El funcionario de San Bartolomé de Tirajana denunciado por la Fiscalía obvió informes de Costas y Turismo

Antonio Santana Reyes, el funcionario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana denunciado por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación urbanística, informó favorablemente la licencia de obra mayor en el complejo de apartamentos TenSuites, en la urbanización del Oasis de Maspalomas, sin disponer de las autorizaciones previas de la Demarcación de Costas o del Patronato de Turismo de Gran Canaria, exigidas en el momento en que el Pleno del Consistorio sureño aprobó el permiso para rehabilitar el edificio, el 10 de abril de 2018.  

Con esa licencia municipal, la sociedad propietaria del inmueble, Residence Canarias Property Development SL, reformó los bungalows y construyó nuevas instalaciones, como un restaurante-mirador en la azotea del edificio, un ascensor o un montacargas, lo que según la querella del fiscal «contraviene la legalidad urbanística». De hecho, la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias sancionó a la empresa con una multa de 31.457 euros por una infracción administrativa grave.  

La Fiscalía Provincial de Las Palmas, según las fuentes consultadas, inició de oficio las indagaciones sobre ese funcionario municipal, en el expediente de investigación contra la corrupción y la criminalidad especial organizada número 33/2022, en el que se han personado con posterioridad varios vecinos del Oasis que se consideran afectados por las actuaciones Santana Reyes y de los propietarios de TenSuites. 

La portavoz de estos vecinos, Carmen Bringas Zabaleta, ha criticado este miércoles «la inacción» del Ayuntamiento ante estos hechos, pues entiende que el establecimiento TenSuites está funcionando sin la autorización del Patronato de Turismo. 

Irregularidades

Eso ha sido posible, a su juicio, porque los responsables municipales y los propietarios «han estado jugando» con las fechas de las obras y las solicitudes para eludir la preceptiva autorización de ese organismo del Cabildo. También sostiene que se ha cambiado de forma irregular la modalidad, de extrahotelera a hotelera. 

La Consejería de Turismo del Cabildo se ha desmarcado de los hechos denunciados por la Fiscalía y considera que las competencias sobre esas intervenciones en el Oasis de Maspalomas son del Ayuntamiento de San Bartolomé. Según un portavoz autorizado, el Consistorio sureño no se ha dirigido al Patronato para solicitar la licencia de actividad turística.  

La empresa sí comunicó «reformas en el establecimiento denominado TenSuites», en una instancia dirigida al Patronato. Lo hizo el 7 de febrero de 2022, cuando las obras ya estaban concluidas. Le respondió la jefa de la Oficina de Renovación y Establecimientos Turísticos el 24 de febrero de 2022. En esa contestación, se le transmitió a Residence Canarias Property Development que según el Artículo 6 sobre Tramitación simplificada de la Ley de Medidas urgentes de 2021 para el impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, «las actuaciones de renovación y modernización turística, incluyendo las que supongan incremento de volumen y aquellas que aumenten categoría o cambien de modalidad o tipología turística, que no tengan por objeto la materialización de nuevas plazas de alojamiento en el establecimiento objeto de renovación, no estarán sujetas al otorgamiento de autorización administrativa previa en materia turística, legitimándose en virtud de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa turística, a presentar ante el correspondiente cabildo insular».

Por tanto, añadía la respuesta de la responsable del Patronato, «estas actuaciones no estarán sujetas a intervención administrativa previa en materia de actividades clasificadas», aunque «se dejará constancia de la actuación en el expediente de razón aunque, como se indica, no procede la concesión de autorización». 

La empresa entiende que ese documento le habilita para iniciar la actividad turística tras la rehabilitación del complejo, pero los denunciantes no están de acuerdo y así lo han trasladado al Cabildo y a la Fiscalía, para que sus alegaciones se incorporen a la querella. 

En un escrito al Patronato de Turismo, del pasado 5 de diciembre, Carmen Bringas comparece en el expediente iniciado a instancias de la empresa y recuerda en primer lugar que la licencia de obras otorgada en abril de 2018 por el Ayuntamiento esta impugnada ante los tribunales por los vecinos Luis Pérez Cañón, Francisco Domínguez Siemens, Jorge Melián Doblado y por ella misma.

A continuación señala textualmente: «Habiéndose emitido por la Jefa de la Oficina de Renovación y Establecimientos Turísticos, informe de fecha 24 de febrero de 2022 haciendo constar que en el expediente de licencia municipal 1422/2017 resulta de aplicación la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, no resultando necesario la autorización previa de Costas para el otorgamiento de la licencia, manifestar nuestro total desacuerdo con base a que la licencia fue otorgada en abril de 2018 y el certificado final de obras es de octubre de 2021, no resultando de aplicación a dicha licencia la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, cuya entrada en vigor fue al día siguiente de su publicación en el BOE, lo que aconteció el 17 de febrero de 2022».

En uno de los escritos a la Fiscalía, los vecinos personados en el expediente sostienen que Santana Reyes «informó de manera favorable pese a ser conocedor y a sabiendas de las ilegalidades del proyecto, dando su visto bueno a que las cubiertas pasen de no transitables a transitables, y permitiendo usos en la cubierta no contemplados en el Plan General, como un solárium, piscina, y hasta un restaurante, creando un mirador, prohibido por el artículo 7 de las Ordenanzas particulares de la Urbanización El Oasis, pues computaría como una planta más del máximo de las permitidas». 

Un mirador

«Llama la atención», subrayan los denunciantes, «que un técnico municipal afirme que el cerramiento con cristalera de la cubierta no constituye un mirador, entendiendo que este debe tener techo y paredes, y que diga que desde hace más de 25 años la oficina técnica así lo entendió, otorgándose licencias en la Avenida del Oasis que permitía el acceso a las cubiertas y que las mismas fueran transitables, aunque dicha afirmación no ha sido acreditada aportando las señaladas licencias». 

Según ese escrito al fiscal, cuando los vecinos preguntaron Santana Reyes cuántas personas formaban la Oficina Técnica, «reconoció estar formada por una sola persona, él mismo, quien a la vista de lo hasta ahora expuesto se ha erigido en interprete del Plan General, en el soberano absoluto a la hora de conceder una licencia de obra mayor, hasta el punto de haber otorgado una licencia para levantar un Burger King en la antigua parcela de la Viuda de Franco, destinada por el Plan General a Casas Canarias».

Los vecinos afectados subrayan en esa comunicación a la Fiscalía que el funcionario «actúa con un asombroso descaro» y que comete «irregularidades constantemente al ser el único que informa los proyectos de obra mayor», sin que cuenten con informe jurídico que avale la legalidad de su actuación. 

A su juicio, además de la presunta prevaricación, también podría incurrir en un delito de cohecho, «porque en el caso del complejo de apartamentos del Oasis y en otros más, conseguía a cambio que contrataran a su constructora, que en el momento del comienzo de la obra tenía el nombre de Urban 2020 SL». 

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