La aprobación de la ley trans ha desatado un fuego cruzado entre PSOE y Podemos, que han mostrado abiertamente sus desavenencias en los últimos días, pero también ha abierto una enorme brecha en el seno de las filas socialistas y del movimiento feminista. Los partidos de la coalición del Gobierno de España no han dudado en marcarse líneas rojas para negociar y en reabrir debates éticos que llevan años enquistados. El último tira y afloja se bregó por la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la norma. El PSOE coincidió con PP y Vox en la petición de retrasar la tramitación de la ley, una decisión que terminó con Carla Antonelli –primera mujer transexual elegida diputada en España– abandonando la militancia socialista.
El principal punto de fricción es el reconocimiento a la libre autodeterminación de la identidad de género, es decir, que se pueda cambiar de sexo en el DNI con la mera declaración del interesado, sin necesidad de pasar dos años de hormonación y sin tener que presentar un aval médico, como se exige en la actualidad. Este trámite lo podrán iniciar los mayores de 16 años, pero quienes tengan entre 14 y 16 años deberán presentar la solicitud asistidos por sus representantes legales. Además, a partir de los 12 años ya se podrá reclamar el cambio de nombre. La ley vigente permite variar el sexo en el DNI sin que la persona haya pasado por el quirófano para una reasignación de sexo, pero es obligatorio contar con un diagnóstico de disforia de género.
Ante las discrepancias entre los socios de Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en garantizar a la comunidad LGTBI que su formación no admitirá ningún «retroceso en derechos» sobre el texto pactado previamente en el seno del Ejecutivo. «Tuvimos debates muy intensos, pero llegamos a un acuerdo para garantizar la libre autodeterminación de género y para reconocer el derecho de las infancias trans», ha señalado Montero, quien aseguró que «el compromiso es que se apruebe la ley antes de final de año y sin retroceso en derechos».
En las filas socialistas se ha desatado una batalla interna basada en diferencias ideológicas y, en parte, generacionales. Los dirigentes más jóvenes respaldan la norma, mientras que los veteranos la rechazan y temen que su aprobación les haga pagar un alto precio en la próxima cita con las urnas. Entre las principales voces críticas con la ley trans se encuentra la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
Problema de seguridad
El movimiento feminista más tradicional sostiene que el género no es una identidad, sino un rol social. Así, alegan que la ley trans supone un paso atrás en la lucha por la igualdad porque, a su juicio, afecta negativamente a los derechos de las mujeres y las desprotege jurídicamente. Este sector considera que si un hombre es considerado mujer solo por estar registrado como tal se ocasionaría un problema de seguridad, puesto que personas con sexo biológico masculino podrían acceder a espacios reservados a las mujeres.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se ha alineado con las feministas que piden la retirada de la ley trans. En su opinión, la norma «es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres y la infancia, y que se toma a broma los principios básicos de la dignidad humana».
Ahora, el objetivo es concretar las enmiendas a la norma cuanto antes y firmar un acuerdo entre los socios de coalición del Gobierno y los grupos parlamentarios, para poder iniciar los trámites necesarios para su aprobación. La idea es que la ley trans logre el visto bueno antes de que termine el año, tal y como planteaba Podemos y el Ministerio de Igualdad.
