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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El retorcido tobogán administrativo y judicial del Siam Park

El proyecto depende de una sentencia del Tribunal Supremo sobre el PMM de El Veril y la pretensión de Hacienda de cobrar aprovechamientos urbanísticos

Infraestructuras para la canalización del cauce del barranco de ElVeril, en San Bartolomé de Tirajana. Santi Blanco

Los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunieron el pasado martes, 7 de junio, para resolver los recursos de casación contra la sentencia que anuló en el Plan de Modernización y Mejora de El Veril (PMM), el instrumento urbanístico que aprobó el Gobierno de Canarias en el año 2015 para permitir la construcción de un Siam Park en el sur de Gran Canaria, similar al que ya existe en Tenerife desde 2008. 

Aunque el foco está ahora en las alegaciones del Ministerio de Hacienda y de otras cinco entidades al proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el futuro inmediato del Siam Park va a depender de la sentencia que emitan en breve esos tres jueces del Supremo, pues en caso de que confirmen la anulación del PMM de El Veril obligarían a comenzar los trámites casi desde cero. Y eso sería introducirse en un tobogán más largo que los proyectados en el futuro parque acuático. 

Un reflejo de la maraña administrativa en torno al Siam Park son los 2.949 folios acumulados en el expediente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desde el 27 de octubre de 2017, fecha en que entra por el registro la propuesta de Jaime Rodríguez Cíe en representación de Loro Parque, y el 10 de enero de 2022, día en que la geógrafa municipal María Maravillas Morales informa favorablemente esa iniciativa. 

Ese expediente administrativo ha seguido engordando desde entonces. El 31 de marzo aumentó con los documentos de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa Conchi Narváez, del acuerdo para que la empresa del Grupo Kiessling construya el parque acuático, un hotel y un centro comercial. Y desde el pasado 2 de mayo ha seguido creciendo con las alegaciones a ese proyecto. 

A esos miles de folios recopilados en cinco años en el expediente de San Bartolomé de Tirajana hay que sumar otros tantos en el resto de las administraciones y en los tribunales, pues la idea de crear otro Siam Park en la zona turística de Gran Canaria se remonta a hace más de una década, cuando el empresario de origen alemán Wolfgang Kiessling inició en febrero de 2012 la búsqueda de terrenos apropiados para construir el parque temático. 

La primera opción fue El Veril, pero en esas fechas ya se advirtió por parte del entonces presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, que iba a ser una operación «compleja». Por dos razones. La primera es que ya existían viejos litigios entre la familia Del Castillo por la titularidad de los terrenos. Y la segunda que el cauce del barranco era público, por lo que se necesitaba una concesión del Consejo Insular de Aguas. 

El alcalde, que en aquellas fechas era Marco Aurelio Pérez, propuso dos alternativas, en Meloneras y en El Palmeral. No hizo falta, pues tras casi dos años de negociaciones entre Kiessling y los herederos de la familia Del Castillo se llegó a un acuerdo de compraventa por seis millones de euros. 

Dificultades

Loro Parque presentó en septiembre de 2014 el primer proyecto y solicitó la licencia, aduciendo que ya era propietario de la totalidad del solar sobre el que se iba a levantar el parque acuático, pero fue también el inicio de ese largo tobogán lleno de dificultades y pleitos, de los que algunos llegan hasta hoy mismo. 

Cuando el proyecto se sometió a información pública en el Consejo Insular de Aguas aparecieron otros presuntos propietarios de esos terrenos, entre ellos el Grupo Santana Cazorla. Tres empresas alegaron que habían solicitado antes que Loro Parque esa concesión administrativa. Y también se encontraron restos aborígenes que obligaron al Cabildo a paralizar los trámites mientras durara la investigación sobre la importancia del hallazgo arqueológico. Finalmente se decidió integrar el yacimiento en el futuro parque temático. 

Desde 2014 el proyecto ha ido avanzando a trompicones, tanto administrativos como judiciales, pero lo que sigue en el aire es la pretensión del Estado de cobrar los aprovechamientos urbanísticos por los terrenos de propiedad pública, un 62,30% del total de El Veril, y la negativa de Loro Parque a pagar los casi 12 millones de euros en que se calculan esos aprovechamientos. 

No sin discrepancias, que provocaron duros enfrentamientos públicos entre el promotor y el Ayuntamiento a lo largo de 2018, Loro Parque accedió a pagar al Consistorio tirajanero los 2,8 millones por sus aprovechamientos urbanísticos, fijados por ley en el 10% del suelo. 

El actual gobierno municipal de Conchi Narváez, frente al criterio de su antecesor Marco Aurelio Pérez, entiende que el Estado no tiene derecho a reclamar aprovechamientos urbanísticos en El Veril porque el promotor ya paga un canon por la concesión del cauce del barranco. De hecho, el Ayuntamiento ya desestimó el pasado 21 de diciembre de 2021 una solicitud del Ministerio de Hacienda advirtiéndole de que debe participar en la equidistribución al ser titular del 62,30% del suelo.  

Hacienda ha vuelto a la carga en el periodo de información pública del proyecto de urbanización y sostiene que el Ayuntamiento «incurre en causa de nulidad absoluta» al no tener en cuenta al Estado. Ese es también uno de los argumentos de los tres grupos ecologistas que han presentado alegaciones, que además ven un baile de cifras en la medición de las parcelas según ha ido avanzando el procedimiento.  

Con todo, la pretensión de Hacienda no pone en peligro el Siam Park, pues siempre se podrá alcanzar un acuerdo sobre los aprovechamientos urbanísticos sin llegar al Juzgado. Más determinante será la sentencia de los tres magistrados del Supremo sobre la validez o nulidad del PMM de El Veril.

Facilidades y recelos

Tiene difícil explicación que un proyecto que tiene el apoyo de todas las administraciones acumule ocho años de trámites y aún se encuentre en riesgo de volver al punto de partida. Precisamente, ese respaldo a Loro Parque del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del Ayuntamiento levanta recelos entre las demás empresas del sector de los parques acuáticos y de la industria turística en general, que sostienen que a ellos no se le dan las mismas oportunidades para invertir. El Ejecutivo regional aprobó un plan urbanístico exclusivo para El Veril y recalificó terrenos de rústicos a urbanizables. El Cabildo cedió el cauce del barranco y cambió proyectos del tren ya terminados que habían costado varios millones. A nadie se le esconde que esas facilidades están detrás de alguno de los pleitos contra el Siam Park.

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