El Museo Canario cederá la gestión de su Fondo Arqueológico al Cabildo de Gran Canaria, que este año ya financia con 600.000 euros las actividades de esa sociedad privada, lo que supone la mitad de su presupuesto. El acuerdo, que debe ser refrendado por los asociados, garantiza la supervivencia de la entidad, que también sufre las consecuencias de las crisis económicas, y mejora la conservación y defensa del patrimonio que atesora en sus dependencias de Vegueta.
La directiva del Museo ha abierto un periodo de consultas a sus socios para modificar los estatutos y refrendar el convenio de concertación con el Cabildo, así como dar luz verde a la creación de un organismo común que estará formado por cuatro miembros de cada entidad, con un voto de calidad para el presidente del gobierno insular en caso de que no haya consenso en la toma de decisiones.
Este acuerdo, por el que el Cabildo se hace cargo del denominado Fondo de Arqueología Canaria, llega «tras veinte años» de solicitudes de ayuda por parte del Museo Canario ante la falta de recursos económicos para su mantenimiento, según ha recordado Diego López, presidente de entidad cultural creada en el año 1879 por el doctor Gregorio Chil y Naranjo.
También es una vieja reclamación de los arqueólogos isleños, que piden más implicación de las instituciones públicas en la conservación del patrimonio que ha reunido en sus vitrinas en los más de 140 años de existencia, según ha detallado Julio Cuenca, que fue director científico hasta el año 1997.
Los socios están convocados en marzo para aprobar una modificación de los estatutos
Diego López explicó que el convenio con el Cabildo tiene el respaldo unánime o mayoritario de los asociados, pues así se lo comunicaron muchos de ellos cuando les informó de las negociaciones para la firma. Al respecto, aseguró que no existen recelos por la posible pérdida de independencia de la sociedad científica frente a los poderes políticos, pues el acuerdo es por cuatro años renovables y se circunscribe únicamente al Fondo de Arqueología. Por tanto, si surgieran graves divergencias entre ambas partes, cualquiera de las dos puede denunciar el convenio y anularlo.
Los 450 socios del Museo están convocados a participar en el proceso para modificar los estatutos, mediante enmiendas, propuestas o sugerencias al texto negociado con el Cabildo, aunque López reconoció que no todos los miembros de la sociedad participan activamente. El periodo de consultas finalizará el 28 de enero y durante el mes de marzo se reunirá a la Junta General en sesión extraordinaria para debatir y aprobar los cambios en los estatutos.
El documento que se somete a consulta es el reglamento regulador el denominado Órgano de Concertación entre el Cabildo y la Sociedad Científica El Museo Canario, que consta de cinco artículos. El primero señala que ese nuevo órgano tiene carácter de auxiliar de la Junta de Gobierno de la asociación cultural y sus atribuciones atañen exclusivamente a la gestión del Fondo de Arqueología.
Composición
Ese Órgano de Concertación estará compuesto por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, o en la persona en quien delegue; el consejero insular que lleve esas competencias, en este caso Teodoro Sosa; el presidente y el director de la Sociedad Científica; dos personas designadas por el Cabildo y otras dos elegidas por el Museo, preferentemente expertos de arqueología. El artículo quinto establece que al ser un órgano integrador de los objetivos comunes de ambas partes, los acuerdos se tomarán de forma consensuada y añade que «para el caso de que no fuera posible adoptar algún acuerdo de manera unánime, el presidente del Cabildo tendrá voto de calidad».
López precisó que la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma establece que los museos puede ser privados, concertados o públicos, pero todos aquellos que reciban más de un 30% de su presupuesto de fondos públicos están obligados a firmar un convenio de concertación con la administración que les financia. En ese caso, comentó, se negoció durante año y fue «muy fácil» alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
El gobierno insular había rechazado las propuestas de la entidad cultural en los últimos 20 años
Esos convenios, relató el presidente del Museo Canario, están fundamentados por ley en tres cuestiones. La primera es la tutela, que en este caso se atribuye al Cabildo, pero no se cede la propiedad ni la capacidad expositiva, sino la vigilancia de que se controle y se conserve ese patrimonio.
El segundo aspecto es la financiación y el Cabildo se compromete a pagar el mantenimiento de todo ese fondo arqueológico, que se ha estimado para el año 2022 en 600.000 euros en un presupuesto total de 1,2 millones de euros. Ese dinero del Cabildo se destinará exclusivamente a ese patrimonio, que incluye las salas de exposición.
El tercer punto, subrayó López, es la participación, que se concreta en la creación de ese Órgano de Concertación y en actividades comunes que ya se están preparando, como una exposición itinerante de esos fondos por los municipios de la isla.
Unanimidad
El presidente descartó que surjan problemas entre los socios a la hora de modificar los estatutos, pues apuntó que «todos han sido informados de la firma del convenio y hasta ahora ha habido una respuesta prácticamente unánime». A su juicio, «hay una razón evidente» para aceptar ese acuerdo, que es la dificultad del Museo de mantener sus servicios o simplemente permanecer abierto sin esa financiación externa.
«En nuestra sociedad actual no hay entidades privadas que se mantengan por sí solas, sobre todo si tienen una exposición abierta al público durante todo el año y también se dedican a la investigación», declaró López, que rememoró la larga batalla por firmar ese convenio.
«La primera propuesta de concertación al Cabildo que hice yo fue en el año 2000; desde entonces hice siete solicitudes más y en el año 2021, por fin, obtuve una respuesta positiva, por eso en el Museo estamos agradecidos de que se sienten a hablar con nosotros sobre este asunto», comentó. Sobre el cambio de opinión tras veinte años, López opinó que los anteriores gobiernos locales «no entendían» las ventajas de esa concertación, pues de hecho el Cabildo siempre ha dado subvenciones alMuseo, aunque no tan generosas como las de ahora.
Así, resaltó que en el año 2015, el último del gobierno del PP y Bravo de Laguna, la subvención fue de 380.000 euros. Desde entonces fue subiendo hasta los actuales 600.000 euros. «No queremos que nos den dinero porque sí, sino corresponder con servicios públicos, pero es verdad que nos ha costado veinte años llegar a este momento», puntualizó.
La sociedad científica, a su juicio, no perderá su independencia respecto a los poderes políticos. «El Cabildo no está absorbiendo al Museo; es un acuerdo de gestión y tiene una vigencia de cuatro años, nadie queda maniatado y se gana seguridad jurídica», concluyó.
