La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre de la residencia de mayores La Milla, ubicada en Santa María de Guía, y ha comunicado a la empresa y a los familiares de los internos que busquen un alojamiento alternativo antes de 15 días.
La clausura del centro se produce tras numerosas denuncias por irregularidades en el edificio y por la falta de autorizaciones administrativas, a las que se suman nuevas revelaciones sobre el trato a los mayores y el presunto incumplimiento de las normativas laborales, según han revelado las distintas fuentes consultadas.
El expediente abierto por la Consejería de Derechos Sociales a raíz de las denuncias de familiares y vecinos ha concluido con la orden de cierre del inmueble antes de Semana Santa y el traslado de los mayores a otras residencias. En caso de que no se encuentren plazas en otros centros privados o los familiares no dispongan de medios económicos, los internos serán reubicados en instalaciones públicas del Cabildo de Gran Canaria.
En la residencia, situada en pleno casco histórico de Santa María de Guía, en una antigua casona alquilada por la empresa La Milla Atención Social S.L., permanecen una decena de usuarios, según las últimas informaciones, pues las administraciones desconocían lo que ocurría puertas adentro hasta que la oposición en el Ayuntamiento de Guía desveló en abril de 2021 que la residencia carecía de licencias de obras y de las autorizaciones para el cuidado de ancianos.
Estos hechos fueron denunciados a la Fiscalía por el grupo de CC en el Consistorio guiense y el alcalde, Pedro Rodríguez, emitió un decreto el 29 de abril en que exigió a la empresa propietaria la suspensión de las actividades.
Sin embargo, la residencia ha seguido funcionando hasta ahora, pese a las inspecciones del Ayuntamiento y de la Consejería de Derechos Sociales que confirmaron las irregularidades denunciadas por los vecinos. Ahora ha trascendido también que, antes de instalarse en Guía, la misma empresa tenía una residencia presuntamente ilegal en la localidad de Marzagán.
Desde hace justamente un año, pues los primeros residentes entraron en el mes de marzo de 2021, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y la Fiscalía se han pasado la papa caliente de tomar la decisión sobre el cierre, pese a que han constatado la ausencia de autorizaciones y las deficiencias del edificio.
Por ejemplo, la Consejería de Derechos Sociales comunicó en el mes de noviembre, al hacerse públicas las ilegalidades, que desde mayo había dado por precintada la residencia, pues el Ayuntamiento no concedió las licencias de obra ni de actividad.
La Fiscalía abrió diligencias preprocesales a finales de abril de 2021, pero las archivó dos meses después y quedó a la espera de las intervenciones del Gobierno autónomo y del Ayuntamiento, que en sendas inspecciones habían confirmado las irregularidades y habían constatado que seguían residiendo de 11 a 13 ancianos.
El pasado 26 de noviembre, el Ayuntamiento concedió una licencia urbanística a la empresa para ejecutar las obras necesarias , pero condicionada a que La Milla disponga también de la correspondiente licencia de actividad, que debe ser concedida por el Gobierno de Canarias.
Sin embargo, esas obras no se han realizado y los mayores han seguido en el edificio pese a carecer, por ejemplo, de un ascensor para subirlos a las habitaciones de segunda planta. En las últimas semanas se han comunicado a la Consejería otras graves deficiencias en el tratamiento a los internos y al personal laboral.
