Cabildo | Los presupuestos insulares

El interventor pone reparos al pago de 77,7 millones en centros de menores

El presidente del Cabildo ha levantado 66 objeciones del órgano fiscalizador en los últimos siete años | Morales dicta una nueva Instrucción a los funcionarios

Pleno del Cabildo de Gran Canaria en la última sesión ordinaria del mes de enero. | | DAVID DELFOUR

Pleno del Cabildo de Gran Canaria en la última sesión ordinaria del mes de enero. | | DAVID DELFOUR / Jesús Montesdeoca

La Intervención General del Cabildo de Gran Canaria ha puesto reparos suspensivos en los últimos siete años a los pagos de los centros de menores, por un importe total que ya ascendía a 77,7 millones de euros a mediados del pasado mes de diciembre. Esos reparos del interventor, José Juan Sánchez Arencibia, han sido levantados por el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, al igual que las objeciones a otros muchos desembolsos realizados por los demás departamentos de la corporación insular.

Entre el 30 de marzo de 2016 y el 20 de diciembre de 2022 se han formulado 66 reparos en los pagos a las asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones que gestionan las instalaciones de acogida, por una cuantía total de 77.756.026,17 euros, según se detalla en un documento de la Intervención General sobre los reparos en esos centros de atención de menores. Las razones para emitir informes desfavorables en todos los casos se refieren a «la inadecuación del procedimiento seguido en su contratación».

El aumento de los reparos levantados por el presidente en los últimos años, un hecho criticado por los grupos de la oposición del Cabildo por convertir en una práctica habitual lo que debería ser una excepción puntual en el pago de facturas, ha llevado a Morales a emitir un decreto, de fecha de 20 de diciembre de 2022, por el que se aprueba una nueva «Instrucción para determinar el procedimiento a seguir en el supuesto de expedientes, actos administrativos o contratos, de los que pudieran derivarse obligaciones económicas frente a terceros y en los que se advierta la omisión de la función interventora o la concurrencia de un vicio de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho».

Un informe de Sánchez Arencibia reconoce contratos «inadecuados» desde hace 13 años

Esa nueva Instrucción del presidente han generado «desconcierto» entre algunos funcionarios, según aseguran fuentes de los trabajadores, pues se realiza «a propuesta conjunta» de los consejeros de Presidencia, Teodoro Sosa, y de Hacienda, Pedro Justo, previo informe favorable de la Asesoría Jurídica del Cabildo, pero no consta la participación en ese decreto del departamento de Intervención General.

Los empleados públicos temen que las posibles responsabilidades sobre los levantamientos de reparos no recaigan a partir de ahora sobre los miembros del gobierno insular, sino sobre los funcionarios que firmen los informes de contradicción para poder pagar esas facturas, habitualmente los jefes de Servicio o los gerentes de cada departamento.

Igualmente, los principales grupos de la oposición en el Cabildo, PP y UxGC, también han mostrado su «sorpresa» al conocer el contenido del decreto y creen que los funcionarios tienen motivos para recelar del incremento anual del número de reparos por irregularidades en los expedientes de contratación.

Suspensivo

Así, en el informe del último reparo del interventor «en relación con el reconocimiento de obligaciones derivadas de la gestión de los centros de atención a menores con diversas asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones», de fecha 22 de diciembre de 2022, el interventor general del Cabildo señala que «el 30 de marzo de 2016 formuló reparo suspensivo», basado en lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, «respecto del reconocimiento de obligaciones en favor de diversas asociaciones y fundaciones, en concepto de emergencia, prórroga y sobreocupación de plazas en la gestión de los centros de atención a menores en el primer semestre del año 2016, con cargo a las aplicaciones presupuestarias denominadas Convenio Acogimiento de Menores Ongs y Contratos de Gestión Centros de Menores».

El interventor recuerda en ese informe que desde marzo de 2010, hace ya casi 13 años, «a la vista de un estudio realizado sobre la naturaleza jurídica de gestión, informó desfavorablemente la primera prórroga de los convenios suscrito, considerando que la naturaleza jurídica de la relación a entablar con las entidades sin ánimo de lucro para la prestación de los comentados servicios es, indudablemente, la propia de un contrato».

Los organismos con más reparos de la Intervención son el IASS, Deportes, el Cabildo y Turismo

No obstante, detalla Sánchez Arencibia, hasta la tramitación y definitiva adjudicación de los preceptivos contratos «se ha venido prorrogando la vigencia de los convenios hasta una fecha muy reciente» por parte del Servicio de Política Social (y posteriormente desde la Consejería de Política Social y Accesibilidad) o realizando nuevas adjudicaciones siguiendo la tramitación de emergencia, que se mantiene posteriormente en el tiempo».

Sobre el estado de tramitación de este expediente, el interventor indica que el Consejo de Gobierno del Cabildo acordó el 3 de octubre de 2022 «no continuar con la tramitación del procedimiento de contratación de la Gestión de 36 Hogares de Acogimiento Residencial para Menores en situación de desamparo o guarda en la isla de Gran Canaria distribuidos en 18 lotes, dejando en consecuencia sin efecto» un anterior acuerdo del propio gobierno insular, del 6 de julio de 2020, «por el que se encomendó al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) la tramitación de dicho expediente».

Contratación

Igualmente, el gabinete de Morales acordó «sustituir dicha contratación» mediante el impulso por parte de Consejería de Política Social de la celebración de los conciertos oportunos, a la vista de un Decreto de 2021 por el que se aprueba el Reglamento del Concierto Social en el Ámbito de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El informe del interventor añade que «transcurrido un periodo de trece años desde la primera prórroga en 2009, de la situación actual del expediente se deduce que la contratación de la gestión de la mayor parte de los centros ha vuelto a iniciarse (en este caso, a través de la figura del concierto social) y sigue, por tanto, sin culminarse».

En el reparo número 66 del listado que figura en un anexo, por valor de 1,54 millones, el interventor señala que después de emitidos los 65 reparos precedentes, la Consejería de Política Social «propone nuevas obligaciones, por el mismo concepto (gestión de centros de acogimiento residencial) aunque referidas a otro periodo, importe y tercero que las obligaciones objeto del inicial reparo».

«Por tanto», concluye, «toda vez que estas obligaciones se encuentran en las mismas circunstancias de las que fueron objeto de los anteriores reparos y exigen idéntico informe desfavorable debido a las razones citadas en el mismo, que se refieren a la inadecuación del procedimiento seguido en su contratación, es por lo que igualmente se formula reparo suspensivo del reconocimiento de dichas obligaciones».

En el anexo que enumera los 66 reparos se detalla que cuatro de ellos corresponden al año 2016, seis a 2017, cinco a 2018, siete a 2019, 17 a 2020, 14 a 2021, y 13 a 2022.

La oposición del Cabildo ha criticado en los últimos años el aumento «exponencial» de los informes desfavorables del interventor, pues entiende que el levantamiento de reparos se ha convertido en una práctica habitual, cuando en realidad está pensada solo para aquellos casos en que existe un enriquecimiento irregular del Cabildo por sus problemas administrativos internos y, por tanto, se genera un perjuicio a las empresas que ya han realizado los servicios contratados.

En año 2021, el presidente Morales tuvo que levantar 520 reparos por un valor total de más de 60 millones de euros, frente a los 410 del año 2020, los 384 del año 2019, los 179 de 2018, y los 140 reparos de 2017. Los organismos con más informes desfavorables de ese año fueron el IASS, el Instituto de Deportes, el propio Cabildo y el Patronato de Turismo.

El PP y UxGC, por boca de sus portavoces Marco Aurelio Pérez y José Miguel Bravo de Laguna, respectivamente, consideran que es un reflejo de «mala gestión» y de «falta de dirección política» por parte del presidente Morales, pues en el caso contrario hay consejerías del gobierno tripartito que no tienen ningún reparo o solo algunos puntuales.

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