La gestión del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Norberto Francisco Castellano, ha empezado a irritar a los grupos que forman el gobierno tripartito, en especial a sus propios compañeros del PSOE, y su destitución fulminante como vicepresidente del Club Baloncesto Gran Canaria no parece haber sido suficiente toque de atención para que cambie su actitud y sus maneras de manejar el Instituto Insular de Deportes (IID).
La desconfianza hacia el responsable de Deportes se visibilizó hasta en tres ocasiones en el último Pleno del Cabildo, celebrado el pasado viernes. Una propuesta suya para otorgar la compatibilidad laboral a la directora-gerente del Instituto, plagada de irregularidades administrativas según los expertos consultados, generó una situación insólita, casi esperpéntica, sin que los miembros del gobierno y de la oposición tuvieran muy claro lo que estaban decidiendo y las consecuencias que podría traer su voto, a favor o en contra, si el asunto acabara en los tribunales.
Al final, los servicios jurídicos del Cabildo recomendaron que se votara la resolución tal como se elevó al Pleno y a partir de ahora buscar una salida para resolver el entuerto de la mejor manera posible. Los tres grupos de la oposición, PP, UxGC y Ciudadanos, en previsión de que el caso les salpique, se abstuvieron. "Que se maten entre ellos", exclamó un consejero opositor a acabar el Pleno.
Según se desprende del expediente, Castellano pretende desde hace meses otorgar la compatibilidad a la gerente del IID, María de los Ángeles Ramos Guillén, para que pueda seguir simultaneando su puesto de alto cargo del Cabildo con el ejercicio privado de la abogacía. Esa compatibilidad sería ilegal y así se lo hicieron saber desde el mes de julio dos informes de las áreas de Recursos Humanos y del Servicio Jurídico.
Aclaraciones
Sin embargo, la solicitud llegó hasta el Pleno de septiembre y desde la oposición y el propio gobierno se plantearon numerosas dudas sobre la legalidad de la propuesta, hasta el punto de que la consejera de Vivienda y portavoz de Sí Podemos, Conchi Monzón, pidió que se aclarara qué se iba a votar.
A grandes rasgos, porque la redacción de la propuesta indujo a confusión, lo que debía decidir el Pleno era remitir el expediente al Consejo Consultivo de Canarias para que determine si cabe otorgar o no esa compatibilidad, que el consejero ya ha dado por concedida por la vía del silencio administrativo positivo.
A tenor de la reacción, algunos consejeros creían que iban a aprobar una compatibilidad más a una trabajadora del Cabildo, que es lo que habían hecho en los dos anteriores puntos del orden del día, pues a cada Pleno suele llegar alguna de estas solicitudes y se tramitan sin debate ni aclaraciones.
El primero en intervenir fue el portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, que de forma irónica extendió sus sospechas sobre la propuesta de Castellano y reclamó que se incluyera en el texto la suspensión de la declaración compatibilidad hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo, porque lo que dictaminan los informes del propio Cabildo es que es nula.
Tras asegurar que "todo el expediente es un desastre", Santana preguntó cómo es posible que sea un consejero el que emita el informe, cuando debería ser un funcionario o un técnico del Cabildo.
"En el propio expediente se reconoce que se ha hecho una chapuza; nos abstendremos y veremos que dice el Consejo Consultivo, porque no tengo claro que sea un alto cargo", abundó el portavoz de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna.
Marco Aurelio Pérez insistió en las dificultades para interpretar la propuesta y por dos veces lanzó la misma pregunta a Castellano y al gobierno insular: "Si hay un contrato de alta dirección firmado entre el consejero y la gerente, ¿cómo es que este expediente ha llegado hasta aquí"?".
En su intervención, Castellano señaló que la compatibilidad es un acto reglado y que ha pasado por el filtro de las demás áreas del Cabildo, pero admitió que después de los informes sobre la nulidad no hubo celeridad en la tramitación. "Se detectó un error humano", apuntó.
Ante todas esas dudas, el presidente Antonio Morales consultó en los filas del PSOE y planteó dejar la propuesta de Castellano sobre la mesa hasta el Pleno de octubre. No obstante, los grupos aprovecharon un receso para hacer una consulta urgente al Servicio Jurídico.
A la vuelta, la secretaria del Cabildo explicó que lo conveniente era adoptar el acuerdo y dejar la posible suspensión de la compatibilidad para el próximo Pleno. La propuesta fue aprobada por 17 votos a favor (NC, PSOE y Sí Podemos), nueve abstenciones y un voto en contra.
No obstante, según admitieron miembros del gobierno insular, este episodio ha aumentado la "desconfianza" del gobierno tripartido en el responsable de Deportes, que hace un mes fue destituido como vicepresidente del Granca. Eso puesto lo ocupa ahora el consejero insular de Empleo, el socialista Juan Díaz, mientras que el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha pasado a presidir la Fundación.
En el Pleno del viernes, precisamente, se aprobó la modificación presupuestaria de más de 1,8 millones de euros para tapar el déficit del equipo de baloncesto, entre críticas de los grupos opositores por la "mala gestión" de la anterior directiva del Granca y el desfase en sus cuentas de la pasada temporada. Hasta el presidente Morales admitió en dos ocasiones que no es normal que sea el Cabildo el que financie casi en su totalidad a un equipo deportivo de élite.
Aparte del desconcierto que provocó en el gobierno y en la oposición, la propuesta sobre la compatibilidad de la gerente del IID puede tener otras repercusiones. Según técnicos de la administración pública consultados por este periódico, Castellano faltó a la verdad en el Pleno al decir que la solicitud tenía informes favorables del mes de julio, cuando ya había dos de nulidad, y del propio expediente elevado al Pleno se deduce una posible prevaricación administrativa.
Maniobras
En la propuesta, según las mismas fuentes, se vislumbra una maniobra de varios meses para llegar hasta un silencio administrativo positivo que beneficia a una persona de la confianza del consejero, cuyo nombramiento fue está cuestionado. De la literalidad del expediente se desprende que ha habido un intento de evadir la legalidad, resaltan.
Estos técnicos consideran que el responsable del Deportes ha actuado de forma temeraria, y punible, al dejar pasar el tiempo para favorecer la emisión de un certificado de silencio positivo y estimatorio cuando el acto es, a sabiendas, nulo. Y ha llevado la propuesta al Pleno sin un informe jurídico previo que la avale o que contradiga los dos informes negativos.
Desde mitad de julio existe un informe de asesoría jurídica y es desfavorable a la solicitud de compatibilidad, pero se tarda casi un mes en hacer una propuesta de acuerdo, que tiene fecha 9 de agosto, y que se queda encima de la mesa sin que nadie la firme hasta que la gerente pide la certificación de acto presunto con efecto positivo el 7 de septiembre. Por tanto, concluyen, el consejero dejó pasar dos meses para que actuara el silencio administrativo, sin hacer nada, a pesar de que tiene la obligación de tramitar los expedientes en plazo.
Respecto a la intervención del consejero en el Pleno, dijo que los informes eran positivos, cuando desde el 14 de julio no solo tenía los dos informes negativos de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, sino otro informe de una funcionaria interina, de 20 de julio, como jefa de Servicio de Asuntos Generales, denegando a la interesada su solicitud de compatibilidad para ejercer la abogacía.
¿Dónde están las llaves... matarile rile rile?
La tercera evidencia de que el consejero Norberto Francisco Castellano está abonado a la polémica llegó por una pregunta del portavoz del PP, Marco Aurelio Pérez, en referencia a una carta firmada por un grupo de trabajadores del Instituto Insular de Deportes (IID) en la que se denuncia que en el Pabellón Gran Canaria Arena de Siete Palmas se han cambiado cerraduras de despachos y dependencias para impedir el paso a unos clubes y facilitárselo a otros. Ante esa carta y esos hechos, que han generado un gasto al Cabildo, el consejero popular lanzó al gobierno una pregunta: «¿quién perdió las llaves?». El presidente Morales se apresuró a responder, entre risas, que él no las tiene, y recordó la canción infantil del «matarile rile rile, matarile rilerón» antes de reclamarle a Castellano que contestara él. Solo fueron dos cerraduras, aseguró, por cambios de despachos de entrenadores. Se desconoce si el presidente del Cabildo, al recordar la canción del «matarile», sabía que tiene su origen en la expulsión de los judíos en el año 1492. | J. M. N.
