Gran Canaria dispondrá de 509 millones del Fdcan en los próximos cinco años

Con ese dinero, 84,82 millones por anualidad, se realizarán unas 500 actuaciones, según han informado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, tras la reunión del Consejo Insular de Corporaciones Locales de Gran Canaria, que ha conocido la distribución del Fdcan de esos seis años para iniciar ahora la preparación de los proyectos.

Los mayores montantes corresponden al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (83,49 millones) y a las Consejería del Cabildo de Empleo (56,50 millones), Cooperación Institucional (51,39 millones) y Obras Públicas (43,14 millones).

La reunión entre Cabildo y alcaldes constata que se incumple el Pacto del Bienestar Animal

El Consejo Insular de Corporaciones Locales, un órgano formado por el Cabildo y los 21 ayuntamientos de la isla para coordinar sus inversiones, se reunió por primera vez desde el inicio de la pandemia para empezar a preparar los proyectos que se incluirán en el Fdcan 2021-2026. Puesto que algunos ayuntamientos tienen dificultades para aportar su 50% a ese fondo, el Cabildo se comprometido a reservar 17 millones de su presupuesto para adelantarles ese dinero. De hecho, el municipio de Artenara figura con cero euros al no disponer de recursos para financiar su parte de esas inversiones, pero se buscará una fórmula para que pueda participar en las obras del Fdcan, según adelantó Ramírez.

Morales explicó que el convenio del Fdcan de la etapa 2016-2019 está prácticamente ejecutado y en estos momentos se está a la espera de firmar el acuerdo que permitirá las inversiones en las próximas seis anualidades. Confió en que durante el mes de septiembre se pueda elaborar el Plan Insular con todas las iniciativas presentadas por los ayuntamientos, de forma que el convenio con el Gobierno de Canarias se pueda rubricar en otoño, una situación en la que también se encuentran Fuerteventura y El Hierro.  

Morales y Ramírez, que comparecieron junto a Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y comisionada de Gran Canaria ante la Federación Canaria de Municipios (Fecam), recordaron que el Cabildo grancanario es el único que, ya desde el año 2016, pactó con los ayuntamientos la distribución de estos fondos del Fdcan.  

Respecto a la ausencia de San Mateo y Mogán en el reparto, Ramírez dijo que sus gobiernos municipales se excluyeron del pacto insular «por motivos partidistas» y acordaron con el entonces presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, recibir unos fondos que duplicaban en cuantía a los que recibieron los otros 19 ayuntamientos. Por tanto, aseguró, ya recibieron, y «con creces», el dinero para el periodo 2012-2026.  

Las anualidades de 2021 y 2022 se adelantarán y se podrán utilizar como recursos propios. «Hemos coincidido en la necesidad de empezar a trabajar en los proyectos, para hacer ejecutable la parte que nos corresponde a partir de 2023, de modo que, antes de final de año, nos permitirá hacer uso de los recursos 2021-2022 y avanzar en los proyectos de 2023», detalló Morales.

En la reunión del Consejo Insular también se ha abordado el reparto y los proyectos del Plan de Cooperación con los Municipios para el año 2023, dotado por el Cabildo con 18 millones de euros (15 para los 21 ayuntamientos y 3 millones para las mancomunidades) y las inversiones en infraestructuras para la atención de animales abandonados, pues tres años y medio después de la firma del Pacto por el Bienestar Animal la situación sigue siendo “muy preocupante”, según admitieron el presidente Morales y la consejera de Medio Ambiente, Inés Jiménez.

La situación del albergue se complica por el ingreso de un centenar de perros en custodia judicial

Ante el incumplimiento de la mitad de los ayuntamientos de ese Pacto por el Bienestar Animal y el mantenimiento de las cifras de abandono de perros y gatos, el Cabildo ha emplazado a esas corporaciones locales a unificar las ordenanzas municipales sobre tenencia de animales y a utilizar el dinero del Plan de Cooperación en construir albergues para esas mascotas maltratadas por sus dueños. Aparte del daño a los propios animales, la proliferación de colonias de gatos supone un peligro para la fauna autóctona.   

«Se trata de una realidad que nos sobrepasa como gobierno de la Isla y para la que es necesaria la implicación de los 21 ayuntamientos y es muy importante que se actualicen las ordenanzas municipales, por un problema de salud pública, de seguridad ciudadana, de protección de nuestra biodiversidad y por la propia protección de los animales», admitió Morales, quien precisó que «se ha trabajado para conseguir una propuesta unitaria, a través de una ordenanza adaptada a la realidad de cada uno de los municipios, con el fin de que exista una base común».

La situación del albergue insular del Bañaderos se ha complicado porque ahora también tiene que atender a un centenar de perros bajo custodia judicial, requisados a sus dueños por maltrato o por su peligrosidad.