El Ayuntamiento de Mogán ha sacado a licitación la compra de hamacas y sombrillas por importe de 205.185 euros para la playa de Puerto Rico, cantidad que al sumar el IGIC supone un desembolso total de 219.548 euros. Con este dinero se van a adquirir 950 hamacas, 475 sombrillas y 475 bases para las sombrillas para atender estos servicio para la temporada 2022-23, ya que el Ayuntamiento no dispone de este mobiliario porque el alquiler de tumbonas y parasoles a los turistas ha sido gestionado hasta ahora por la empresa concesionaria, Puerto Rico S.A., la misma que construyó esta playa artificial en los años 70 del siglo pasado.
Dada la urgencia que tiene el Ayuntamiento para contar con este material para la temporada alta de invierno, en el proceso de licitación se ha fijado un plazo de tres meses para atender el pedido. Además, en los criterios para resolver la adjudicación se establece que se valora con 80 puntos la oferta económica y con 20 la reducción del plazo de entrega. Así la empresa que se comprometa a servir el material en seis semanas obtendrás la totalidad de los 20 puntos, mientras que si la entrega se realiza en ocho semanas recibirá una puntuación de 12 puntos, y la que sirva el mobiliario en 10 semanas en esta valoración se queda con 6 puntos.
Mediados de septiembre
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, señaló ayer que espera que a mediados de septiembre puedan contar con todo este mobiliario para empezar a gestionar estos servicios como ya hacen en las playas de Las Marañuelas, Costa Alegre, El Perchel, Patalavaca, Aquamarina, El Cura, Taurito y Mogán. Desde hace varios años que la corporación moganera, que como todo ayuntamiento tiene derechos preferentes en los servicios de temporada, pretendía hacerse con este negocio dados los ingresos que genera, pero fue el pasado 25 de julio cuando la Demarcación de Costas le autorizó a ocupar los terrenos del dominio público marítimo terrestre de la playa de Puerto Rico para instalar las hamacas y sombrillas.
El permiso que tenía la empresa Puerto Rico S.A. para explotar el alquiler de este mobiliario expiró en 2018, aunque fue en 2020 cuando la Dirección General de la Costa y el Mar denegó la prórroga de la concesión que solicitaba esta sociedad. La entidad logró frenar la entrega de este negocio con un recurso que presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justica de Canarias en el que solicitó la aplicación de medidas cautelares, que fueron denegadas el 28 de octubre de 2021. La concesionaria interpuso después otro recurso de reposición contra este auto, que fue desestimado el pasado 5 de julio.
