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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Registros en el Cabildo de Gran Canaria

Una trama de contratos ilegales es la causa de la detención del interventor del Cabildo de Gran Canaria

La Policía Nacional arresta a José Juan Sánchez Arencibia, a su esposa Ángeles Horna, a los periodistas Míchel Jorge Millares y Mónica Torres, y al funcionario de planeamiento Víctor Quevedo - La operación continúa este viernes con nuevos registros en el área de Política Territorial

Dos de los agentes que acudieron este miércoles a efectuar registros en las oficinas de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria. José Carlos Guerra

Juan José Sánchez Arencibia, interventor general del Cabildo de Gran Canaria, fue detenido este miércoles en una operación de la Policía Nacional en el marco de una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida. 

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional irrumpieron a primera hora de la mañana en varios edificios del Cabildo y arrestaron también a la esposa del interventor, Ángeles Horna, propietaria de la empresa de comunicación Imaco 89 y vicepresidenta del Cluster Audiovisual; Míchel Jorge Millares, administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones y actual responsable de prensa del gobierno insular; Mónica Torres, exasesora de comunicación del Cabildo y directora de la sociedad mercantil Yedra; y Víctor Quevedo, jefe del área de Planeamiento del Cabildo. 

Fuentes judiciales informaron que las detenciones de esos cinco investigados tuvieron como finalidad evitar que ocultaran información o interfirieran de algún modo en los registros. El interventor fue el único que permaneció arrestado en dependencias policiales, pues por cuestiones técnicas no se pudo practicar uno de los registros que le afectaban a él. Esa inspección se realizará este jueves y después quedará en libertad, según el mismo portavoz. Los otros cuatro detenidos fueron liberados al acabar los registros y se les citará para declarar ante la autoridad judicial en otro momento.

Las detenciones se realizaron durante seis registros, tres en dependencias del Cabildo y otras tres en despachos de las empresas privadas, en busca de documentación y facturas de esas cuatro ediciones de las Jornadas sobre Paisaje, un encuentro organizado por la Consejería de Política Territorial del Cabildo. 

La responsable de ese departamento, Inés Miranda, y el exdirector general de Política Territorial, Rafael Pedrero, también figuran como intervinientes en las diligencias previas abiertas el 21 de julio de 2020 por el magistrado Alberto Puebla Contreras, titular de ese Juzgado de Instrucción. 

En la denuncia, presentada en el mes de febrero de ese año por Rafael Ramírez Hernández, funcionario del Cabildo y actual jefe de Servicio de la Consejería de Política Social, también se cita como responsables de esos presuntos delitos a Silvia Sánchez Horna, hija del interventor, y a varios representantes de empresas que participaron en la organización de las Jornadas sobre el Paisaje. 

Aunque el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, ha defendido desde el principio a los funcionarios y a los altos cargos investigados, la propia Asesoría Jurídica del Cabildo observó indicios penales por un posible fraccionamiento de contratos en las Jornadas sobre el Paisaje y numerosas «irregularidades» en los cuatro años que se celebraron. 

Asesoría jurídica

En un informe de 85 páginas remitido al Juzgado por la entonces jefa de la Asesoría Jurídica de la corporación insular, Isabel Julios, también se concluía que existen posibles implicaciones del interventor general por la vinculación de la empresa de comunicación su esposa, Imaco 89, en los presuntos contratos ilegales. 

La operación policial, que continuará este jueves con más registros, es un nuevo paso en la investigación que realizan desde hace 20 meses el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción. En dos ocasiones se amplió el plazo para las diligencias y se ha declarado el secreto de sumario. 

En el auto judicial de la apertura de diligencias figuraba como investigado el Cabildo y como intervinientes en los hechos denunciados la consejera Inés Miranda, el exdirector general Rafael Pedrero, ambos de Nueva Canarias (NC), y la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L., en la que aparece Míchel Jorge Millares como representante. 

En la resolución del 21 de julio de 2020, el Juzgado sostiene que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida». Al respecto, añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar las correspondientes Diligencias Previas y practicar aquellas necesarias para determinar y concretar tales datos y, en su caso, el procedimiento aplicable».

Desde entonces, agentes de la UDEF han recabado documentos relacionados con la organización de las Jornadas sobre el Paisaje y han tomado declaración a varias personas, aunque todas esas indagaciones permanecen bajo secreto de sumario. 

En la denuncia al Juzgado, Rafael Ramírez sostiene que los máximos responsables de la Consejería de Política Territorial y los funcionarios involucrados en la supuesta trama han conculcado innumerables preceptos de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; de la Ley 3/1997 de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias; de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares; de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local; del Real Decreto 1174/1987 por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional; de las distintas leyes de Contratos del Sector Público; del Estatuto Básico del Empleado Público; de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; y de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

De 18.425 euros a 60.000 en cuatro años

El funcionario denunciante relató al Juzgado que Inés Miranda y Rafael Pedrero organizaron una actividad denominada Jornadas sobre el Paisaje, que se celebró el 30 de noviembre de 2016. La consejera adjudicó, de forma directa, el contrato menor de servicios para ejecutar tal evento, a propuesta de Pedrero, por un montante de 18.425 euros, a la mercantil Instituto Canario de Telecomunicaciones, S.L., domiciliada desde el 22 de enero de 2016 en la calle Senador Castillo-Olivares de la capital, cuyo socio único y administrador era Míchel Jorge Millares. En esa dirección está domiciliada también la empresa Imaco 89.

Según el denunciante, en esa primera edición de las Jornadas sobre el Paisaje no consta en el expediente ni invitaciones a distintas empresas del sector para presentar ofertas ni presupuestos de clase alguna. Tan solo una previsión de conceptos y gastos confeccionada por el propio Pedrero sin base ni fundamentación alguna.

Esa dinámica continuó en las dos siguientes ediciones. En la del año 2017 se adjudicaron 19.260 euros a la empresa de Jorge Millares. Al año siguiente el montante del contrato ascendió a 29.532 euros, siempre con el informe favorable de Víctor Quevedo. 

En la cuarta edición, la de 2019, el denunciante resaltó que la aplicación presupuestaria aprobada por el Pleno, a propuesta del consejo de gobierno del Cabildo, se elevó a 60.000 euros, el doble que el año anterior, y a la prohibición de división del objeto contractual establecida por la Ley de Contratos del Sector Público «se le da una definitiva y contundente patada con el ánimo de repartir el pastel entre todas las empresas amigas, siempre con el visto bueno de la Intervención General».

«Por supuesto», continúa la denuncia al Juzgado, «tampoco faltan los extraños patrocinios de años anteriores pagaderos directamente a la adjudicataria principal, y el recurso a créditos de otras aplicaciones presupuestarias; sin embargo, por algún extraño motivo el testaferro utilizado este año para cubrir a la verdadera empresa protagonista de la organización, Imaco 89 S.L., fue la periodista Mónica Torres».

Una investigación de 20 meses

Las diligencias que han llevado a la detención del interventor y de otras cuatro personas se iniciaron en 2020. Este periódico adelantó durante los meses de julio y agosto de 2021 los detalles de la denuncia, la respuesta de los implicados y las actuaciones judiciales.

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