El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la extinción de las concesiones demaniales de siete puestos de ventas de La Cruz de Tejeda, los señalados con los números 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, y ha acordado la incoación del expediente de desahucio administrativo, una medida que ha sido muy protestada por los comerciantes afectados.
El Consejo de Gobierno, presidido por Antonio Morales, abordó ayer esta polémica y decidió iniciar esos siete expedientes de desahucio, aunque se concede un plazo de audiencia de diez días hábiles a los interesados para que pueda alegar lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses.
El gobierno del Cabildo ha delegado en el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, la competencia para resolver la procedencia del desalojo del inmueble, una vez vistas las alegaciones de los interesados o transcurrido el plazo máximo concedido sin que se hubieran formulado. Se requerirá al detentador de cada puesto «para que desocupe el bien en un plazo de ocho días hábiles, transcurrido el cual sin haber cumplimentado dicho requerimiento, se procederá a su ejecución forzosa», establece el acuerdo.
Los contratos de explotación de esos siete ventorrillos, situados en el término municipal de San Mateo, data del mes de junio del año 2010, por un plazo de diez años. En septiembre de 2010 se prorrogó por otras diez anualidades, por lo que están vencidos desde hace dos años.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria comunicó a los puesteros el 29 de septiembre de 2021 que pretendía acometer una obra en esas instalaciones, el llamado Proyecto de reforma de puntos de venta de producto local y cuartos de pastores trashumantes de Cruz de Tejeda, «con el fin de realizar las actuaciones necesarias en la edificación preexistente y rehabilitar y adecuar los diferentes espacios, recintos e instalaciones (electricidad, saneamiento o contraincendios) para cumplir con la legalidad y acondicionarlos desde el punto de vista sanitario y funcional».
Según se refleja en el expediente aprobado ayer, vigilantes del Área de Patrimonio del Cabildo se personaron el 11 de octubre 2021 en los puestos para requerirles el desalojo para poder iniciar esas obras de rehabilitación. Se les pidió que en el plazo máximo de dos meses desalojase el inmueble, «dejándolo libre de toda mercancía, mobiliario o enseres, y haciendo entrega de las llaves».
En febrero de este año se entregó a esos siete puesteros un segundo requerimiento para el desalojo, conminándoles a dejarlo el 2 de marzo. Ante ello, el Servicio de Patrimonio propuso el pasado día 14 de junio que el Consejo de Gobierno Insular declare la extinción del contrato e inicie el proceso de desahucio.
