La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas vuelve a avisar al Gobierno de Canarias: la prórroga de la concesión del puerto de Santa Águeda a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) para continuar con la actividad industrial y que el muelle no pase al uso deportivo en la futura expansión turística, como así contempla el planemiento urbanístico, sería ilegal. En una carta dirigida al consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, la patronal turística ha manifestado que «una resolución en este sentido sería arbitraria, contraria a la razón, la justicia y las leyes, desviándose de la praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente». Y también advierte: si en «abierta y palmaria contradicción con la legalidad vigente» el Gobierno cede a prorrogar el permiso durante otros 25 años como solicita la cementera, la patronal irá a los tribunales para defender sus intereses.
En una carta fechada el 26 de abril que ha trascendido públicamente este miércoles, la patronal recrimina al consejero, que además preside la comisión interdepartamental para estudiar la situación de la cementera, que no haya respondido a un escrito presentado el 8 de marzo en el cual le volvía a informar de que a su juicio la concesión del puerto a la fábrica venció el 9 de marzo de 2020, tras refundirse varios títulos concesionales en un único permiso por 30 años otorgado en 1990, y no el 28 de octubre de 2022 como recoge el Portal de Transparencia de Puertos Canarios. Y lo argumenta en que los propios títulos concesionales, como la modificación del 22 de noviembre de 1985, señala que la autorización de 1972 «queda anulada y refundida en la presente» y amparadas por una autorización única. Y así ocurrió tras la última modificación en 1990, caducada a su parecer en 2020 «de modo que el título concesional ha de entenderse a día de hoy extinguido y desaparecido del mundo jurídico, sin posibilidad de prórroga».
Y le recuerda además que el planeamiento territorial es de obligado cumplimiento por parte de la Administración autonómica. El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre el futuro de la infraestructura portuaria.
En el documento, la FETH rechaza también la respuesta que el Gobierno dio al PP en la cual, tras explicar las distintas ampliaciones del puerto y los distintos títulos concesionales, informa que Ceisa solicitó una prórroga de la concesión del puerto hasta 2046 por su vinculación a la cantera de San José otorgada en 28 de agosto de 1978 y prorrogada el 25 de junio de 2016 por el Ejecutivo canario por 30 años, hasta 2046. La patronal rechaza que por ello la concesión al puerto no puede quedar tácitamente prorrogada por accesoriedad. En este caso, señala la FETH, tampoco cabe una concesión por accesoriedad porque ello «vulneraría abiertamente los principios de publicidad y concurrencia competitiva que necesariamente han de respetarse en el otorgamiento de toda concesión demanial», mismo argumento que invoca en el caso de una posible concesión directa sobre el puerto.
Por todo ello, la patronal exige al Gobierno que no otorgue la prórroga de la concesión a Ceisa, que reconozca expresamente que mantener el uso industrial es incompatible con el planeamiento territorial vigente y que actúe desalojando a la empresa de las instalaciones portuarias para promover luego la ordenación detallada de esta pieza territorial destinada al desarrollo turístico.
