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San Bartolomé de Tirajana

Una vecina de San Bartolomé de Tirajana, obligada a esperar veinte días para enterrar a su madre

María Imelda Pérez ha esperado más de dos semanas para que el Ayuntamiento dé sepultura a su progenitora al no disponer de recursos económicos para hacerlo

Imagen de archivo de una mujer visitando la tumba de sus familiares en el cementerio de Tunte.

Ha tenido que esperar 20 días para poder enterrar a su madre. María Imelda Pérez, vecina de San Bartolomé de Tirajana, denuncia que ha tenido que soportar más de dos semanas de espera para que el Consistorio proceda al enterramiento de su madre, al no disponer ella ni su familia de recursos económicos para afrontar los gastos derivados de la inhumación. Y no sabe por qué se ha dado esta situación, después de que el juzgado trasladase al Ayuntamiento una solicitud de enterramiento por beneficencia, pero sí sabe que le ha afectado a su salud. «Después del golpe de perder a un familiar con quien viví durante 55 años, me he llevado el palo de una Administración que me ha mentido», relata, «llevo 20 días casi sin comer, estoy débil y mal del estómago; psicológicamente esta situación me ha hecho un daño irreparable».

La afectada anuncia que denunciará al Ayuntamiento por haber «mentido» en un informe de Servicios Sociales. Por su parte, este departamento alega que trasladó el informe al área de Cementerios, que firmó la autorización al quinto día. Pero aún así no se procedió al enterramiento de la persona fallecida porque, sostiene el Consistorio, la empresa concesionaria «detectó un posible fraude» al sí disponer esta familia de medios económicos.

Imagen de archivo del cementerio de Tunte. Juan Castro

La madre de María Imelda falleció el 17 de marzo a los 82 años por muerte natural. «Ni mi hermano ni yo, desgraciadamente, disponemos de medios para poder enterrarla, así que acudimos a los servicios sociales; nos dijeron que sí, que se enterraba esa semana, pero pasó a la siguiente y tampoco, hasta hoy, cuando el responsable de cementerios me ha comunicado que la van a inhumar».

Pérez denuncia que el Ayuntamiento elaboró un informe con datos inexactos. «Me han llamado y me han dicho que Servicios Sociales emitió un informe donde dice que mi madre no tenía familiares cercanos y donde hasta la dirección de mi casa era errónea; ha habido mentiras en ese documento». La afectada critica también que el día en que fue a declarar al juzgado «se presentó allí un señor de una funeraria, que no sé quién es, y como vio que mi hermano llegó de Barcelona y es guardia civil dijo que esto era una estafa, que nosotros sí teníamos dinero para enterrarla; a ese señor también lo denunciaré». Pérez señala que «hay datos falsos en un documento público y eso es gravísimo, lo voy a denunciar, esto no se va a quedar así». La afectada argumenta además sentirse «engañada» porque Servicios Sociales le comunicó que trasladó el informe al área de Cementerios «pero ellos dicen que nadie le ha llamado y que se enteraron este fin de semana cuando escucharon la denuncia pública en una radio». Pérez solicitó este lunes ese informe alConsistorio pero, según ella, le fue denegado.

La mujer afectada denunciará al Ayuntamiento por «mentir» en un informe público

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Desde Servicios Sociales, la concejala Mercedes Díaz ha lamentado el «dolor» de la mujer afectada y ha explicado que su área recibió la solicitud del juzgado al cuarto día, redactó el informe y lo envió a la concejalía de Cementerios, que dirige Bartolomé Acosta. «Nosotros acatamos la orden del juzgado; de hecho, el trabajador de Cementerios llamó a la trabajadora de Servicios Sociales para informar que ya se había firmado la orden de enterramiento, así que al escuchar tantos días después el caso de esta señora en la radio no me lo podía creer», señaló Díaz.

Sospecha de fraude

Por su parte, consultado por este caso, el edil de Cementerios, Bartolomé Acosta, explicó este lunes que el documento le llegó hacía ocho días laborables, es decir, cinco días después del fallecimiento de la madre de María Imelda Pérez. «Al principio no se firmó porque cuando falleció su madre ella contrató a una funeraria, pero luego viene su hermano de Barcelona, que es guardia civil y de repente dicen que no lo pueden pagar y que lo hagamos nosotros a través de Servicios Sociales; es ahí cuando se detecta un posible fraude, por eso han ido pasando los días».

La adjudicataria de los cementerios ha detectado «un posible fraude» en la familia de la fallecida

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Acosta señala que, como edil responsable de los cementerios, él firmó la solicitud cuando se la trasladó Servicios Sociales, «pero el responsable de la empresa concesionaria de los cementerios detectó que la familia se puso en contacto con una funeraria, pero tras llegar el familiar de la Península, ¿si lo podemos hacer gratis, por qué no?». No obstante, Acosta ha trasladado a la adjudicataria que esta situación no puede volver a repetirse. «Si vuelve a llegar el caso de una persona que solicita un enterramiento por beneficencia, primero se le entierra y luego se analiza si fue o no un fraude», alega el concejal.

María Imelda Pérez niega con rotundidad haber contratado a una funeraria puesto que ella no conocía a la persona que acudió al juzgado para acusarla a ella y a su hermano de «estafadores», en sus propias palabras, cuando ella se acercó a declarar.

Por su parte, la empresa concesionaria de los cementerios ha eludido hacer declaraciones. María Imelda Pérez enterrará a su madre en los próximos días, cuando su hermano vuelva de Barcelona. Utilizará «todo los recursos de la Justicia» para denunciar este caso «y ver quién miente».

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