Los pescadores del puerto de Arguineguín no pueden vivir, ni realizar celebraciones, ni cocinar, ni tener bombonas de gas, ni guardar gasoil en los cuartos de pertrechos que el Ayuntamiento de Mogán les tiene cedidos en estas instalaciones. Esas son las condiciones que establece el Ayuntamiento en los nuevos contratos de cesión que tiene que firmar  cada marinero para disponer de estos almacenes en los que solo pueden guardar sus enseres de pesca, y que fueron aprobadas ayer por la Junta de Gobierno Local.   

Unos 47 cuartos son los que tienen a su disposición de manera gratuita los propietarios de embarcaciones en este puerto mientras que los del puerto de Mogán son gestionados por el Gobierno canario. Se trata de unas dependencias que miden entre 20 y 30 metros cuadrados de las que han venido haciendo uso los pescadores toda la vida cuyo préstamo regulariza ahora el grupo de gobierno que lidera Onalia Bueno para que sean utilizados solo por quienes de verdad faenan en el mar

Explica el concejal de Pesca del Ayuntamiento de Mogán, Víctor Gutiérrez, que se ha actualizado el registro de los cuartos de pertrechos porque se había detectado que cuando un marinero vendía el barco en la misma operación se traspasaban estas dependencias municipales, con lo que algunos de estos cuartos habían pasado por dos o tres manos. Con la actualización de los acuerdos de cesión lo que se pretende, de un lado, es que estas instalaciones sean utilizadas por aquellos que disponen de un barco de pesca, y de otro, dejar bien claras las condiciones que deben cumplir para poder hacer uso de los mismos.

Por ello, entre las obligaciones a las que se compromete  el armador figura también la prohibición de subarrendar todo o en parte esos cuartos, ni tampoco cederlos o traspasarlos, y además tampoco  puedan utilizar estos cuartos para fines comerciales.

Póliza de seguro

Asimismo, Gutiérrez señala que los pescadores tienen que hacer frente de su bolsillo a las tareas de conservación de estos espacios, respondiendo de los daños que puedan producirse bien por el propio uso o por no llevar a cabo un adecuado mantenimiento, actuaciones para  las que necesitarán  disponer de la autorización previa del Ayuntamiento. También corren por cuenta de los marineros los costes por el suministro de electricidad, agua y teléfono así como lo que conlleve la limpieza. 

 De la misma forma, los armadores son responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en este espacio teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento, por lo que a estos están obligados también a suscribir un seguro de responsabilidad civil e incendio, con una suma asegurada por importe mínimo de 60.000 euros. Una vez suscrito el acuerdo disponen de mes de plazo para acreditar el pago de dicha póliza de seguro ante el Ayuntamiento. 

Estos acuerdos se mantienen en vigor, según destaca el edil de Pesca, mientras que el barco esté en activo, y desde el momento en que deje de estarlo, los pescadores deberán hacer entrega de las llaves en la Oficina de Atención a la Ciudadanía. No obstante, el Ayuntamiento puede rescindir este contrato en el caso de que se produzca el incumplimiento por parte de los marineros de algunas de las condiciones y también en el caso de que sea sancionado por incumplir los artículos 69, 70 y 71 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.