La empresa Jusan Canarias reclama al Ayuntamiento de Agaete 409.697,40 euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico que le permitía la construcción de chalés en la zona del molino, en Las Nieves, firmado hace seis años y que nunca se ha podido desarrollar por no tramitarse la revisión del Plan General de Ordenación, como contemplaba el acuerdo entre ambas partes. El último pleno aprobó en una sesión extraordinario, con la abstención del PSOE que firmó durante su mandato el documento, llevar ahora el expediente al Consejo Consultivo de Canarias, ya que el grupo de gobierno entiende que es «lesivo» para los intereses del municipio, además de asegurar que no aparece la documentación en las oficinas municipales, y que el expediente carecía de los informes previos obligatorio de los técnicos municipales.
El acuerdo adoptado el jueves consiste en «revocar el expediente de oficio para declarar nulo el acuerdo aprobado en el pleno de 19 de julio de 2016, relativo al convenio urbanístico suscrito el 25 de julio de ese mismo año entre el Ayuntamiento de Agaete y la empresa Jusan Canarias Desarrollos Urbanísticos SL».
El proyecto urbanístico estaba previsto en la zona del molino, en Las Nieves. Y, según el cartel que colocó en su momento la empresa, estaba prevista la construcción de chalés, si bien no estaba todavía recogido en el planeamiento municipal. La unidad de actuación contemplaba unos 9.000 metros de superficie, si bien solo unos 4.000 metros correspondían a Jusan, ya que el resto era de otros propietarios.
¿Dónde está la carpeta?
Ocho años después de la firma, el Ayuntamiento se ha encontrado con la reclamación económica de la empresa, ante la imposibilidad de llevar a cabo la construcción. Y el grupo de gobierno trata ahora de anular ese convenio, por entender que es «lesivo» para los intereses de Agaete, según los informes municipales, y evitar también así la indemnización. Y el paso previo es recurrir al Consejo Consultivo para ver si es posible.
El concejal de Urbanismo, Alberto Cruz, defendió en el pleno que el acuerdo firmado en su momento perjudica a los intereses municipales. Y lo argumentó apuntando que carecía de informes de Intervención, Secretaría, económicos, técnicos, y tampoco aparece publicado en el Boletín Oficial, además de que, desde el punto de vista urbanístico, entienden que puede haber una pérdida patrimonial para el pueblo.
La alcaldesa culpa al exregidor Juan Ramón Martín del incumplimiento del contrato que él firmó
La alcaldesa, María del Carmen Rosario, responsabilizó al exalcalde y actual portavoz de la oposición por el PSOE, Juan Ramón Martín, que «debió cambiar el planeamiento como se había comprometido con su firma en menos de dos años. Pero no se hicieron esas modificaciones recogidas en el convenio». De ahí que la promotora haya presentado ahora una denuncia pidiendo 409.697,40 euros de compensación por incumplimiento.
Rosario expuso que el convenio se ha esfumado, ya que han buscado sin éxito en las oficinas municipales, después de que se los haya requerido el juzgado. Incluso señaló que había recurrido al antiguo secretario y que hicieron una auditoría en la plataforma pública Gestiona, pero tampoco dieron con la carpeta.
María del Carmen Rosario asegura que el documento se ha ‘esfumado’, es lesivo y no tenía informes
Los informes municipales tratan ahora de conseguir la nulidad, porque se omitió el periodo de exposición pública en el boletín oficial de la provincia, aspectos urbanísticos, además de los obligatorios informes.
«Intentamos que sea nulo y pedimos al Consultivo que se anule. Defendemos las arcas municipales y hemos visto que la pérdida patrimonial es importantísimo, según nuestros asesores», añadió Rosario.
Martín delega la culpa en su entonces teniente alcalde, Carlos Álamo
Juan Ramón Martín defendió en el pleno que este asunto estuvo tutelado por un juez, y delegó la responsabilidad en su entonces primer teniente alcalde, Carlos Álamo (cabeza de lista de Nueva Canarias, que durante el mandado fue expulsado del partido y terminó en la oposición).
«Nosotros respetados los que se acordó por un Juzgado de lo Mercantil, y si se han omitido los procedimientos de informes de Secretaría, imagino que sería respetar lo que se determinaba en el juzgado y que habrá un acuerdo judicial y extrajudicial», señaló, si bien la alcaldesa ha manifestado que desconoce a qué se refiere con esta afirmación.
La alcaldesa insistió en que en el documento «aparece su firma, como alcalde, porque no lo firmó ni el teniente alcalde, ni los técnicos, sino usted», le espetó en el pleno del jueves. E insistió en que tuvo dos años para cumplir y tramitar el cambio en el planeamiento urbanístico, para evitar la actual situación.
Martín alegó que ella también votó a favor del convenio con Jusan en el pleno de 2016. Y María del Carmen Rosario le respondió que él se comprometió a cambiar el plan, y que con su voto se limitó a respaldar el convenio.
La alcaldesa señala que, además del coste económico, existe una pérdida de patrimonio. Si bien no llegó a evaluar a este periódico cuánto podría suponer.
