Policías locales obligados a ejercer de secretarios y tesoreros municipales; interventoras que trabajan en varios ayuntamientos al mismo tiempo o vienen desde la Península unos pocos días al mes; alcaldes desesperados porque no pueden tramitar un proyecto o solicitar una ayuda de la Unión Europea; nóminas y facturas que no se pagan porque falta una firma.
En resumen, parálisis de las administraciones locales canarias porque los funcionarios con la categoría de habilitado nacional prefieren quedarse en sus provincias de origen. Además, los pocos que aceptan venir a trabajar al Archipiélago buscan enseguida los puestos más cómodos y con mayores sueldos, que son los de los cabildos y las grandes ciudades.
Que en Canarias el 56% de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería permanezcan vacantes refleja la dimensión del problema que tienen los pequeños y medianos ayuntamientos isleños para gestionar el día a día. Incluso municipios grandes, como Telde o San Bartolomé de Tirajana, han sufrido recientemente esa carencia de habilitados nacionales, lo que ha llevado a los regidores a reclamar al Estado que flexibilice las condiciones para ocupar esos puestos y a tener en cuenta la insularidad y la lejanía a la hora de cubrir esas plazas de funcionarios.
«Estamos hablando de figuras esenciales para el funcionamiento de la administración, pues son los que garantizan la seguridad jurídica, llevan el control económico-financiero y otorgan la fe pública», recuerda la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, que hace dos semanas vio paralizada la actividad de su ayuntamiento por la ausencia de un interventor.
Acumulación de tareas
Hernández explica que la escasez de habilitados nacionales es general en toda España, pero en Canarias «tiene una especial incidencia» y se ha agravado desde el año 2018, tras la aprobación de un Real Decreto que limita la acumulación de tareas de esos funcionarios y restringe su sustitución provisional por otro tipo de funcionarios.
En el caso de los interventores municipales, apunta la regidora teldense, «además son claveros, es decir, una de las tres firmas que son necesarias para mover cualquier documento con componente económico, como el pago de facturas o de nóminas». Por tanto, la falta de la rúbrica de un interventor «supone la parálisis, pues no se pueden dar servicios esenciales, como tampoco contratar obras ni acudir a la convocatoria de ayudas de otras administraciones».
Hernández señala que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) lleva años analizando este problema y, por la información recibida desde el Estado y Gobierno autónomo, opina que «es un dato bastante elocuente que más de la mitad de los puestos existentes estén vacantes».
Los ayuntamientos pequeños no pueden competir en sueldos con los cabildos y las grandes ciudades
Una de las razones es que a esas plazas se accede por unas oposiciones muy duras, a las que se presentan pocos canarios, y los peninsulares que las aprueban no tienen a las islas entre sus destinos preferentes. La mayoría de los que obtienen plaza se quedan en sus lugares de residencia o en alguna provincia cercana.
No obstante, hay excepciones. Incluso se dio el caso de una funcionaria de la Comunidad Valenciana que acumuló también la secretaría y la intervención del Ayuntamiento de Valleseco. «Trabajaba telemáticamente y venía una semana al mes», relata Dámaso Arencibia, alcalde de ese municipio grancanario, uno de los que más ha sufrido la falta de ese personal especializado.
Arencibia sostiene que también existe «una competencia insana» por parte de los ayuntamientos grandes y los cabildos, que tientan con mejores salarios a los habilitados que ya trabajan en las islas. A partir de 2018, en que solo se pueden simultanear dos puestos, ha habido una continua movilidad en busca de mejores salarios.
Según denuncian sus alcaldes, los consistorios pequeños y medianos no pueden pagar los sueldos que ofrece el Cabildo o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a veces superiores a los 100.000 euros anuales. Así, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabajan actualmente media docena de secretarios e interventores, unos de titulares y otros de adjuntos.
Aparte de las ventajas de vivir en la capital, esos habilitados nacionales disponen de un amplio equipo de funcionarios que les facilitan el trabajo. «Si ya no quieren ni venir a Canarias, a ver quién va a querer trabajar en un municipio pequeño de la cumbre, realizando todo el trabajo y por la mitad del sueldo», ironiza uno de los ediles.
Los regidores piden más flexibilidad al Estado para poder cubrir esas plazas de forma provisional
Ante la escasez de funcionarios, estos ayuntamientos van resolviendo esas carencia como pueden. Algunos secretarios acumulan varios ayuntamientos, por ejemplo los Telde y Agaete, o los de San Bartolomé de Tirajana y Valsequillo. Antes se podían simultanear hasta cuatro administraciones distintas, pero el Real Decreto de 2018 lo limita a dos y además endurece las condiciones para que los ayuntamientos cubran esas plazas de forma provisional con funcionarios propios.
La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias tiene la competencia para autorizar los nombramientos de interinos, pero, según los alcaldes, exige una terna de candidatos y en muchas ocasiones rechaza todos los nombres que se proponen.
La Fecam ha solicitado al Gobierno autónomo que traslade a Madrid una petición para que se modifique la normativa y que se tengan en cuenta las singularidades canarias de la lejanía y la inseguridad. Según Carmen Hernández, entre las posibles modificaciones que se plantean están las de suprimir la exigencia de que para conferir nombramientos provisionales a habilitados deben permanecer dos años en el último puesto obtenido con carácter definitivo; permitir más acumulaciones; suprimir la exigencia de que se trate de un funcionario de categoría A-1 para los nombramientos accidentales; suprimir el límite de 1.000 habitantes para conferir comisiones circunstanciales; y permitir nombramientos de funcionarios interinos.
Insularidad
«Canarias -añade la propuesta de los alcaldes- constituye un territorio insular, con una peculiar condición de lejanía que, unida a una insuficiente oferta de empleo público por las administraciones competentes, ha causado una especial dificultad para la provisión ordinaria de los puestos de trabajo reservados, con un elevado número de vacantes en ambas provincias, que alcanza una tasa del 56% del total de puestos existentes, cuya sola mención muestra la gravedad del problema».
El problema, resalta la alcaldesa de Telde, «se ha agravado a causa de la elevada temporalidad del empleo público, por las restricciones acaecidas durante esta última década, que han provocado que en numerosos ayuntamientos haya habido una imposibilidad constatada y prolongada para el nombramiento accidental de personal funcionario propio, que en ningún caso puede ser interino».
En la misma línea se quejan los regidores de La Aldea, Tomás Pérez; Valsequillo, Francisco Atta; Agaete, María de Carmen Rosario Godoy; o Tejeda, Francisco Perera. Coinciden en que al menos se deben flexibilizar las condiciones para contratar este personal, pues aseguran que los que sufren las consecuencias de la parálisis en los servicios básicos «son todos los ciudadanos».
Jefes de policía como secretario-interventor
Los ayuntamientos de Tejeda, Valleseco, Agaete y Valsequillo se han visto obligados en algún periodo de los últimos años a cubrir las plazas de secretario o interventor municipal con un agente de la Policía Local. Al ser funcionarios con plaza, los jefes policiales son los que tienen más opciones de ser autorizados por Función Pública para cubrir de forma accidental la falta de habilitados nacionales. En Tejeda aún se mantiene esa situación, explica el alcalde Francisco Perera, pero se ha conseguido que una persona aspire al puesto y ya está haciendo prácticas. En Agaete, según la alcaldesa María del Carmen Rosario, el jefe de la policía sigue de secretario sustituto porque el titular es compartido con Telde. En Valsequillo se logró contratar un habilitado, pero al poco tiempo solicitó el traslado a San Bartolomé de Tirajana y se ha llegado con él para acumular las dos plazas. «Aquí solo puede estar unas horas a la semana, no tiene dedicación total, que sería lo deseable», lamenta Francisco Atta. | J.M.N.
