Los últimos locales de Metro aún no han sido notificados de la declaración de ruina del centro comercial

Los locales comerciales y de restauración del Centro Comercial Metro de Playa del Inglés que desde 2012 han permanecido abiertos desde que cerró el resto del centro comercial continúan todavía con sus puertas abiertas a pesar de que el área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana emitió el pasado 28 de septiembre el decreto en el que declaró la situación de ruina del edificio y ordenó a sus propietarios la demolición del inmueble. Y la razón, explica Marko Lemansky, uno de los empresarios que todavía permanece con su local operativo y presidente de la Junta de Propietarios, es que el Consistorio todavía no ha notificado por escrito a ninguno de los establecimientos esa declaración de ruina. «Sabemos lo que ocurre por la prensa, pero seguimos sin estar notificados». Y eso que el decreto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 7 de octubre, hace ya 10 días, pero hasta el pasado viernes no habían recibido documento alguno. No obstante, y a la espera de que le llegue, no descarta futuras acciones judiciales para frenar la demolición del centro comercial.

Se trata tres restaurantes, una perfumería y un estudio de fotografía, cinco establecimientos que se ubican en la planta más alta del edificio, hacia la Avenida de Italia y la calle Marruecos, que además se han agrupado bajo una misma asistencia letrada para, cuando sean notificados, actuar de forma conjunta para intentar mantener el edificio en pie. También hay un supermercado. El centro tiene en total 115 propietarios.

«Solo está abandonado»

A pesar de los informes técnicos municipales que avalan la situación de ruina del edificio, y aunque reconocen que el centro está en mal estado de conservación, los cinco propietarios que aún siguen trabajando en este espacio consideran que «solamente está en estado de abandono, pero en ningún momento estamos en ruina técnica ni económica; así que al estar abandonado solo basta con afianzarlo y se puede rehabilitar sin problema, pero no demolerlo», según señala Lemansky.

«Con la ruina se favorece a unos pocos propietarios y el resto a la calle y pagando el derribo»

El empresario critica que la declaración de ruina ahora decretada la solicitasen «unos pocos propietarios que además de que no pagan la comunidad y deben grandes cantidades de dinero, nos impiden a la Junta que actuemos, así que estamos en una situación en que no sabemos por dónde salir». «Con la declaración de ruina, el Ayuntamiento está favoreciendo a unos pocos empresarios mientras que el 90% se irá a la calle y encima pagando por demoler su propiedad, y esto no es normal», añade.

El presidente de la comunidad lamenta también que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana «en ningún momento» se haya dirigido a ellos para buscar una solución pactada. «Tienen la declaración de un juzgado donde dice que yo soy el presidente y nunca se han puesto en contacto conmigo». Desde hace seis años los propietarios están divididos entre la junta que dirigió un antiguo presidente que «no traspasa los papeles», y la que ahora dirige Lemansky, según denuncia, quien además critica que hay determinados empresarios del centro que están comprando otros locales para «especular» en el futuro proyecto cuando se modernice el espacio.

Este empresario alemán, cuyo negocio lleva en Metro desde 1976, apenas dos años después de su apertura, también carga contra el edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, a quien acusa de decir que todas las semanas llegan al Ayuntamiento inversores interesados en el centro comercial. «Con nosotros no se ha puesto en contacto ninguno», señala, «si demuelen el edificio aumenta el valor del terreno un 1.000%, pero ¿quién se beneficia de eso? Nosotros no, las grandes empresas».

El decreto emitido por Urbanismo otorga a los propietarios un plazo de dos meses a contar desde el 7 de octubre que se publicó en el BOP para presentar un proyecto de demolición del edificio, o en su caso será el Ayuntamiento el que lo derribe y luego lo cargará a los propietarios. Todavía no han sido notificados y no saben, dijo, qué acciones llevarán a cabo pero contra el decreto cabe interponer el recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o un contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. 

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