Desalojan 14 viviendas ocupadas hace nueve años en Castillo del Romeral

Sentado en la esquina de un sofá que ha descargado sobre la acera, Jonathan Abrante, de 41 años, reflexiona sobre qué va a ser de su vida, al menos en los próximos días. Y lo hace minutos después de sacar de la casa que ocupó hace nueve años sus sillones, una bicicleta, su ropa y hasta las ventanas. «Ahora toca buscarse la vida, dormiré debajo de un puente, no me queda otra, una mantita y listo», sostuvo. La casa en la que vivían Jonathan y su pareja forma parte de las 14 viviendas ocupadas en Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, que fueron desalojadas este miércoles tras un procedimiento de ejecución hipotecaria tramitado por una entidad bancaria en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria en 2016. El desalojo afectó a unas 36 personas; unas tienen otra alternativa pero otras no, y el Ayuntamiento ya está en conversaciones con el Gobierno canario para encontrar soluciones.

Desalojo en Castillo del Romeral

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La ocupación de estas viviendas se remonta a los años 2014 y 2015, cuando un grupo de vecinos de Castillo del Romeral se organizó para acceder a las casas de un edificio que por entonces llevaba 10 años abandonado, según explicaron varias de las personas desalojadas, después de que la constructora quebrase y el edificio pasase a manos del banco. En ese tiempo el inmueble fue desvalijado por personas de otros barrios, según los vecinos, hasta que este grupo se unió y documentación en mano se presentó en la comisaría de Policía para identificarse y avisar de que entrarían en esas viviendas abandonadas.

Entraron y las arreglaron, convirtiéndolas en su hogar. Hasta que este miércoles una comisión judicial del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé de Tirajana, encargado de ejecutar la salida, acudió al edificio y desalojó 14 viviendas, según informó el TSJC, de las 18 ocupadas en el edificio de 28 viviendas, según refirieron los vecinos. Quedaron cuatro ocupadas que no se incluían en el procedimiento y en las que residen familias con hijos.

El Ayuntamiento asegura que desconocía la situación y ya está gestionando con el Gobierno canario la búsqueda de una solución para los vecinos que no tienen otra alternativa habitacional

Sobre las 09.30 horas, en la calle Juan de la Cosa de Castillo del Romeral se desplegó un amplio dispositivo de seguridad conformado por más de 50 agentes de la Policía Nacional para garantizar el orden durante un desalojo que se produjo sin incidencias, salvo algún conato de discusión fruto de los nervios de los vecinos.

Algunos de los residentes ya habían vaciado las casas días antes e incluso ya se habían marchado, pero otros apuraron hasta el último momento para sacar sus pertenencias. Y en la calle los ánimos estaban por los suelos. Acaymo, de 25 años, vivía en una de estas viviendas con su hermano desde hacía cuatro años, pero la había ocupado su padre cinco años atrás. El joven se mostró «impactado» porque, según explicó, por la mañana la comisión judicial le dijo que podía quedarse dentro de la vivienda mientras practicaban los otros desalojos. «Pero luego la Policía echó la puerta abajo con un mazo y nos pusieron contra la pared», señaló. Llegó a pedir ayuda al Ayuntamiento para regularizar la situación y pagar por la vivienda, pero nunca obtuvo solución alguna. Ahora espera que algún amigo le ofrezca un techo de forma temporal.

Otro de los vecinos de este edificio residencial, Teófilo Guedes, de 55 años, cargaba este miércoles con sus bolsas y con su perro para no sabía dónde. «Ahora a buscarme la vida», relató minutos después de abandonar la vivienda con un buen trato por parte de los agentes. No tiene otra residencia ni dónde ir, y esperaba conocer si un amigo finalmente podría prestarle una casa.

Sobre las 12.15 horas y después de haberse instalado puertas blindadas en cada una de las casas desalojadas, comenzó el repliegue policial y los pocos vecinos que todavía quedan residiendo en el edificio pudieron volver a sus casas. Una de ellas fue Aurora Rivas, cuya vivienda, explicó, no estaba dentro de este procedimiento judicial. Pero eso no impidió que mostrase su vena más reivindicativa para reclamar que estas viviendas sean para las personas que las estaban ocupando. «Todos necesitamos una vivienda digna, y mientras que quedemos varios vecinos dentro no pueden tapiar el portal y podremos seguir luchando», afirmó.

Consultado por la situación a la que se enfrentan ahora estos vecinos, el edil de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana, Antonio Pérez, explicó que el Consistorio se enteró de este desalojo por la prensa y que no tenía conocimiento puesto que ninguno de los vecinos había avisado a la Corporación de que iba a ser desahuciado. «El año pasado, desde Vivienda y Servicios Sociales presentamos informes para evitar que se produjeran más de 80 desahucios, pero en este caso ningún vecino solicitó ayuda, no hemos podido actuar a tiempo y nos hemos encontrado con esta desagradable situación», sostuvo. El concejal señaló que el Ayuntamiento ya está en contacto con el Gobierno canario para ver si hay viviendas disponibles para estos vecinos.

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