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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El impulsor de Risco Caído acusa al Cabildo de bloquear sus nuevas investigaciones

Julio Cuenca sostiene que tres departamentos «se pasan la pelota» para retrasar un estudio financiado por el Gobierno de Canarias en cinco cuevas de la Cumbre

Interior de la Cueva de la Paja, en Barranco Hondo de Abajo LP/DLP

El arqueólogo Julio Cuenca, descubridor e impulsor de la declaración de Risco Caído como Patrimonio de la Unesco, acusa a los actuales responsables políticos del Cabildo de Gran Canaria de «bloquear» una nueva investigación en cinco cuevas de la cumbre de la Isla, financiada por el Gobierno de Canarias y encargada a la empresa Propac S.L., de la que es director. 

Se trata del proyecto denominado Estudio de cuevas con grabados rupestres del signo vulvar de los aborígenes de Gran Canaria, consistente en realizar la fotogrametría y calcos digitales en los sitios arqueológicos de Risco Chapín (Cueva Cagarrutal, Cueva de Las Manchas y Cueva Caballero 3 y 4) y en Barranco Hondo de Abajo (Cueva de La Paja), que según Julio Cuenca ya acumula semanas de retraso porque varios departamentos del Cabildo, todos pertenecientes a la Consejería de Presidencia, «se pasan la pelota» sobre quién tiene las competencias para autorizar la entrada de los investigadores a esos yacimientos de Tejeda y Artenara. 

Así se refleja en los documentos que se han cruzado la Consejería que dirige Teodoro Sosa y el arqueólogo, que en su último escrito del pasado 27 de julio solicita que se ponga esta cuestión en manos del Servicio Jurídico del Cabildo al entender que se puede estar cometiendo un presunto delito de prevaricación continuada y abuso de poder para perjudicar a su empresa y a él en particular. 

Solicitudes

Según se desprende de esa documentación, la empresa Propac presentó el 14 de junio una solicitud a la Consejería de Presidencia, en tanto que es la responsable de los servicios de Patrimonio Histórico y del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, para que se le autorice el acceso a esas cinco cuevas, todas compradas por el Cabildo en los últimos años, con el objeto de proceder a la realización del levantamiento fotogramétrico de las mismas. El proyecto de investigación, según el escrito, está financiado y adjudicado por la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) de la Comunidad Autónoma. 

La primera respuesta de uno de los técnicos del Cabildo «no deja claro en qué punto queda la solicitud», sostiene Cuenca, porque si bien en el punto dos de su contestación viene a decir que a su criterio no es necesario solicitar dicha autorización, en el punto tres se propone trasladar la solicitud, «a los efectos oportunos», al Instituto de Risco Caído y la Reserva de la Biosfera,

Ante ello, la DGPC se puso en contacto con la empresa del arqueólogo para indicarle que el permiso del Cabildo para acceder a las cuevas reflejaba esa indefinición, por lo que le pidió un informe favorable del referido Servicio de la Consejería, al obligar la Ley de Patrimonio que todas las actuaciones arqueológicas tengan la conformidad de los propietarios de esos bienes inmuebles.

El 26 de julio se remitió una nueva solicitud a la Consejería, en concreto al Instituto para la Gestión del Patrimonio Mundial, como había requerido el Gobierno de Canarias, pero «para sorpresa» del arqueólogo, al día siguiente   recibió un oficio firmado por la jefa de Servicio de ese departamento en el que le asegura que ese Instituto «no es competente» para autorizar la entrada de los investigadores a las cuevas, al tiempo que le comunica que la petición ha sido trasladada al Servicio de Patrimonio Histórico para que, «si lo estima oportuno», requiera del Servicio de Patrimonio el informe correspondiente que dé respuesta a la solicitud. 

En su último escrito al consejero Teodoro Sosa, Cuenca le expone que el Instituto se creó «para gestionar las 18.000 hectáreas del Paisaje Cultural, Patrimonio Mundial, de Risco Caído y Las Montañas Sagradas y, por tanto, es responsable también de la gestión del patrimonio arqueológico que lo integra».   

«Esto es absolutamente inconcebible, para denunciarlo a la Unesco incluso, por obstaculizar la investigación científica en un sitio patrimonio mundial», denuncia Cuenca, quien pregunta al consejero si «cuando un ciudadano pide autorización para visitar, por ejemplo la Cueva de Los Candiles, Cueva Caballero o cualquier otro yacimiento del ámbito del Patrimonio Mundial, el Instituto remite la solicitud al Servicio de Patrimonio. 

«¿No es el Instituto, creado ex profeso para la gestión del los bienes culturales integrantes del Patrimonio Mundial, competente para autorizar el acceso con fines científicos a dichos yacimientos? A quién pretende convencer con este argumento peregrino e insostenible sobre si el Instituto no tiene competencias en lo referente a la gestión de los yacimientos arqueológicos, sobre qué cosas se pueden hacer, quién puede hacerlas y cómo pueden hacerlas?», interroga el descubridor y primer director científico de Risco Caído.  

Esa resolución del Instituto, a su juicio, «debería ser analizada como mínimo por los Servicios Jurídicos del Cabildo», pues «aplica un doble rasero» y se suma «al proceder de este Instituto, del que venimos sufriendo represalias desde prácticamente su creación, paralizando sin justificación los proyectos de investigación que estaban en marcha en Risco Caído y su entorno». 

Según Cuenca, también se ha negado, la financiación, por la vía del silencio administrativo, «para seguir investigando en el proyecto sobre la búsqueda de la fortaleza aborigen de Ajodar, para lo que llevamos a cabo prospecciones arqueológicas en la Mesa del Junquillo; o más recientemente el encargo por parte de dos técnicos de ese Instituto de una excavación arqueológica en las inmediaciones de la Mesa del Junquillo, donde estaba trabajando Propac, realizando prospecciones y el inventario arqueológico de todos los yacimientos que existen, incluido esa cueva funeraria, que deciden excavar, sin haber ninguna razón que lo justificara, para lo que contratan a una empresa de Tenerife, sin consultarnos ni proponernos al equipo que estábamos trabajando en ese contexto, si estábamos interesados en acometer esa excavación; en fin medidas todas adoptadas por la dirección técnica de ese Instituto con intención clara de perjudicar profesional y económicamente a Propac y a su director».

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