Los ecologistas creen que el tren de Gran Canaria promoverá el uso del coche

La agrupación Turcón solicita que se vuelva a abrir el período de información pública y alegaciones para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos

Turcón Ecologistas en Acción estima que el proyecto para construir un tren interurbano entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas reducirá las opciones de transporte público en guagua en Gran Canaria y promoverá, por ello, el uso del vehículo privado.

Este es uno de los argumentos que la organización ecologista esgrime en las alegaciones que ha presentado a este proyecto de infraestructura ferroviaria ante la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria.

No obstante, ante la cantidad de ciudadanos afectados por el tren que considera que no están suficientemente informados, la entidad ha solicitado que se vuelva a abrir el período de información pública y alegaciones para que pueda ejercer sus derechos.

Estudio imposible

Turcón alega que el proceso inicial de información pública "no ha sido posible estudiar toda la documentación disponible a través de la página web donde estaba contenida para libre acceso".

En cualquier caso, y tras analizar y estudiar la mayor del expediente, la organización ha hecho trece argumentos para oponerse a este proyecto.

La entidad cree que "todos los objetivos que se pretenden alcanzar con el tren se pueden conseguir con alternativas, como carriles específicos y reservados para guaguas y transporte de mercancías en los tramos más conflictivos de la GC-1, especialmente al paso por el municipio de Telde, y reforzando y modernizando la flota de guaguas".

Así, afirma que el plan territorial que da soporte al tren de Gran Canaria "plantea viabilizar el tren interurbano a costa de reordenar el servicio de guaguas, eliminando o reduciendo las líneas que puedan entrar en competencia con él" y destaca que, a pesar de este proyecto, se sigue proyectando la tangencial de Telde.

Evaluación inadecuada

Además, argumenta que el estudio de impacto ambiental "no evalúa adecuadamente el impacto sobre el patrimonio que supone al suelo agrícola productivo o potencialmente productivo, su valor socioeconómico y paisajístico e infraestructuras asociadas, y tampoco evalúa la influencia que la fragmentación del territorio puede tener sobre esta actividad económica".

Turcón entiende que el tren proyectado produce una importante afección por ruidos a su paso por zonas urbanas, especialmente en el valle de Jinámar, afecta al Bien de Interés Cultural del barranco de Silva y a la ermita de Santa Rita en Ojos de Garza, además de no existir un estudio de su impacto sobre la estabilidad de la red eléctrica insular.

Igualmente, considera que amplía su impacto ambiental sobre el territorio con un parque eólico de 26 megavatios en el entorno del Roque Aguayro y la montaña de Majadaciega, ya afectada por otros parques eólicos.

Restricción de guaguas

Los ecologistas subrayan que el documento a información pública "propone una estrategia para intentar viabilizar el tren restringiendo el servicio de guaguas, con lo que los usuarios del servicio público verán reducidas sus opciones, mientras que el vehículo privado no sufrirá ninguna restricción".

El tren se plantea como un medio para mejorar la calidad del servicio público de transporte y su participación en el principal eje de comunicación de la isla y para proporcionar una mayor y mejor accesibilidad a la población a sus lugares de trabajo y a los servicios, "pero ello se hace a costa de eliminar líneas y disminuir la frecuencia de las guaguas en el mismo corredor para que los usuarios cautivos se vean obligados a tomar el tren si quieren usar el servicio público", critican los ecologistas en un comunicado.

Falta de transparencia

La presidenta de Turcón, Consuelo Jorges López, asegura que "todo ello tendrá consecuencias negativas para el ciudadano de a pie, que vivirá normalmente alejado de las estaciones de tren, y que necesita la guagua como medio más versátil, seguro y rápido en la actualidad y que, además, aprovecha infraestructuras ya existentes sin necesidad de ocupar nuevo suelo".

La organización augura que, además, el servicio de guaguas se verá seriamente afectado en su viabilidad económica futura o en el encarecimiento de los servicios que queden disponibles.

Por todo ello, Turcón concluye que "el proyecto está al servicio de una decisión política poco transparente en la cual no vienen motivadas las razones que justifican un despilfarro 1.600 millones de euros del año 2009, que se convertirán en cualquier cantidad superior, dadas las indeterminaciones en gasto de expropiaciones y aumentos de precios previsibles".