El Consorcio de Viviendas del Cabildo de Gran Canaria espera contar con 13 inmuebles para poder acoger a familias en situación de emergencia social repartidas en diez municipios antes de que finalice este año. De momento ya tiene aprobada la transformación de seis inmuebles en desuso y deteriorados, de los cuales tres son escuelas unitarias, y que son propiedad de cinco ayuntamientos, en los que se ha invertido casi un millón de euros para dejarlas preparadas.
El organismo insular firmó convenios con cinco ayuntamientos para la rehabilitación de las escuelas unitarias de La Ladera, en La Aldea de San Nicolás; Lugarejos, en Artenara; y Casablanca, en Firgas; así como una casa típica que fue guardería en Miraflor, en Teror; y dos edificios de viviendas en los barrios de Santa Rita y en Vecindad de Enfrente, en Agaete.
“De forma rápida, asequible, sostenible y sin consumir suelo, respondemos a las necesidades habitacionales de las familias vulnerables”, afirma la consejera insular de Arquitectura y Vivienda, Concepción Monzón, quien recalca que este tipo de inmuebles “son imprescindibles para que existan alternativas en la Isla para cubrir las necesidades de vivienda de familias que requieran una opción habitacional temporal, hasta que tengan una solución definitiva, buscando dar las soluciones más idóneas para cada caso”.
El convenio contemplaba que el Cabildo se encargue de redactor los proyectos, así como de la financiación de las obras. Para ello se invirtió 302.000 euros de la actuación en La Aldea de San Nicolás; 263.497, en Agaete; 180.000, en Teror; 160.000, en Firgas; y 67.000, en Artenara. En total el proyecto ha supuesto un desembolso de 972.497 euros.
Concepción Monzón recalca que el proyecto supone darle «una segunda oportunidad a viviendas de titularidad pública que están en desuso, al mismo tiempo que se atiende a personas que necesitan un alojamiento de forma temporal.
En total se han podido habilitar 16 nuevas unidades habitacionales, de las que siete –las cuatro de Miraflor y las tres de Santa Rita- son viviendas compartidas. En ellas sus ocupantes cuentan con sus habitaciones y zonas comunes, y el resto, individuales. Cada Consistorio se hace cargo de la licitación de las obras y de la gestión de estas viviendas de tránsito, ya sea de forma directa, o bien cediéndola al Instituto Canario de Vivienda o a una organización no gubernamental.
"Supone una segunda oportunidad a viviendas de titularidad pública que están en desuso, al mismo tiempo que se atiende a personas que necesitan un alojamiento de forma temporal"
En la actualidad, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria estudia la posibilidad de firmar durante este año nuevos convenios con otros cinco ayuntamientos para rehabilitar inmuebles públicos de El Sequero, en Ingenio; Cercados de Espino y Montaña la Data, en San Bartolomé de Tirajana; El Raso-La Atalaya y Pino Santo Bajo, en Santa Brígida; El Molino, en La Aldea; y Lomo Santos, en Tejeda. El proceso se halla en la fase de estudio, dado que en algunos casos se requiere la modificación del planeamiento municipal.
La consejera informa que las actuaciones en las viviendas de tránsito les lleva a visitar estos inmuebles susceptibles del pretendido uso social. Y, si es así, se financia la rehabilitación.
