La falta de interventores y secretarios en los ayuntamiento del Norte de Gran Canaria estrangula los pagos a las empresas proveedoras y de nóminas. Los alcaldes de la Mancomunidad plantean al Gobierno de Canarias una serie de medidas para intentar solucionar la escasez de funcionarios habilitados nacionales, uno de los problemas más graves que sufren las Administraciones locales, como poner en marcha en el Cabildo una oficina de asistencia para cubrir de forma puntual estas bajas, como ha hecho Tenerife. Además, la falta de una regulación específica regional ocasiona que los policías locales tengan ahora dificultades para prestar servicio en fiestas de otras localidades, como la del Pino, al exigirles la Tesorería de la Seguridad Social que se den de alta y baja en cada municipio donde reciben una contraprestación económica.
La ley se aprobó para imponer un control en los ayuntamientos y evitar los desmanes económicos y la corrupción. Sin embargo, la norma ha traído consigo un cuello de botella. Entre otras razones, porque el número de estos funcionarios que han aprobado estas oposiciones son limitados en Canarias, porque muchos se quedan en la Península, y los que existen se los rifan. Y claro, solo los grandes ayuntamientos, los cabildos y otras Administraciones pueden tentar con sueldos superiores a estos trabajadores. El resultado es un parálisis en el funcionamiento de muchos municipios, sobre todo los más pequeños, cuyas consecuencias pagan las empresas y particulares que les prestan servicios, y que deben esperar más tiempo de lo deseable para cobrar. Incluso, hay alcaldes que tienen dificultades para hacer efectivo el pago de los sueldos de sus plantilla municipales.
El consejero de Administraciones del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se reunió las semana pasada con los alcaldes de la comarca para buscar una solución a «uno de los grandes problema dentro de los ayuntamientos», según admiten.
Una oficina de asistencia a los municipios
Los ayuntamientos han plantado algunas propuestas para tratar de sortear esta situación, después de que la normativa vigente haya acotado la posibilidad de que los interventores y secretarios puedan prestar sus servicios en distintos municipios al mismo tiempo. Entre las propuestas se expuso la puesta en marcha por parte del Cabildo de Gran Canaria de una oficina de asistencia a los municipios para atender situaciones excepcionales. Esta medida ya se ha puesto en marcha en Tenerife.
También han planteado que los ayuntamientos puedan recurrir a la plantilla de la Mancomunidad, que también dispone de tres funcionarios habilitados nacionales.
Sueldos menos atractivos
Los alcaldes de los pueblos reconocen que tampoco pueden tentar a estos funcionarios con sueldos más atractivos, ya que cuando lo han intentado se han encontrado con la oposición de la Delegación del Gobierno.
La comarca ha pedido al Gobierno regional que ponga sobre la mesa al Gobierno Central la excepcionalidad de Canarias, ya que muchos habilitados nacionales también prefieren quedarse en la Península. En ese sentido, se ha señalado que en la Isla adolece de preparadores para los opositores a estos puestos, por lo que el número de candidatos es más escaso respecto a otras autonomías. De ahí que hayan solicitado en una acción más a largo plazo implicar a las universidades para formar a futuros funcionarios con estas cualificaciones formativas específicas.
Función Pública establece que solo «en casos excepcionales» estos puestos de secretarios e interventores puedan ser ocupado por un licenciado, hasta que la plaza pueda ocuparla un funcionario con habilitación nacional (que cuenta con formación y ha superado la oposición). Sin embargo, en municipios como en Guía llevan cuatro años con un secretario accidental que es un auxiliar administrativo, pese a que podría recurrir a otras personas y a pesar de que Función Pública le ha llamado la atención en varias ocasiones por esta irregularidad.
El problema es extensible a casi todas las localidades. Es el caso de Agaete, cuyo interventor también se marchó a otro municipio a los meses de ganar la plaza. En Gáldar, están ocupadas por cargos accidentales, pero llevan muchos años ocupando las plazas, por lo que se le ha aceptado la singularidad. Y otros como Firgas, Tejeda y Artenara también tienen problemas. De ahí que gran parte de estos puestos estén ocupados de forma provisional, y sin los funcionarios habilitados que exige la legislación.
Fiestas del Pino
Los alcaldes del Norte también pusieron sobre la mesa al consejero los inconvenientes que tienen para ceder policías locales a otros ayuntamientos. La razón es que la Seguridad Social está exigiendo que las retribuciones sean declaradas como nuevas altas y bajas, que emborrona los traslados para eventos, como las fiestas del Pino.
Este problema se resolvió en otras comunidades autónomas con una normativa amplia de colaboración intermunicipal, pero en el Archipiélago no se han desarrollado estos convenios.
Los ayuntamientos deben dar de alta a policías que llamen de apoyo para cubrir fiestas, como el Pino
A esto se suma la carencia de policías, ya que el proceso para contar con nuevos agentes se puede alargar cerca de dos años desde que se inicia el procedimiento hasta que se consolida su nombramiento.
Los alcaldes expusieron también su preocupación por la reposición de los puestos vacantes de las plantillas municipales.
El Ejecutivo regional trata de coordinar los procesos para dar estabilidad al personal laboral
El consejero expuso que «en estos momentos se está creando un convenio de colaboración que regule la donación de agentes». A su vez, les animó a solicitar agentes de la Policía Canaria.
Durante la reunión, Julio Pérez planteó también la necesidad de coordinar los procesos de reducción de la temporalidad y la estabilización de interinos y temporales, así como la regulación legal de las mancomunidades.
