Tras el paso del ciclón tropical Hermine por Canarias, que se saldó sin incidencias graves ni daños personales, los planes de seguridad y emergencia con respecto a inundaciones han salido a relucir, ante la buena coordinación experimentada en el transcurso del 23 al 26 de septiembre
En el caso particular de Gran Canaria, los mayores riesgos por inundaciones de gran flujo están identificados en seis barrancos de la Isla. Estos han sido catalogados como áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi) de origen fluvial-pluvial tanto en el Plan de gestión de Riesgos de Inundación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, como en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (Peinca) del Gobierno autonómico.
Tal y como señala el jefe de sección de Planificación del Consejo Insular de Aguas, José Chirivella, las seis áreas de riesgo potencial han sido propuestas por la institución dependiente del Cabildo de Gran Canaria y se corresponden con determinados tramos de los cauces del barranco de Las Goteras (Telde-Las Palmas de Gran Canaria), el de El Balo (Agüimes) y el de El Polvo (Agüimes-Santa Lucía de Tirajana), los barrancos de Buenavista y Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) y el de Puerto Rico (Mogán). «Desde el Consejo se ha llevado a cabo un estudio de riesgos sobre la base de las inundaciones históricas registradas y las zonas potencialmente inundables, considerando también la variable del cambio climático, los planes de protección civil, las infraestructuras existentes, la salud humana y el medio ambiente», explica Chirivella.
Asimismo, los principales parámetros para establecer la categoría de riesgo grave o muy grave en estos cauces atienden al número de habitantes que podrían verse afectados; el tipo de actividad económica de la zona (infraestructuras comerciales e industriales, zonas de uso rural, etc.); los puntos de especial importancia, que incluyen instalaciones que puedan ocasionar contaminación accidental (estaciones depuradoras de aguas residuales, instalaciones fuente de emisiones industriales, gasolineras, etc.), elementos vulnerables de interés para labores de Protección Civil (centros o espacios de seguridad, sanidad, educación o concurrencia pública) y zonas o elementos de Patrimonio Cultural. Por último, también se tienen en cuenta para establecer el nivel de riesgo potencial las áreas protegidas por su importancia medioambiental, como las Zonas de Especial Conservación (ZEC).
Las Goteras
En el caso de este barranco, cuyo cauce discurre entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, desembocando en elValle de Jinámar, la longitud del área de riesgo es de 1,8 kilómetros y se prolonga por el Valle hasta la playa de Bocabarranco. Según las estimaciones del Consejo Insular de Aguas, en esta zona no habría habitantes afectados, pero los daños a la actividad económica alcanzarían los 2,6 millones de euros. Los puntos de especial importancia que anegaría la inundación serían la Biblioteca Pública Municipal Jane Millares Sall, el Complejo Deportivo Jinámar y la Noria de Jinámar, declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias.
El Balo
En este barranco, que desemboca en la zona del Polígono Industrial de Arinaga, el área de riesgo comprende 3,7 kilómetros y se corresponde con la zona por la que discurre el canal. En este caso, la población afectada ascendería a 102 habitantes y los daños económicos a más de cuatro millones de euros. Los puntos de especial importancia que sufrirían daños por la avenida serían el Parque de Bomberos del Consorcio de Emergencias insular, la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Sureste y las salinas de Arinaga, bien de valor histórico-artístico.
El Polvo
En este barranco, cuya desembocadura discurre a lo largo de 7,3 kilómetros por la frontera entre los municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, el cálculo de personas afectadas se eleva hasta 675 personas, dado que atraviesa un tramo de viviendas en Vecindario. En este Arpsi, los daños a la actividad económico serían de 32 millones de euros y los puntos de especial importancia afectados serían tres gasolineras y el mismo EDAR Sureste.
Buenavista
Este rehoyo tiene una área de riesgo de algo más de un kilómetro que cruza el entorno del centro comercial Bellavista, en San Fernando de Maspalomas. La población que podría verse afectada en este caso serían 47 residentes y el valor del año económico no superaría los 721 mil euros. Por su parte, los puntos de especial importancia se reducirían a dos superficies comerciales, el mencionado centro comercial Bellavista y el supermercado Lidl de la zona.
Maspalomas
El Arpsi de este barranco supera los 3,5 kilómetros de longitud, a lo largo del canal fluvial de la localidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana, y la población estimada en riesgo sería de 40 habitantes. La repercusión económica de una posible inundación en esta zona sería de cerca de 16 millones de euros y los puntos de interés la Ciudad Deportiva de Maspalomas, el skatepark público, el centro comercial Oasis y las ZEC medioambientales de las dunas de Maspalomas y los sebadales de Playa del Inglés.
Puerto Rico
Este último barranco tiene catalogada un área de riesgo potencial significativo de inundación de 1,2 kilómetros en su desembocadura, que atraviesa el núcleo urbano-turístico de la localidad moganera. Sin embargo, las estimaciones del Consejo Insular establecen una afección poblacional de solo 39 habitantes, pero unos potenciales daños económicos de más de cinco millones de euros. Las infraestructuras consideradas de especial importancia serían el centro comercial de Puerto Rico, así como el polideportivo, las piscinas públicas y la ZEC de la franja marina de Mogán.
Según el ingeniero técnico del Cabildo, en la catalogación de estos cauces ha influido más su proximidad a núcleos urbanos que las propias características orográficas o topográficas del terreno. «Estas características geomorfológicas son similares para todos los barrancos de cierta entidad en Gran Canaria. Todos tienen una parte inicial con una mayor pendiente, para alcanzar finalmente una zona de desembocadura que suele ser más llana, por lo que en ella el agua se ralentiza y la zona inundable natural se ensancha», detalla. Para Chirivella, es importante aclarar la inclusión del concepto ‘zona inundable natural’ porque, por la presión urbanística registrada en la Isla, gran parte de los cauces se encuentran canalizados artificialmente en la zona de desembocadura.
Velocidad del flujo y calado
El jefe de Planificación del Consejo Insular de Aguas explica que, en general, en Gran Canaria no es posible asociar un nivel o calado determinado a un riesgo específico por inundación, «aunque es cierto que existe una referencia por la que se considera que, a partir de un metro, los daños pueden ser importantes» en infraestructuras, terrenos rurales y otros espacios.
Sin embargo, más que considerar el calado como principal elemento de riesgo potencial, el problema en el caso de grandes flujos de avenidas de agua es la combinación de calado y de velocidad. «Gran Canaria tiene una pendiente media del 9%, una inclinación bastante elevada que provoca que las avenidas tengan, en zonas de pronunciada pendiente, altas velocidades de flujo», indica el ingeniero, que podrían causar grandes destrozos por la capacidad de arrastre en los seis barrancos.
En cualquier caso, el problema de esas áreas de peligrosidad identificadas es su potencial para afectar, sobre todo, a núcleos urbanos en los que una inundación, «por poco calado que tenga, va a provocar una variedad de incidencias importantísima», inundando sótanos, garajes, bajos, portales, comercios y áreas medioambientales, entre otros, con la consiguiente afección desde el punto de vista social y económico.
