773 euros. Por su parte, el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma aporta 65.892.011 euros, lo que suma los 91.727.785 euros que se destinan a sufragar estos servicios en la Isla de Gran Canaria.
A propuesta de la consejera de Política Social, Isabel Mena, este departamento dispone de casi 700.000 euros más para cerrar el presente ejercicio presupuestario, que se suman a anteriores modificaciones de crédito para garantizar la atención en los centros públicos para la atención a la dependencias de mayores, menores y personas con discapacidad.
En este punto del orden del día, el consejo de gobierno también dio el visto bueno a prorrogar la vigencia de este convenio durante 2022, ejercicio para el que las instituciones cederán un total de 91.749.408 euros, de los que 25.841.651 euros serán con cargo a las partidas presupuestarias del Cabildo de Gran Canaria, mientras que los 65.907.757 restantes saldrán de las arcas del Gobierno de Canarias.
El gobierno resaltó que al establecer el presupuesto de 2022 se ha realizado un cálculo estimativo en el que se han tomado como referencia el coste consolidado de las plazas para 2021 y el importe asociado al transporte de las personas que usan estos servicios, así como el gasto previsto para la contratación del personal que desarrollará los procedimientos necesarios para reconocer los casos de dependencia y sus derechos a percibir prestaciones. El presupuesto global de Política Social para 2022 se eleva a 190,4 millones de euros, un 2,86% más que este año.
