La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaron este miércoles la "reiterada actitud obstaculizadora y bloqueadora" de la negociación por parte de la dirección del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que "se niega a sentarse con los sindicatos en la mesa de negociación", han denunciado ambos sindicatos en un comunicado, ambos mayoritarios en el consorcio.

Aseguran que llevan esperando desde el pasado mes de septiembre a que el consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Consorcio, Pedro Justo, encontrara un hueco en su agenda para asistir a las reuniones con los representantes de los trabajadores. "Han sido muchas las ocasiones en que se ha cerrado una fecha y el encuentro se ha desconvocado en el último minuto por supuestos problemas de agenda de Pedro Justo", lamentan.

Dicen estar ya "cansados de la sistemática actitud de retrasar las negociaciones de un acuerdo que dé solución definitiva a la estabilidad laboral de los bomberos, después de casi una década de conflicto".

El último "plantón" a la mesa de negociación tuvo lugar ayer, "cuando, sin previo aviso, se informó por teléfono a los sindicatos, ya en la sede de la reunión, que el encuentro quedaba suspendido por decisión de Pedro Justo". Lo ocurrido, según los sindicatos, "pone de manifiesto la ausencia de voluntad por parte del Cabildo para llegar a algún tipo de acuerdo con los bomberos y cumplir lo determinado por los tribunales en reiteradas ocasiones".

Estatutos caducados

La derogación de los estatutos del Consorcio, en 2008, y la falta de cumplimiento de las aportaciones de las entidades, "hacen que carezca de legalidad y legitimidad la ponderación llevada hasta ahora de los votos de las entidades consorciadas". Detallan que el Gobierno de Canarias no aporta el 20% recogido en dichos estatutos, sino una cantidad menor, siendo compensada esta diferencia por el Cabildo que, desde hace años, supera con creces el 50% del presupuesto con sus aportaciones.

El Gobierno de Canarias, indican los sindicatos, "no puede ejercer el derecho al voto al no aportar las cantidades a las que está obligado, como determina la ley" y exigen que se determinen los representantes legitimados por las entidades consorciadas para realizar una negociación vinculante y con potestad para firmar un acuerdo en la mesa de negociación.

Una de las sedes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. LP/DLP

Los sindicatos no están dispuestos a que ocurra lo sucedido en 2017, cuando el Cabildo negoció y acordó una serie de pactos con los sindicatos que posteriormente fueron rechazados en la junta general por los alcaldes, el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que "optaron por imponer un acuerdo unilateral que fue posteriormente anulado por los tribunales".

Para FSC-CCOO y CSIF, el problema radica en que el Cabildo no ha reformado los estatutos del Consorcio de Emergencias a pesar de estar obligado, evitando dar este paso desde 2015 para no tener que adscribir a los bomberos al régimen jurídico del Cabildo. Los sindicatos han advertido al Consorcio que, hasta que esta situación no se solucione, no existen garantías en la negociación, por lo que no descartan volver a acudir a los tribunales.

Deuda de 20 millones con los bomberos

FSC-CCOO y CSIF instan a Pedro Justo a que lleve a cabo las medidas necesarias para "abonar las cuantías de las primeras sentencias ganadas en el año 2019 sobre el exceso de jornada, evitando así dejar una deuda que asumiría ineludiblemente la nueva corporación, como pésima herencia tras las elecciones de 2023".

Para los sindicatos, parece "una broma de mal gusto” que el consejero, a su vez consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, "utilice la prensa para dirigir o aconsejar a los bomberos en sus reclamaciones y acciones legales, cuando debe ser el Cabildo, y concretamente dicha consejería, la que debe abonar de manera inmediata los más de 20 millones que desde hace casi tres años tendrían que haber abonado, y no empeñarse en demorar un pago que genera intereses que acabarán pagando los contribuyentes".