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San Bartolomé de Tirajana

Los vecinos de El Salobre impulsan la regularización de 300 viviendas

La plataforma de afectados de las casas fuera de planeamiento trabaja en los proyectos de los núcleos de Montaña Pajaritos, Lomo Pajaritos, Barranco del Negro, Salobre Bajo e Isla de Jamaica

Vista general de viviendas en Lomo Pajaritos.

Los vecinos de El Salobre, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, están impulsando a través de la Plataforma de Afectados de Salobre, Lomo Los Azules y zonas aledañas la legalización de sus viviendas, distribuidas hasta en siete núcleos residenciales distintos y que desde hace más de cuatro décadas se han construido sin la licencia necesaria pero con el beneplácito de la Administración pública con la certeza de que quedarían incorporadas al Plan General de Ordenación de 1996, algo que no ocurrió. Esta situación ha provocado que las casas lleven más de 25 años fuera de ordenación urbanística y que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, dependiente de la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, haya abierto expedientes sancionadores contra algunas personas que pueden acarrear responsabilidades penales.

Vista general de viviendas en Lomo Pajaritos. LP/DLP

En esta ocasión, los vecinos están trabajando en el desarrollo de los proyectos de hasta cinco asentamientos distintos ubicados entre los barrios de El Salobre y El Tablero. Se trata de los asentamientos de Lomo Pajaritos, Montaña Pajaritos y Barranco del Negro, donde prevén incorporar al planeamiento unas 180 viviendas, y por otro lado también están impulsando el desarrollo de los núcleos de Salobre Bajo y el asentamiento Isla de Jamaica, donde contabilizan otras 120 viviendas. En total, el objetivo es legalizar unas 300 viviendas, según explica Iván Artiles, secretario de la Plataforma de Afectados del Salobre, Lomo Los Azules y zonas aledañas. A estas 300 viviendas se suman otras 100 casas ubicadas en los barrios de Lomo Los Azules y Las Cuatro Matas, para las cuales el Ayuntamiento ha aprobado ya de forma inicial una modificación menor del Plan General de Ordenación, el primer paso para incorporar estos inmuebles al planeamiento municipal.

Los vecinos están invirtiendo una media de 30.000 euros por asentamiento

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Con el impulso de los proyectos para estos cinco núcleos, el objetivo es lograr una modificación menor del planeamiento urbanístico también para estos suelos al objeto de que los terrenos que hoy están considerados como suelo rústico pasen a la calificación de asentamiento rural. Esta nueva situación permitirá que el suelo quede desbloqueado y los vecinos de todos estos núcleos puedan empezar a legalizar sus viviendas. Con ello, el primer gran beneficio que obtendrán será que podrán inscribir sus bienes en el Registro de la Propiedad, pero también podrán desarrollar obras, pues hasta ahora solo tienen permitido labores de mantenimiento y podrán hipotecar sus casas. Además, posibilitará la generación de economía pues supondrá que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pueda tramitar licencias urbanísticas, con la recaudación que eso supone para las arcas municipales.

Desde la plataforma de afectados, su secretario explica que los vecinos se muestran «esperanzados» por que todos estos proyectos puedan salir adelante para legalizar sus viviendas. «Desde la aprobación de los dos primeros proyectos, los de Lomo Los Azules y Las Cuatro Matas, nos llevamos una grata sorpresa porque la votación en el Pleno fue unánime», explica Iván Artiles, «eso quiere decir que es un asunto de mucha sensibilidad que preocupa a todos los grupos políticos». Por este motivo, la plataforma confía en que los proyectos que ahora están en desarrollo vayan por el mismo camino.

La plataforma de afectados conoce medio centenar de expedientes sancionadores

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Para la plataforma, la situación actual es «inestable» y han mostrado su «máxima preocupación» porque al residir los vecinos en viviendas que se construyeron fuera de la legalidad pensando que se legalizarían en el posterior Plan General, algunas personas están recibiendo sanciones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. De hecho, la plataforma tiene conocimiento de la apertura de al menos medio centenar de expedientes sancionadores.

Para desarrollar estos proyectos, los vecinos están desembolsando una media de 30.000 euros por asentamiento, uno 1.000 euros por vivienda. «Nuestro único objetivo es regularizar todo lo que está construido actualmente», concluye Artiles.

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