La Justicia vuelve a precintar los chiringuitos anexos al Carnaval de Maspalomas a las puertas del fin de semana grande de estas fiestas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la empresa Poppy Garden Terraza S.L., una de las empresas que ha instalado chiringos en dos párquines en las afueras del Centro Comercial Yumbo, contra el precinto que decretó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el pasado jueves 9 de junio al no contar estos locales con la necesaria autorización del departamento de Fomento para la venta de bebidas. Es decir, los chiringuitos no podrán volver a abrir durante el carnaval. La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana procederá a precintar nuevamente estas instalaciones en las próximas horas, según han confirmado fuentes municipales.
En un auto dictado este mismo viernes, la magistrada María del Carmen Monte Blanco ha acordado el levantamiento de la suspensión del precinto acordado en otro auto del 10 de junio al considerar que no corresponde el silencio administrativo que invocan las empresas para instalar 25 chiringuitos sin autorización. "El conocimiento de una situación de hecho por la Administración municipal y hasta la tolerancia que pueda implicar una actitud pasiva de ella ante el caso de que se trate, no equivale al otorgamiento de la correspondiente autorización municipal legalizadora de la actividad", señala el auto. La magistrada recuerda además que la resolución municipal impugnada por las empresas recurrentes incluye un informe técnico desfavorable con respecto a la autorización solicitadas.
El Consistorio había precintado estos negocios por carecer de autorizaciones y por no disponer de planes de seguridad, extremos que los propietarios de estos chiringuitos han negado desde el principio al asegurar que tienen "toda la documentación en regla". El Consistorio los había acusado de querer organizar "un carnaval paralelo", pues los únicos chiringos autorizados han sido los de titularidad municipal, que este año han salido a concurso y se componen por 13 quioscos de venta de bebidas, cinco food-trucks y tres mesones.
Tras ese precinto, los empresarios solicitaron unas medidas cautelares que, aunque en principio fueron aceptadas, ahora han sido desestimadas. En sus alegaciones, los promotores habían esgrimido la apariencia de buen derecho al haber obtenido el título habilitante pr silencio administrativo, así como los graves perjuicios económicos que les ocasionaría el precinto municipal y que la colocación de estos chiringuitos no perjudicaría al interés general ni al orden público.
Sin embargo, en su auto, la jueza no entra a debatir sobre si el silencio administrativo es válido o no para la obtención de la autorización pues ya hay un informe técnico municipal desfavorable a las pretensiones de los empresarios. Sostiene también que no procede el argumento del perjuicio económico. "Aún cuando de la ejecución de la resolución impugnada se derivan perjuicios económicos, para que sea procedente la suspensión interesada es preciso que tales perjuicios sean de imposible o difícil reparación, lo cual no acontece en el presente supuesto, habida que los mismos, en cuanto evaluables económicamente, siempre serían susceptible de resarcimiento en el caso de que se dictara una resolución estimatoria de las pretensiones de la parte", recoge el auto.
La titular del juzgado explica además que debe prevalecer el interés general, en este caso la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana en un evento multitudinario como el carnaval de Maspalomas, frente al interés particular del recurrente. "Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que los chiringuitos se encuentran ubicados fuera de la zona expresamente habilitada por el Plan de Seguridad Municipal y que los mismos entorpecen la salida de vehículos de emergencia, tal y como se hace constar en el informe de la Policía Local aportado por el Ayuntamiento", señala.
Tras conocer la confirmación del precinto de los chiringuitos, las empresa adjudicatarias de los quioscos municipales han celebrado la decisión judicial al haberles hecho una "competencia desleal e ilegal" durante esta semana, pero han considerado que "llega tarde porque ya este es el último fin de semana que tenemos para facturar cuando ellos lo han hecho durante una semana sin autorización", según explica una portavoz, quien además ha adelantado que no demandarán al Ayuntamiento para reclamar el dinero de las concesiones, como habían anunciado, pues la Corporación "actuó bien", pero sus abogados estudiarán ahora qué responsabilidades solicitan y a quién, teniendo en cuenta que el precinto municipal inicial se levantó por una decisión judicial.
Contra este auto cabe la interposición de un recurso de apelación en un plazo de 15 días.
