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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Arucas

Acoso a los dueños de la finca que frena el acceso de la circunvalación al casco de Arucas

«Nos quitan la casa, el sueldo y nos amenazan», afirman los propietarios de los terrenos pendientes de expropiar para enlazar la carretera con el centro de Arucas

José Carlos Guerra José Carlos Guerra Mansito

«Nosotros también somos víctimas, a los que se nos está quitando una casa, nuestro sueldo y ahora hasta nos amenazan», afirman los propietarios de la parcela de Hoya de San Juan que pretende expropiar el Gobierno de Canarias para realizar una conexión de la cuarta fase de la circunvalación desde el parque de bomberos a la zona alta del casco de Arucas. Según aseguran, están dispuestos a abandonar los terrenos con una compensación que les permita construir otra casa y continuar con su actividad económica agrícola y el club deportivo. Además, acusan al alcalde, Juan Jesús Facundo, de echarles a los pies de los caballos frente a los vecinos, porque ahora reciben amenazas tras sus «falsas acusaciones». Afirman también que habla sin saber, pues nunca se ha reunido con ellos para conocer su situación, que califican de angustiosa.

Los afectados defienden que han vivido casi dos años y medio de intranquilidad, con la soga al cuello ante la posibilidad de tener que abandonar sus cultivos y levantar su casa en cualquier momento, sin tener un lugar alternativo donde retomar su vida. «Tengo mi ropa en cajas desde hace mucho tiempo», apunta una de las afectadas.

Requieren una mayor compensación por sus tierras, que desarrollaron antes de proyectarse el nuevo enlace de la vía

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Hasta ahora habían estado en silencio, pero el comunicado oficial del Ayuntamiento de Arucas de hace una semana les ha indignado. Sobre todo, porque ahora están siendo «linchados» por el pueblo en las redes sociales, cuando ellos también se sienten unas víctimas. Defienden que nunca han denunciado al Gobierno de Canarias y tampoco han solicitado la paralización de la obra de la carretera, sino que solo han reclamado una compensación justa para poder retomar su vida en las mismas condiciones que ahora. «¡Qué menos, es lo que pediría cualquier persona!», argumentan.

Adquisición en 2014

Los afectados compraron la propiedad en 2014 para construir su casa, oficinas y almacenes de las empresas, y montaron un club deportivo, después de asegurarse de que el proyecto no iba a afectar a la finca. Tres años después regularizaron los linderos, que eran de los años 60. «Las parcelas se adquirieron seis años antes de la notificación de la expropiación del Gobierno de Canarias», destacan. Explican que «antes de adquirirlas» se reunieron con técnicos de la Administración, quienes les informaron de que «en el nuevo modificado las parcelas estaban desafectadas, con lo cual, no se iban a expropiar». Eso les animó a invertir todos sus ahorros en la adquisición y preparación del terreno, «con una plantación de más de 1.000 árboles frutales, entre ellos 600 aguacateros, además de mangos, higueras y otros frutales, que ya están en producción».

«El alcalde nos ha echado a los pies de los caballos sin venir nunca a hablar con nosotros»

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Todo lo hicieron con recursos propios y «sin ningún tipo de subvención». «El replanteo y la preparación del terreno se realizó totalmente manual, así como la plantación de los árboles, riegos, etc..., por seis miembros de una familia: dos padres, dos abuelos y dos hijos», comentan. Además, en la actualidad cuentan con cinco trabajadores, que también tienen un futuro incierto. «No hemos ampliado nada en la finca, como se nos acusa, sino que pusimos unos contenedores de estructuras móviles», explican. «Preparábamos con mucha ilusión el presente nuestro, y el futuro de nuestros hijos, para que dependieran de ellos mismos; y con su esfuerzo y sudor, obtuvieran una recompensa en modo de trabajo», añade el padre.

El Gobierno no tenía un técnico para valorar las adquisiciones, y esperaron un año y medio

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El Gobierno de Canarias no tenía prevista esta conexión de la carretera de la circunvalación, que ahora atravesaría su propiedad en la que está también su casa, ya que fue una decisión posterior.

En marzo de 2020, les llegó la notificación de la expropiación. No por la consejería de Obras Públicas, sino por el organismo delegado para ello. Lo curioso es que tuvieron que esperar un año y medio luego hasta que esta entidad contratara a una ingeniera para que hiciera la valoración de la expropiación, porque este organismo público, pese a lo que pueda parecer, no tenía ninguno en ese momento. «Y desde Tenerife hizo la valoración técnica», añade, porque insiste en que nunca pasó por allí. Ahí surgieron las discrepancias en la valoración.

La finca tiene 10.000 metros cuadrados y les quieren expropiar la mitad

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La finca tiene unos 10.000 metros cuadrados y les quieren expropiar casi la mitad. Afectaría a la vivienda, al cuarto de aperos, oficinas, baños y al estanque de agua para el riego. Es decir, les dejarían con las tierras y sin agua, a lo que ellos también se niegan. De ahí que defienda que si se les expropia, sea todo, para poder emprender en otro lugar una nueva vida.

La familia detalla que se les valoró las fincas en 240.000 euros, cuando en la zona una vivienda se está vendiendo por 280.000 euros. Además, cuentan con 304 metros cuadrados que han estado pagando como urbanos, y 165 metros en edificaciones de obra nueva.

Sufrieron un corte de agua 19 semanas

Los afectados destacan que estos frutales deben estar varios años para que comiencen a dar frutos, por lo que una mudanza les dejaría sin ingresos durante esos años. También apuntan que la valoración está hecha en la distancia, sin observar la propiedad, en la que emplearon, por ejemplo, piedra de cantería de Arucas. O que pudieron certificar ante notario el error de valorar la producción de cada aguacatero en 39 kilos al año, cuando supera siempre el centenar de kilos cada año. En estos ejemplos se basan para decir que se ha minusvalorado el precio de la expropiación en muchos miles de euros y que con el dinero que pretenden pagarles resulta imposible rehacer su vida laboral y personal.

Los afectados señalan que un juzgado ha aceptado sus alegaciones, lo que obliga a reevaluar el precio justo de la expropiación. Los dueños tienen cuatro empresas ligadas a la finca. Además, la obra les ha perjudicado por un corte de agua de 19 semanas que dañó algunos de sus frutales. «Estamos sufriendo unas obras que impiden la convivencia mínima con una vivienda y nuestros negocios. Cortes de agua, polvo, vibraciones brutales,... Queremos irnos, pero queremos lo mínimo para irnos y empezar en otro lugar. Es lo justo, no queremos más, ni hacernos ricos, como han insinuado», exponen. A todas estas molestias suman que han tenido que gastar grandes sumas de dinero en técnicos para justificar su valoración económica.

Insultos en las redes sociales

La familia acusa al alcalde de haberles puesto con su escrito en la diana de los vecinos de Arucas. Esto ha supuesto que reciban insultos y se sientan amenazados en las redes sociales, divulgándose incluso imágenes aéreas de las tierras.

«¿Cómo es posible que siendo tan importante solucionar este grave problema que nos afecta a todos, en ningún momento el alcalde se haya interesado en mediar entre nosotros y el Gobierno de Canarias para una adecuada solución?», se preguntan.

Entendiendo que el interés general prevalece sobre el privado, están dispuestos a dejar su finca y marcharse a otro lado, pero no a regalar su medio de vida y el fruto de su trabajo. Confían en la justicia y en los jueces, como «garantes de los derechos y obligaciones de los ciudadanos». Lamentan que el alcalde no esté conforme con la decisión judicial y haya instado «al Gobierno de Canarias a solicitar al juez que actúe con celeridad para resolver el conflicto».

No han recibido ni un euro

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Por su parte, están abiertos a negociar, siempre lo han estado. «Solo queremos una indemnización suficiente para adquirir una propiedad de las mismas características que la nuestra e incluso estamos dispuestos a aceptar que sea la Administración expropiante la que nos proporcione una parcela como la nuestra o similar en el municipio de Arucas para irnos inmediatamente», plantean.

También critican que se inste a ocupar la parcela primero para compensarles después. Eso supondría, alegan, dejarles en la calle y dejar a familias sin un sueldo. «A día de hoy no han depositado ningún euro en nuestra cuenta corriente», añaden.

Los afectados reclaman que entiendan su situación, que les está costando disgustos y noches sin dormir. «La defensa de nuestros derechos está legitimada por el juzgado y por el sentido común», sentencian. 

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