Anfi del Mar S.L. (ahora grupo Lopesan y Santana Cazorla) y Gestiones y Explotaciones Narval S.L. (hijo de Santiago Santana Cazorla) compiten por gestionar los negocios de la playa del barranco de la Verga. Las dos empresas vuelven a enfrentarse por la concesión de los negocios de la playa artificial del barranco de La Verga, en Mogán, y que incluye, además del servicio de hamacas y sombrillas, el alquiler de motos de agua y patines, los negocios de restauración de la Isla Corazón, así como la marina con atraque para unas 90 embarcaciones, y otros locales de tiendas y restaurantes, que se han levantado junto al puerto donde además de talleres para reparar barcos se ha instalado una gasolinera.
La Dirección General de la Costa y del Mar ha tenido que poner el marcador en 2010 y volver a sacar a información pública los proyectos que Anfi y Narval presentaron hace doce años para hacerse con la concesión para explotar los 145.381 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo terrestre de este litoral de Mogán. A lo largo de este tiempo ambas empresas se han enzarzado en una pugna de recursos judiciales para hacerse con este negocio.
Ahora en el anuncio que publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 de diciembre de 2021 por el que somete a información pública hasta el 25 de enero de este año los proyectos presentados en competencia por las mercantiles Explotaciones Narval y Anfi del Mar señala que va a continuar con el procedimiento que se había archivado en septiembre de 2010 cuando el jefe de la Demarcación de Costas, que entonces era José Miguel Pintado, archivó la solicitud de Anfi para obtener la concesión. Una decisión que el 30 de diciembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias consideró que se había archivado indebidamente.
En todo este litigio existe otro fallo del Tribunal Supremo que en el 25 octubre 2019 se pronuncia en contra de Narval al rechazar la Sala de lo Contencioso Administrativo un recurso de casación interpuesto por esta empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estimaba parcialmente un recurso que presenta Anfi contra la orden de Costas de noviembre de 2011 por la que se otorgaba a Explotaciones Narval la concesión de los 145.381 metros cuadrados de bienes de dominio público marítimo terrestre para la creación, adecuación y mantenimiento de varias instalaciones en esta playa de Mogán.
La batalla por el suculento negocio que reporta cada año esta playa del barranco de la Verga arranca desde 2009. Anfi del Mar S.L., sociedad conformada por el empresario e industrial noruego Börjn Lyng y los hermanos Santana Cazorla que construyen esta cala con arena que traen del Caribe obtienen la primera concesión en 1989 pero se caducaba a los veinte años, en 2009. Es por eso que la sociedad que conforman ya en ese momento los herederos de Lyng y el grupo Santana Cazorla se dirige al Ministerio de Medio Ambiente para solicitar una nueva concesión por otros 20 años. Pero a la misma también aspira la empresa Bultidor S.L. que hoy día es Gestiones y Explotaciones Narval S.L que administra el hijo de Santiago Santana Cazorla, Alejandro Santana Trujillo. Además, en este tiempo se produce un cambio en el reparto del accionariado de Anfi al adquirir el grupo Lopesan la participación de los noruegos.
Ahora Narval que explota los negocios ahora mantiene la propuesta de invertir 5,2 millones de 2009, que incluía un club naútico y un spa, mientras que Anfi propo ne gastarse unos 3,7 millones.
El administrador de Explotaciones Narval, Alberto Santana, señala que Anfi se quedó fuera del concurso porque no cumplía con las condiciones que pedía el Ministerio de Medio Ambiente. Además, cuestiona que la Demarcación haya sacado a información pública los proyectos de Anfi y Narval porque en su opinión lo único que ha debido hacer Costas es abrir el proyecto de Anfi que en su día archivó. Sobre esto recalca que «no se trata de un concurso público» porque lo que se hace es tener en cuenta aquella oferta.
Además, Santana Trujillo advierte que en caso de que no le mantengan a Narval la concesión que le concedió el Ministerio en 2011 y de la que pide una prórroga en 2015, reclamará indemnizaciones por todo lo que ha invertido en estos años en este suelo de domino público marítimo terrestre.
Por su parte, fuentes del grupo Lopesan en Anfi del Mar explican que han aprovechado para presentar cambios en el proyecto inicial. Así apuntan que una de las propuestas que han hecho es sustituir el minigolf por un parque tropical. Además solicitan que se incluya la marina de 90 atraques en la concesión, y que se fije un canon por el uso de todo el embarcadero que ahora no se cobra. Pero queda pendiente que este puerto deportivo sea gestionado por el Gobierno canario ya que Costas no tiene competencias sobre estas instalaciones.
