Los Planes de Modernización del turismo naufragan en Gran Canaria

En el caso concreto de Gran Canaria, ninguno de los cuatro PMM aprobados por el Gobierno de Canarias entre 2012 y 2015 ha salido adelante y han dejado a merced de los juzgados un reguero de actuaciones urbanísticas en las principales zonas turísticas del sur de la isla.   

Los dos planes de modernización para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el de Maspalomas Costa Canaria y el de El Veril, han sido tumbados por los jueces, primero por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y después por el Tribunal Supremo. 

Antes de ser anulado, el de Maspalomas Costa Canaria permitió ejecutar 32 de las 43 actuaciones previstas, pero quedan fuera de ordenación. En el caso de El Veril, las administraciones implicadas y la empresa Loro Parque han optado recientemente por elaborar un nuevo PMM para poder construir el Siam Park, un centro comercial y un hotel. 

El PMM de Playa de Mogán también está invalidado de forma definitiva. En el año 2018, el Gobierno de Canarias autorizó un segundo plan para este enclave turístico, pero lleva cuatro años de trámites y se calcula que no podrá aprobarse hasta 2023, en el mejor de los escenarios. 

El de Costa de Mogán queda a la espera de una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que ya lo anuló en primera instancia por defectos de forma y ahora ha sido obligado por el Supremo a entrar a juzgar el fondo de esa norma urbanística. A la vista de los precedentes, las expectativas no son halagüeñas.      

Los PMM más relevantes de las islas de Tenerife y Lanzarote también han corrido la misma suerte. Están anulados (Costa Adeje y Puerto del Carmen II) o han sido las propias administraciones las que han desistido de seguir adelante con la tramitación (Playa de Las Américas y Los Cristianos) ante el rechazo que generaron entre los sectores implicados, preámbulo de una avalancha de recursos y demandas. 

Las razones para tantos varapalos judiciales son diversas y complejas, pero el arquitecto y urbanista Faustino García Márquez las resume en una frase: «En el planeamiento, cuando se cogen atajos, ocurren estas cosas». A su juicio, los PPM son unas figuras «muy endebles» porque se elaboraron «deprisa y corriendo», con excesiva discrecionalidad y sin tener en cuenta a todos los operadores turísticos, por lo que hubo beneficiados y perjudicados.   

García Márquez, uno de los redactores de las principales leyes urbanísticas de Canarias tras la creación de la Comunidad Autónoma, sostiene que «desde el principio es más una norma sectorial y turística que de planeamiento, una especie de autopista para ir más rápido que en algunos casos ha llevado a un derriscadero».    

Lo peor que ha ocurrido, en su opinión, es que los PMM «han abierto un montón de expectativas», pero unas personas o empresas «han aprovechado el hueco y se ha colocado y otras se han quedado colgadas». Con un procedimiento más lento, pero con mayor seguridad jurídica, se hubieran obtenido los mismos resultados y sin tener que esperar por las sentencias judiciales. 

Otro de los inconvenientes es que alguno de los PMM se ha aprobado a instancias de parte e incluso han sido sufragados por los propios promotores, como en el caso del grupo turístico Kiessling en El Veril, por lo que todos los que se sienten perjudicados han ido a los tribunales.  

García Márquez es autor de un informe sobre la evolución de los PMM, publicado en 2021 en un libro colectivo titulado Estudios sobre ordenación, gestión e intervención en el territorio, en el que de entrada ya reconoce que «el sistema canario de planeamiento creado en 1999 ha sido seriamente trastornado por la legislación aprobada desde 2009 hasta hoy».

El urbanista añade que «el carácter indeterminado con el que nació este instrumento en 2009, entre plan y programa, persiste de alguna forma en su regulación y, sobre todo, en su práctica, al vincularse a la suscripción potestativa de convenios de planeamiento, gestión y ejecución entre el ayuntamiento y los particulares del ámbito ordenado, que viabilicen la renovación edificatoria». 

 El arquitecto comenta que se plantean «lógicas dudas» sobre la capacidad financiera pública para afrontar las cuantiosas inversiones que precisan dichos planes para la rehabilitación urbana de un espacio como el turístico, que durante demasiado tiempo no ha sido objeto de la atención inversora de las administraciones públicas. 

«Preocupa también -insiste- la seguridad jurídica y el resultado formal de planes asistemáticos, formulados y tramitados con rapidez, basados fundamentalmente en la concertación y en los incentivos urbanísticos y, por tanto, generadores de puntuales y desagregadas desigualdades económicas y territoriales, funcionales y perceptivas, contrarias a la necesidad de visión imparcial que se precisa y se predica para los instrumentos de ordenación urbanística». 

Encrucijada 

Como epílogo a su análisis, García Márquez resalta que «la actividad turística, el espacio turístico y su ordenación se encuentran, una vez más, en un tiempo crítico, en otra encrucijada nueva».

Pese a los sucesivos reveses judiciales, el primero de los cuatro PMM aprobados en Gran Canaria, el de Maspalomas Costa Canaria, de 2012, permitió rehabilitar varios complejos de apartamentos en Playa del Inglés y crear nuevas actividades de ocio en esa zona turística.    

Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana en la etapa que se empezó a ejecutar ese PMM defiende la utilidad de ese instrumento urbanístico ante las dificultades para aprobar un nuevo Plan General y recuerda que hasta que fue anulado, en 2016 por el TSJC y en 2018 por el Tribunal Supremo, «hubo una amplia renovación, sobre todo en la parte privada». El exalcalde considera que «todo se fue al traste por la imprudencia de un dirigente de Nueva Canarias y por razones políticas», en referencia al recurso de Ángel López, que fue el primero que consiguió una sentencia anulatoria. 

No obstante, en el tiempo que estuvo vigente ese PMM se ejecutaron 32 actuaciones. En la parte privada estaban previstas 16 y la mayoría salieron adelante. Así, los Apartamentos Carmen se transformaron en el Hotel Asgard y el complejo Santa Mónica se reformó por completo y ahora es un establecimiento de lujo. También se rehabilitaron el Hotel Barceló Margaritas,  y los apartamentos Con-Mar, El Palmar y Tenesoya. 

También se acogieron a ese PMM los centros comerciales Baobab y Faro II, los kioscos comerciales de Meloneras, los parques temáticos Multiaventura y Wake Park Feliz, el centro de alto rendimiento del motor de Tarajalillo y el Ocean Park. 

Por contra, no se pudieron ejecutar algunas actuaciones estrella de ese PMM, como la rehabilitación de Centro Comercial Oasis, que pretendía «una nueva ordenanza de edificación derivada de la obligación de ceder el suelo necesario para cumplir con la servidumbre de tránsito». Tampoco salieron adelante el centro comercial entre la carretera GC-500 y la Avenida de Gáldar o la rehabilitación del Complejo Colorado Golf. 

De las 27 acciones públicas se pudieron ejecutar la mayoría, según Pérez, que citó obras como los miradores de La Ladera, Las Dunas y Paseo Marítimo; la adecuación paisajística de los barrancos de Joseíto y Maspalomas; corredores verdes junto a la GC-500; aparcamientos; viarios y rotondas; o zonas de sombra en las urbanizaciones turísticas.   

Todas esas obras terminadas no corren peligro porque se hicieron con autorización municipal, explica el exalcalde, que admite que «en el peor de los casos pasarán a fuera de ordenación, pero con licencia». Con la antigua normativa urbanística, eso impedía a los propietarios realizar cualquier tipo de reforma o mejora, pero la nueva Ley del Suelo de 2017 recoge varios supuestos para poder rehabilitar, aunque no consolidar los metros obtenidos a través de esa figura. 

El segundo PMM de San Bartolomé, el de El Veril, fue aprobado en el año 2015 y anulado definitivamente este verano por el Tribunal Supremo, que no admitió los recursos de casación interpuestos por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento y la empresa Loro Parque. En ese tiempo solo se ejecutó un tramo de la canalización del barranco de El Veril y se adecuó una rotonda.  

En Mogán tampoco se han ejecutado la mayoría de actuaciones previstas en sus dos PMM. El primero de Playa de Mogán, aprobado en 2014 y suspendido por el TSJC en 2016 y por el Tribunal Supremo en 2020, incluía tres intervenciones privadas y 17 públicas, dos de ellas ya anuladas durante el proceso de información pública (el desarrollo comercial del frente del Paseo de los Pescadores y el circuito deportivo en la Avenida de las Artes). De estas últimas, se cumplió el derribo del campo de lucha para instalar la estación de guaguas.  

El de Costa de Mogán, aprobado en 2015, recogía inicialmente 32 acciones de mejora y permitió construir dos nuevos centros comerciales en Puerto Rico, lo que motivó el recurso judicial de la comunidad de propietarios de los locales ya existentes y la anulación por parte del TSJC. Según estos últimos, ahora hay sobreoferta comercial y en de los nuevos centros quedarán muchos locales vacíos. 

El 2018 se autorizó tramitar un segundo PMM de Costa de Mogán, con 12 actuaciones nuevas y siete correcciones de errores del primero. Todavía está en fase de intercambio de documentos y no se podrá aprobar hasta dentro de un año.