La construcción de viviendas que la Administración prometió hace 22 años para realojar a los vecinos que desde 2001 viven en malas condiciones en los barracones de El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, está pendiente ahora de la demolición de un edificio y del traslado de varias palmeras que se encuentran en el solar municipal anexo al colegio de Juan Grande donde se proyecta la nueva urbanización. Y las 43 familias que residen en aquellos habitáculos de cartón piedra tendrán que seguir esperando un poco más porque dos años después de que el Pleno aprobase la cesión de una parcela de 3.015 metros cuadrados al Gobierno de Canarias, encargado de la construcción de esta promoción de viviendas sociales, todavía esa entrega del terreno no se ha materializado porque el suelo aún no está libre y el Ejecutivo no ha podido actuar en él.
La parcela donde el Ayuntamiento ha proyectado la construcción de aproximadamente unas 33 casas se encuentra ubicada junto al colegio de Juan Grande y está parcialmente ocupada por una edificación de este centro que en la actualidad es utilizada por los propios alumnas del colegio como taller para actividades y como almacén, y que será la que habrá que demoler, según han confirmado fuentes municipales.
En diciembre de 2021, asumiendo el mandato del Pleno, la concejalía de Patrimonio Municipal incoó un expediente para ceder el suelo a la consejería de Obras Públicas, Transporte y Viviendas del Ejecutivo autonómico, pero el Instituto Canario de Vivienda advirtió que esos suelos debían estar libres antes de ser recepcionados. «Dentro de la delimitación de las parcelas de Juan Grande y Castillo del Romeral hay construcciones que deben ser demolidas antes de la cesión de la parcela», señala un informe de Patrimonio al que ha tenido acceso este periódico, que refleja también la necesidad de trasladar varios ejemplares de palmera antes de la entrega del terreno.
El centro pide que se construya otra edificio para alojar el taller y el almacén, que usa a diario
En aquel Pleno celebrado en agosto de 2020 los grupos municipales aprobaron dar vía libre a una modificación del planeamiento para cambiar el uso de ese suelo, que pasa de educativo a residencial, para poder construir las viviendas. Ahora, tras la respuesta del Gobierno canario, el área de Patrimonio ha solicitado a la concejalía de Obras Públicas que proceda a la demolición y limpieza del solar así como a la de Parques y Jardines que trasplante cuanto antes los dos ejemplares de palmera que se encuentran dentro de la parcela.
El titular de Obras Públicas, Bartolomé Acosta, ha confirmado que su departamento se encuentra trabajando en los pliegos para adjudicar la redacción del proyecto de demolición del taller y el almacén escolar, al tiempo que reconoce que el procedimiento administrativo se dilatará en el tiempo.
Desde el CEIP de Juan Grande, si bien la dirección del centro no se opone a la construcción de viviendas, sí plantea la posibilidad de que se pueda conservar el edificio puesto que la construcción de una parte del edificio y la remodelación del almacén se llevó a cabo hace menos de una década en el marco de las obras RAM de mantenimiento de los centros educativos. «Entendemos que por motivos urbanísticos sea necesario derribarlo, pero en ese caso pedimos que se nos construyan otro edificio en otro lugar porque es un espacio que utilizamos a diario para las actividades del alumnado y en el almacén guardamos todo el material», señalan desde la dirección. El edil de Obras Públicas ha explicado que el proyecto de demolición incluirá también el de levantamiento de otro inmueble para albergar estas actividades.
Mientras todos los procedimientos administrativos siguen su curso, las 43 familias que viven en los barracones de El Matorral continúan a la espera de que una llamada les cambie la vida y les informen del realojo, pero todavía va para largo.
Por otro lado, Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana llevará al próximo Pleno municipal una moción para instar al Ayuntamiento a reimpulsar la cesión del suelo en un plazo de tres meses e instar al Instituto Canario de Vivienda a la elaboración del proyecto de obra para licitar prioritariamente la construcción de estas viviendas sociales.
