El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arucas reitera a los aruquenses que, «como siempre ha manifestado, nunca propondrá la construcción de un paseo marítimo alguno si no lo quieren los vecinos, y votará en contra si algún partido político lo propone en el planeamiento urbanístico».

«Desde los avances y aprobación inicial del PTP-15 y hasta la finalización del documento», añade el grupo de gobierno en un comunicado, «los vecinos de la costa saben que ningún paseo marítimo se hará en Arucas sin el consenso político y con los vecinos, tal y como las fuerzas políticas aprobaron en Pleno en el Ayuntamiento en el 2011 y el pasado pleno ordinario del 29 de julio de 2022», sesiones en las que, según añade, «se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas y del concejal no adscrito una declaración institucional en la misma línea que cualquier intervención en la costa de Arucas se llevará a cabo con el consenso de los vecinos junto a la administraciones».

«Es por ello que en actual marco normativo el alcance y contenido de las determinaciones vinculantes de los Planes Territoriales al planeamiento urbanístico», detalla la misma fuente, «se reduce, conforme señala expresamente el apartado tercero del artículo 119 de la Ley 4/2017, exclusivamente a las referidas a sistemas generales y equipamientos de interés insulares». Es decir, que «la adaptación del planeamiento requerirá previamente el desarrollo de un proyecto unitario de paseo marítimo y el consenso interadministrativo de la identificación de los suelos vinculados a dicho paseo y el consenso de las administraciones junto a los afectados».

Por todo ello, y según quedó determinado en los citados plenos, insta al «Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y Estado que la ejecución de las actuaciones urbanísticas dirigidas a la recuperación del frente litoral que requieran el desalojo de ocupantes de inmuebles que constituyan su residencia habitual, se deberá garantizar el derecho de realojamiento y el consenso de conformidad con lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento; y la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como la legislación reguladora de los arrendamientos urbanos.

En cualquier caso, el grupo de gobierno, subraya su compromiso de colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones en su término municipal del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, «así como al acondicionamiento de las áreas costeras de su término municipal, así como la preservación y la mejora de sus valores».