La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, el Seprona de la Guardia Civil y los ayuntamientos están recibiendo decenas de denuncias ciudadanas por presuntos delitos o incumplimientos de las normativas medioambientales, tanto en los espacios naturales como en el litoral, y entre los grupos ecologistas aumenta la percepción de que la Isla está sufriendo un deterioro similar o peor al del boom turístico de los años 70 y 80 del siglo pasado, lo que se contradice con los discursos oficiales sobre lucha contra el cambio climático, sostenibilidad o ecoisla.
Los recelos de las organizaciones dedicadas a la protección de la naturaleza han aumentado tras la promulgación de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que algunos de sus dirigentes consideran una «barra libre» para destrozar el territorio con la disculpa de la crisis generada por la pandemia.
Los grupos ecologistas también critican que las administraciones «se pasan la pelota» a la hora de actuar contra los delitos medioambientales, por lo que las infracciones quedan impunes ante el caos competencial y la falta de medios humanos para investigar y resolver las denuncias.
A ello se suma una batalla soterrada entre el Gobierno central y el canario por las competencias en Costas, que a juicio de técnicos, ecologistas y propietarios afectados está facilitando el aumento de atentados ecológicos en el litoral. El reciente caso de una escollera privada en el paseo de la playa de El Pajar es un ejemplo de ese enfrentamiento, pues mientras el Gobierno de Canarias autorizaba las obras de su reparación, la Demarcación de Costas advertía de que incumplía la Ley de Costas al estar en revisión el deslinde del dominio público marítimo terrestre en esa zona próxima a la localidad de Arguineguín. Al final hubo una decisión sorprendente, casi salomónica. Desde el Ministerio se paralizaron las obras, pero cuando ya habían terminado los trabajos.
Infracciones
La ACPMN, el organismo de la Comunidad Autónoma encargado de velar por la preservación de los espacios naturales, tiene sobre la mesa varias denuncias de los últimos meses de 2021 por supuestas infracciones medioambientales en el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Rural de Doramas o en el Oasis de Maspalomas.
Los mismos hechos se han denunciado ante el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, el Seprona y los correspondientes ayuntamientos, en ese caso los de Agaete, Valleseco, Moya o San Bartolomé de Tirajana, que han derivado las denuncias a la ACPMN con el argumento de que la administración autonómica es la única competente para realizar las investigaciones y abrir, en su caso, el expediente sancionador.
La acumulación de presuntas ilegalidades sin que se tomen medidas preventivas preocupa a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción y a organizaciones locales como La Vinca o Turcón, que están asumiendo como suyas las denuncias de los ciudadanos, pues están más acostumbrados a moverse en la vorágine administrativa del medio ambiente.
Son muchos los perjudicados que exponen sus protestas ante los colectivos ecologistas, pero pocos llegan hasta el final de los procedimientos administrativos o judiciales, según reconocen Honorio Galindo, presidente de Turcón, y Mario Marrero, portavoz de La Vinca. Ambos critican la actuación «pasiva» de los poderes públicos, pero consideran que perseverar en las denuncias es la única forma de frenar en lo posible las ilegalidades. Que los infractores sepan que siempre hay alguien pendiente de los atentados al medio ambiente que no tienen tanta presencia mediática como, por ejemplo, la polémica sobre la central de Chira-Soria.
«El Gobierno canario, el Cabildo y los alcaldes miran para otro lado, se les va todo en grandes palabras sobre el cambio climático, pero a la hora de la verdad ni siquiera cuidan lo que está más cercano», asegura el representante de La Vinca, un grupo ecologista con base en el municipio de Firgas.
Marrero ha firmado las denuncias ante la ACPMN por la reciente apertura de tres carreteras en el interior del Parque Rural de Doramas, dos en Valleseco (Camino de Las Ánimas y El Zumacal-El Hoya) y otra en Moya (Lomo Blanco). A su juicio, el incumplimiento de la normativa en los espacios naturales protegidos de las medianías de Gran Canaria «es el pan nuestro de cada día». Lo habitual, comenta, es que se solicite una permiso para restaurar un cuarto de aperos y se acabe construyendo una gran vivienda y después una carretera para acceder a ella.
«El Cabildo -apunta Marrero- nos habla de ecoisla y de ese lenguaje tan bonito, pero luego no coloca agentes de medio ambiente a vigilar; recientemente puso unos en las Dunas de Maspalomas y le pedimos que hiciera lo mismo en los barrancos de Azuaje, Los Cernícalos y otros espacios muy delicados, porque si destrozamos Azuaje no tendremos otro, lo perderemos definitivamente».
Otra queja de este grupo ecologista es la falta de transparencia y de participación ciudadana en la elaboración de las leyes de medio ambiente y del territorio, con periodos de exposición pública y de alegaciones en agosto o navidades. «Tratan de aburrir a la gente que está en el voluntariado, aunque luego presuman de fomentar la participación», sostiene.
Eugenio Reyes, portavoz de la federación ecologista Ben Magec, coincide en que el discurso político del cambio climático «va por un lado y la realidad por otro», pues el relato se ha concentrado en el aumento de la temperatura y las energías y no en la preservación de la biodiversidad, cuando es esta última la que condiciona todo lo demás. «Es un error de todos y hay que hacer autocrítica porque la biodiversidad no aparece por ningún lado en los objetivos de desarrollo sostenible, lo que quiere decir que estamos mirando para el cielo y no para el suelo».
Esa contradicción, según Reyes, es aún más patente en Canarias, donde el 63% de la huella de carbono, la denominada factura energética, no la genera el bombillo que se enciende en los hogares, sino la movilidad y el transporte, aéreo o terrestre, y la única forma de reducirla es con el aprovechamiento del suelo y la soberanía alimentaria.
«Cuando se producen alimentos de kilómetro cero en Canarias se reducen cinco veces más las emisiones que cualquier otra medida; la clave es conservar suelo y mantener la biodiversidad, que es la que absorbe el dióxido de carbono», explica el dirigente ecologista y técnico del Jardín Canario Viera y Clavijo.
La proliferación de infracciones y denuncias medioambientales «es consecuencia», en su opinión, de la última Ley del Suelo de Canarias, que desregularizó la anterior normativa de protección de espacios naturales y transfirió las competencias a los cabildos sin que éstos tengan medios para ejercerlas. «Es una ley perversa que hay que revisar, porque primero se realiza una actuación sobre el territorio y después se comprueba si lo que se ha hecho está bien o mal, no hay medidas preventivas contra los atentados al medio ambiente», señala Reyes, que advierte que «eso aún puede empeorar» con la nueva normativa que acaba de aprobar el Parlamento de Canarias, hace apenas tres semanas, de la que sospechan los ecologistas que está dirigida a legalizar todas las irregularidades cometidas hasta ahora.
La Ley de Medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias incluye, entre otras modificaciones, medidas sobre intervención administrativa en materia de costas, como la declaración responsable para la ejecución de obras en construcciones e instalaciones anteriores a la Ley de Costas de 1988.
En el Capítulo II, de medidas en materia de sector eléctrico, establece la reducción de plazos en los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, o modificaciones sustanciales no relevantes de instalaciones autorizadas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables que se encuentren en ejecución. El Capítulo III, sobre acciones de renovación y modernización turística, recoge una tramitación simplificada de actuaciones.
«La declaración responsable es abrir la veda para destrozar la isla; todo el que tenga dinero y quiera invertir tiene barra libre y la mano abierta para hacer lo que quiera», alerta Honorio Galindo, presidente de Turcón, quien critica que el Gobierno de Canarias y el Cabildo «se pasan la pelota alegando que es el otro el que tiene las competencias y al final nadie hace nada».
Eso ha ocurrido, detalla Galindo, con el entubamiento del barranco de La Mina, que Turcón ha llevado a la vía judicial tras agotar las demás. «Los perjudicados por estos atentados al medio ambiente y los colectivos ciudadanos deben utilizar más las vías administrativas de la ACPMN o el Seprona porque todo esto está legislado, no basta con denunciarlo solamente en los medios de comunicación», recalca el dirigente ecologista de Telde, para quien el discurso de la ecoisla del Cabildo «es para aliviar la conciencia del ciudadano medio, pero la realidad es que va contra la isla, que está desprotegida».
Una de las últimas denuncias presentadas por Turcón, a instancias de senderistas, es la construcción de una vivienda en la finca de Samsó, en el interior del Parque Natural de Tamadaba, al considerar que es ilegal por una pléyade de infracciones. Esa obra ha mostrado el galimatías jurídico que rodea al medio ambiente. La denuncia partió porque los trabajos se estaban realizando sin ningún cartel indicador del promotor o de la licencia, lo que es obligatorio en cualquier intervención urbanística, ya sea espacio protegido o no.
Aunque se está levantando una vivienda moderna sobre las ruinas de una antigua casa de piedra, abandona hace décadas, el Cabildo alega que solo ha concedido un informe de compatibilidad para colocar una valla y talar unos cipreses. El Ayuntamiento de Agaete, por su parte, ha comunicado que otorgó la licencia con un informe favorable de Medio Ambiente del Cabildo para rehabilitar una casa quemada en el incendio. Ahora es la ACPMN la que tiene que investigar y dictar una resolución, pero llevará su tiempo y quizás cuando lo haga la vivienda estará terminada.
No todas las denuncias acaban en decepción para los afectados. Vecinos del Oasis de Maspalomas han conseguido que ese organismo del Gobierno de Canarias frene la reforma de un complejo de apartamentos y abra un expediente sancionador por incumplimiento grave de la Ley de Costas. Los promotores se han visto obligados a presentar un modificado del proyecto, pero el caso se tendrá que dilucidarse también en los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Daniel González, coordinador de Azaenegue Naturalistas, una entidad privada dedicada al estudio y divulgación del patrimonio natural de las islas, considera que estas recientes denuncias «no son por pequeños daños ambientales» y afirma que Gran Canaria «está sufriendo los mismos daños que en la época del desarrollismo turístico, cuando no existía este discurso político del lavado verde para justificar cualquier atentado al territorio».
Tras denunciar los vertidos de los escombros de la carretera de La Aldea en una vaguada a la entrada del pueblo, sin que exista un plan de restauración de esa zona cuando acaben las obras, los miembros de Azaenegue están ahora «muy preocupados» por la implantación de parques eólicos y placas fotovoltaicas en áreas ocupadas por especies en peligro de extinción.
Contradicciones
«Lo que está ocurriendo en el Suroeste es una barbaridad, pues están haciendo mucho daño en los espacios naturales como El Matorral, única zona de cría para el corredor sahariano, una especie que ya ha desaparecido en Gran Canaria por la forma en que se están proyectando los parques eólicos y fotovoltaicos de 7 , 8 o hasta 12 hectáreas que están arrasando el territorio», insiste González, para quien «lo que está pasando con las energías renovables en algunas partes de la isla es una contradicción que solo puede compararse al boom turístico, pues el discurso político va por un lado y la realidad por otro».
«Nadie discute -aclara- que las energías renovables son necesarias, pero deben instalarse con otro modelo más descentralizado, con pequeñas instalaciones y plantas de almacenamiento que respeten la biodiversidad, no los disparates que se están haciendo».
Uno de esos «disparates», según Azaenegue Naturalistas, es el alumbrado del risco de La Laja, en la entrada a la capital grancanaria, zona de anidación de aves. Su denuncia ante la Fiscalía ha conseguido que el Ministerio Público esté tomando declaraciones y reclamando informes al Gobierno de Canarias y al Cabildo por los posibles daños a especies protegidas, como el halcón de Berbería o tagorote.
Según González, su organización estaba haciendo un seguimiento de esa especie de halcón y comunicó a la Consejería de Política Territorial y a otros departamentos del Cabildo que esa zona de La Laja es de especial sensibilidad para esas aves, pero sus informes no fueron atendidos. «No había ninguna necesidad de poner casi 70 luces enfocando al risco, que además es un gasto eléctrico absurdo porque el acantilado ya es bonito y se ve perfectamente con las luces de la carretera sin molestar a los animales, por eso acudimos a la Fiscalía», concluye.
