La Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín ha presentado este lunes un recurso potestativo de reposición contra el Decreto del Gobierno de Canarias que autoriza la ejecución de la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira y el segundo modificado del proyecto de construcción promovido por Red Eléctrica de España, en el que solicita anular y suspender la ejecución de dicho Decreto “al incurrir en motivos de nulidad de pleno derecho, al asumirse competencias que no corresponden al Gobierno de Canarias, contradiciendo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico europeo y estatal”.
El recurso, según ha informado este colectivo ciudadano, se ha interpuesto ante el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y sostiene que el Decreto que da luz verde a la planta hidroeléctrica ha sido dictado “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello y pudiéndose además incurrir en responsabilidad patrimonial de acuerdo al principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario y a la responsabilidad patrimonial de la administración públicas conforme lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2003, al infringirse numerosa normativa”.
En el recurso se incluyen 12 alegaciones por, presuntamente, otras tantas infracciones a la legalidad vigente de la Unión Europea y del Estado español. A juicio de Salvar Chira-Soria, “tanto el Decreto como el proyecto cuya ejecución se ha aprobado incurren en numerosas infracciones legales”, y además “la ejecución del proyecto va a suponer un grave e irreparable perjuicio al medio ambiente de Gran Canaria como a los intereses generales de los grancanarios y de todos los españoles en su conjunto”.
Entre las 12 alegaciones se citan “infracciones” a dos Directivas Europeas de 2009 y 2019 sobre el sector eléctrico; a la normativa española del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; a lo dispuesto en informes y circulares de la Autoridad Reguladora y dictámenes del Consejo de Estado; a lo dispuesto en la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Energía y Clima; a la Directiva UE del Marco del Agua; la Directiva Hábitats; a la normativa sanitaria; a la de seguridad de las presas; y a las leyes de protección del patrimonio histórico y cultural.
En la alegación Número 4, denominada “Inviabilidad técnica de la instalación aprobada a los fines pretendidos”, la plataforma ciudadana considera que “en toda la normativa aprobada por las distintas administraciones empeñadas en aprobar el proyecto, así como en la onerosa propaganda institucional, se pretende justificar la bondad de la instalación, argumentando que la implantación de las centrales de bombeo son necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico de Gran Canaria, para facilitar la integración de energías renovables y para abaratar el coste de generación de energía”.
Sin embargo, añade, “ninguna de estas aseveraciones es cierta y de hecho, no se ha aportado ningún estudio que avale técnicamente dichas conclusiones. En cambio son numerosos los estudios técnicos independientes que desestiman la construcción de dichas instalaciones, y eso, sin tener en cuenta que la instalación tiene que funcionar con agua desalinizada”.
En la octava alegación se avisa de la “existencia de riesgos para los cultivos y el suelo de aprovechamiento agrícola”. Al respecto, señala que “no existe, al menos públicamente, un proyecto de distribución de las aguas embalsadas de Chira y Soria para su uso agrícola una vez las presas hayan sido llenadas con agua desalinizada”, como tampoco “ningún informe pormenorizado con el detalle de la variedad de cultivos, suelos, conducciones y depósitos a los que irán destinados los 700.000 metros cúbicos de agua desalinizada” ni un plan “para controlar los niveles de boro, de bromato de potasio y de sodio para garantizar que no afloren problemas graves en los cultivos y suelos agrícolas asociados, en el medio y largo plazo”.
“A tenor de la propaganda institucional, la absurda solución a los problemas de suministro de agua a las zonas agrícolas de la cumbre, consiste en desalar agua en el mar y elevarla a 900 metros de altura, mientras que el agua de la cumbre, seguirá fluyendo a la costa”, añade el recurso potestativo.
En la duodécima alegación se concluye que “se ha acreditado que en realidad el proyecto no es la mejor opción para lograr ninguno de los fines técnicos pretendidos”, pues “la contribución a la garantía de suministro de la central de Chira-Soria será insignificante, “existen alternativas mucho más eficaces para dotar de seguridad al sistema” y “tampoco es la mejor opción para favorecer la integración de energías renovables”.
Por último, el recurso sostiene que “el importe económico de esta instalación absolutamente innecesaria, y que pagarán todos los ciudadanos, será elevadísimo”. Así, asegura que “el presupuesto de la obra e instalaciones, desarrollado en una escueta página del proyecto Reformado II, se establece, a 4 de mayo de 2020, en 390.895.288 euros”, pero en dicho presupuesto “no se incluye el coste de la trasmisión del proyecto a REE (11.200.000 euros), el coste de una estación transformadora ya construida en Santa Águeda, el coste del proyecto y de las obras de adecuación de las presas de Chira y de Soria, el coste de la ampliación de la EDAM, presupuestado ya en 1.700.000 euros, el coste de las posibles expropiaciones y el habitual sobrecoste que se produce a medida que se desarrollan las obras”.
