El Cabildo de Gran Canaria se ha visto obligado a modificar su calendario de Plenos por las citaciones judiciales al presidente Antonio Morales, como demandado, y a los consejeros Miguel Ángel Pérez del Pino y Guacimara Medina, como testigos, en el procedimiento que se sigue en un Juzgado de lo Social por la demanda laboral por despido improcedente interpuesta por el exgerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), Christian Roig.
La sesión plenaria de este mes se traslada al jueves día 30, pues los tres miembros de la corporación insular deben comparecer en la vista oral fijada para el 1 de julio, que era el día que se había previsto inicialmente para celebrar el Pleno Ordinario de junio, según informó el propio Morales este pasado viernes en la dación de cuentas de la Presidencia, en la que también informó sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que confirma la desestimación de la demanda por acoso laboral interpuesta por Isabel Turienzo, exdirectora de producción de la OFGC, contra el director de la orquesta, Karel Mark Chichon.
Morales comentó que en la Junta de Portavoces se había previsto la fecha del 1 de julio para celebrar el Pleno, pero que posteriormente conoció las citaciones del Juzgado para declarar en ese juicio, al igual que Pérez del Pino, vicepresidente insular y consejero de Obras Públicas, y Medina, titular de Cultura.
El juicio por la demanda a laboral de Christian Roig se ha retrasado en varias ocasiones, entre otros motivos, precisamente, para evitar que coincidiera con el Pleno del Cabildo, según explicaron fuentes de la parte denunciante. En el mes de octubre de 2021 se fijó la vista por primera vez, pero se tuvo que suspender por un exceso de aforo que hubiese vulnerado las restricciones de la pandemia.
Aplazamientos
Luego se pusieron fechas en los meses de marzo y mayo, pero se retrasaron a petición del Cabildo. La última se fijó para este viernes 3 de junio, pero también se aplazó al coincidir con la inauguración, por parte de Morales, de la Feria del Sureste.
El juicio por el despido de Roig es consecuencia de la crisis que sufrió la OFGC en los años 2020 y 2021 por las denuncias por presunto acoso laboral que interpusieron los entonces gerente y jefa de producción contra el director Chichon. Hasta ahora se han juzgado las demandas de Isabel Turienzo, desestimadas en primera y segunda instancia. Los jueces estimaron que en el caso de Turienzo no hubo acoso, sino «simplemente discrepancias» entre ella y el director artístico de la OFGC. Este mes de junio también está previsto el juicio por el despido de la jefa de producción en otro Juzgado de lo Social.
Al contrario que con Turienzo, precisaron las fuentes consultadas, en el caso de Christian Roig se juzgará primero la demanda por despido improcedente y después la denuncia por acoso laboral.
La citación judicial del 1 de julio también genera una situación incómoda en el pacto de gobierno, pues Morales, de Nueva Canarias (NC), acudirá como demandado, mientras que Pérez del Pino y Medina, ambos del PSOE, lo harán como testigos.
Estos dos últimos renunciaron a sus cargos en la Fundación OFGC para, presuntamente, no ejecutar el despido que les había solicitado el presidente del Cabildo. Así se recoge en el texto de la demanda y las respuestas de los tres miembros del gobierno tripartito han despertado interés entre los afectados y los grupos de la oposición.
Roig fue despedido el 30 de marzo de 2021 por Morales, que había asumido la presidencia de la Fundación OFGC tras el cese de los dos consejeros socialistas. La destitución del gerente se produjo casi un mes después de que superase su período de prueba de seis meses. Durante ese lapso de tiempo, Roig había denunciado por acoso laboral a Karel Mark Chichon y a la propia Fundación. Después amplió la demanda para incluir a Morales.
Roig, que es violinista, había asumido la gerencia de la OFGC en septiembre de 2020, tras ser elegido entre otros siete candidatos en un concurso público convocado por la Fundación. El contrato se firmó por cuatro años, con posibilidad de prórroga. En la demanda judicial pide que el despido sea declarado nulo y se le devuelva su puesto de trabajo, así como una indemnización.
