El futuro turístico de El Pajar estaba escrito en el planeamiento urbanístico y eso animó a distintos inversores a implantar allí sus negocios turísticos. Pero cuando en diciembre de 2018 se hizo público que a partir de octubre de 2022 el puerto de Santa Águeda dejaría atrás su uso industrial después de 63 años para dar paso al deportivo, poco se pensó que el futuro de esta infraestructura iba a quedar en manos de una decisión del Gobierno de Canarias. Menos aún cuando la legislación urbanística vigente, el Plan de Ordenación Insular de Gran Canaria (PIGO-GC), que depende del Cabildo, ya prevé desde 2004 un destino turístico para este enclave y en concreto para esta infraestructura un uso deportivo-náutico cuando caducase la concesión que Ceisa tiene sobre este muelle.
Desde entonces las posturas han sido claras: los empresarios turísticos reclaman la marcha de la cementera mientras que la compañía que ahora lo opera ha solicitado una prórroga de la concesión por otros 25 años al tiempo que recuerda que el fin industrial del puerto no implica que la fábrica se marche porque el suelo es de su propiedad. Ahora, a través de una comisión interdepartamental, el Ejecutivo regional espera por un informe que determine el futuro del puerto, documento que se conocerá a finales de febrero. Mientras tanto, el Gobierno «continúa escuchando» a todas las partes, según indica la consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, una de las áreas implicadas.
El Plan Insular de Ordenación recoge el uso turístico del puerto cuando venza la concesión a Ceisa
En este escenario, un dictamen firmado por Francisco J. Villar, catedrático de derecho administrativo, y Andrés M. González, profesor de esta disciplina, hecho público hace una semana concluye que la continuidad del uso industrial del muelle es «inviable», que no cabe de ningún modo la prórroga de la concesión que solicita Ceisa y que el Gobierno canario debe acatar el planeamiento insular puesto que fue aprobado de forma definitiva por esta misma institución. O, en todo caso modificar el planeamiento. Este informe fue solicitado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT)de Las Palmas.
La infraestructura se construyó con la autorización otorgada mediante Orden Ministerial del 10 de octubre de 1972 por un plazo de concesión de 50 años, que concluye el 28 de octubre de 2022, y aquel título no se expidió como prorrogable. No obstante, el grupo Cordial y los Del Castillo, empresarios con intereses en la zona, presentaron una alegación al entender que la concesión vencía en 2020 y no en 2022 porque con las distintas ampliaciones del muelle se firmó una nueva concesión en 1990 por 30 años. Sin embargo, la justicia echó abajo esta pretensión por «falta de legitimación activa» del sector turístico para reclamar el fin de la concesión del muelle.
En medio de este panorama, distintas instituciones públicas han apoyado que la cementera obtenga una prórroga para la gestión del puerto. De hecho, en abril de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó una moción institucional con este objetivo, y el tripartito del Cabildo y el PP también apoyaron esta iniciativa, no así Unidos por Gran Canaria, que pide que se deniegue la prorroga. A Ayuntamiento y Cabildo se sumó la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda, que defendió la permanencia de la cementera y destacó su aportación al desarrollo económico y social del pueblo.
Pero el sector turístico no lo ve así, hasta el punto de que el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)de Gran Canaria propuso al Gobierno que la cementera se trasladase a Arinaga porque «supone un escollo» para el desarrollo turístico de la franja costera de El Pajar.
Si el Gobierno quiere prorrogar el uso industrial, se tiene que cambiar el planeamiento
Vistas las posiciones, ahora toca esperar por la cara o la cruz de la moneda. Y para dilucidar el futuro del puerto, una comisión formada por los departamentos de Obras Públicas, Turismo, Transición Ecológica, y Servicios Jurídicos del Gobierno canario espera por un informe que determine cuál será el uso que deberá tener el puerto. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue con reuniones con todos los sectores para escuchar a todas las partes «sin manifestar opiniones», indica la consejería.
Y es que el Gobierno ni siquiera se atreve a hacer una valoración del dictamen emitido por los especialistas en derecho administrativo Francisco J. Villar y Andrés M. González en el que exponen la imposibilidad de que el puerto continúe siendo industrial ni de que se combinen los usos.
En este documento, Villar y González rechazan con rotundidad que el Gobierno pueda autorizar una prórroga y diferencia hasta tres ampliaciones del permiso. En primer lugar, el Ejecutivo no podría autorizar una prórroga ordinaria porque desde la fecha de la concesión inicial ésta ha tenido una vigencia de 63 años, «plazo superior la plazo máximo de 50 años que establece la legislación portuaria vigente»; además, ninguno de los sucesivos pliegos incluye la posibilidad de prórroga. «En tanto que la legislación estatal y autonómica exigen que las prórrogas deben estar previstas en el clausulado de la concesión, no cabe la prórroga de la que se estudia», dice el dictamen.
El Ejecutivo tampoco podría optar por la prórroga excepcional, la segunda que plantea el informe, porque el plazo legal establecido «ha transcurrido con creces, con lo que la opción de una prórroga extraordinaria debe quedar descartada por inaplicable». Por último, descarta el dictamen que se pueda otorgar la tercera de las opciones, una prórroga por accesoriedad, aquella que se obtiene por la dependencia en este caso de una concesión portuaria con una minera o industrial al tener la empresa también la cantera de San José, de donde extrae la puzolana para elaborar el cemento. «La proyección del régimen jurídico sobre la concesión del puerto y la concesión de la explotación de la cantera pone de manifiesto que no existe relación de interdependencia ni de accesoriedad de clase alguna», señala el informe, «es claro que las dos concesiones se han tramitado de manera separada sin hacer mención a la existencia y necesidad de la otra».
Uso mixto
Sobre la convivencia del uso industrial y turístico, los dos especialistas señalan en su informe que la actividad industrial «no parece que pueda convivir -ser compatible- con una actividad turística en tierra y con un uso deportivo-náutico del puerto». «El actual uso industrial de la cementera y una actividad turística como la propuesta por la planificación insular difícilmente pueden desarrollarse de una manera armónica, sin interferirse mutuamente», manifiestan los especialistas en derecho administrativo, «menos aún cuando el uso turístico, reconocido como uso estratégico y estructural, tiende a una gran especialización». Y tampoco es compatible con el uso residencial.
El documento recuerda que desde que el PIO incluyó este suelo como turístico «la cementera y el uso industrial del puerto deviene disconforme e incompatible con el destino turístico», por tanto, la continuidad industrial del puerto está «fuera de ordenación» y operando «en precario», una situación «que legitima a la Administración portuaria autonómica para recuperar esa infraestructura en cualquier momento».
Con todo esto, señala el informe que el Gobierno no puede conceder la prórroga porque el planeamiento insular no la contempla y porque con su aprobación definitiva «está obligado a cumplir» lo que en él se recoge. «Cualquier acuerdo que supusiera la vulneración por incumplimiento de lo dispuesto en esa norma incurriría en nulidad», señalan los especialistas. Para decidir la continuidad del uso industrial, por tanto, será necesario la modificación del planeamiento vigente, pero «en ningún caso será suficiente un mero acuerdo de continuidad, ni menos aún una decisión de gestión de Puerto Canarios», concluye.
