El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria condena a la Asociación Mujeres Profesionales Maguada, presidida por la exalcaldesa y actual concejala por Nueva Canarias (NC) en Teror, Isabel Guerra, y a Fogasa al pago a una antigua trabajadora social de 8.810,39 euros, además de los intereses de mora, de la nómina de cuatro meses y el finiquito.
Isabel Guerra tiene varios frentes abiertos en los juzgados. De momento, el juez ha aceptado parcialmente una demanda que había interpuesto una trabajadora de la organización que nació para «promover la autonomía personal y ayuda a prevenir la dependencia de los mayores», y que ha recibido en dos años 304.000 euros de subvenciones públicas.
La resolución considera probado que la demandante había prestado servicios para el colectivo como trabajadora social. Y que desde el 1 de julio de 2021 al 30 de octubre de 2021 estuvo trabajando sin contrato de trabajo y sin estar dada de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo percibido en ese periodo 500 euros en concepto de kilometraje. Y se detalla que trabajaban en el proyecto Savia Viva, y que se haría «un cajón de horas», de modo que cuando el Cabildo pagara la ayuda se les abonaría.
El magistrado señala que la empleada «prestaba sus servicios de la misma manera en que lo hizo tanto con anterioridad como con posterioridad». Y que la entidad dirigida por Isabel Guerra obtiene un beneficio económico «consistente en el abono de una serie de importes destinados a retribuir a su trabajadores», entre los que se incluye la demandante.
Al existir un vínculo laboral, falla que debe abonarse el salario de los meses de julio a octubre, que suman 7.098,08 euros, además de la liquidación por 1.712,31 euros, que suman los citados 8.810,39 euros, además de los intereses.
Isabel Guerra puede recurrir el fallo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Como publicó en julio este periódico, la Fiscalía también considera que Isabel Guerra, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada y concejala por Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Teror, cometió un delito de fraude en las subvenciones al haber presuntamente utilizado el dinero que había recibido del Gobierno de Canarias para una serie de proyectos –en total, 128.618,97 euros– en otras actividades de la entidad que ya contaban con financiación propia, lo que habría generado un beneficio irregular.
El Ministerio Público, que recibió meses atrás una denuncia por los hechos, remitió a mediados de julio un decreto al Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria para que lo remita al Juzgado de Instrucción que le corresponda por turno y este inicie las diligencias previas de investigación.
