Cabildo

Acuerdo urgente en Salto del Negro para evitar daños al medio ambiente

El Cabildo insta al Ayuntamiento y a la UTE de los vertederos a continuar con el tratamiento de líquidos y de lodos de depuradoras por riesgos a la salud pública

Vertido de residuos domésticos en el Ecoparque del Salto del Negro.

Vertido de residuos domésticos en el Ecoparque del Salto del Negro. / JUAN CARLOS CASTRO

El Ecoparque del Salto del Negro quedaría bajo «amenaza inminente» de daños medioambientales y a la salud si se cumplieran los requerimientos del Gobierno de Canarias respecto a la eliminación de los líquidos procedentes de las basuras, lo que ha obligado al Cabildo a instar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la UTE que gestiona los residuos a que continúen con el tratamiento de los lixiviados y de los lodos de depuradoras porque, en caso contrario, se generaría un «riesgo grave» de desbordamiento de los depósitos y el corrimiento del talud del vertedero.

Las discrepancias entre la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno autonómico y el Cabildo sobre la forma de eliminar los residuos líquidos del vertedero del Salto del Negro ha obligado a la institución insular a aprobar un expediente de responsabilidad medioambiental para eludir esos requerimientos, pues entiende que el daño medioambiental sería mayor.

El Consejo de Gobierno Insular abordó en su reunión del miércoles la «situación insostenible» del complejo medioambiental de la capital, generada por la «inacción por parte de las administraciones competentes para resolver los procedimientos iniciados por el Cabildo con el objetivo de contar con las autorizaciones necesarias para normalizar dicha gestión», según se refleja en el expediente de responsabilidad medioambiental aprobado por el gabinete de Antonio Morales a propuesta de Inés Jiménez, consejera insular de Medio Ambiente.

Jiménez elevó ese expediente tras recibir un informe técnico en el que se advierte de las consecuencias para el Ecoparque Norte en caso de acceder a los requerimientos de la Inspección Ambiental del Gobierno autonómico, así como de las posibles medidas a adoptar. El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye cinco puntos, tres para instar a otras entidades a a intervenir y dos para comunicar lo aprobado a las administraciones afectadas.

El expediente de responsabilidad ambiental es una figura normativa relativa para evitar daños medioambientales, que dispone que ante una amenaza inminente el operador de la actividad debe adoptar las medidas preventivas apropiadas, sin necesidad de advertencia, requerimiento o de acto administrativo previo.

En el informe técnico, suscrito el pasado 13 de febrero por la ingeniera industrial, la técnico de Administración General y la Jefa del Servicio de Residuos «describe los antecedentes de la gestión de los lixiviados y el clarificado producidos mayoritariamente por el tratamiento de los lodos de las estaciones depuradoras de aguas residuales en el Ecoparque Gran Canaria Norte, y se pone de manifiesto la situación de inacción por parte de las administraciones competentes», señala el acuerdo.

Además, «se describe la situación grave y generalizada de salud pública, que se produciría en toda la isla, de forma inminente, si se diera cumplimiento a las exigencias que la Inspección Ambiental del Gobierno de Canarias impone al Cabildo, provocando una situación insostenible tanto en el Ecoparque Gran Canaria Norte, por riesgo grave de desbordamiento de los depósitos de lixiviados y de corrimiento del talud del vertedero, así como en las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas (EDAR) de los ayuntamientos que mantienen dicha competencia (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mancomunidad del Sureste y San Bartolomé de Tirajana) y del Consejo Insular de Aguas (en el resto de municipios en que se ha delegado esta competencia local al organismo insular), al verse obligadas a evacuar dichas aguas sin tratar (ya sea al mar a través de los emisarios submarinos o al dominio público hidráulico) incumpliendo la normativa de aplicación y con riesgo grave de impacto ambiental al medio natural receptor de las mismas y se detalla el estado de la tramitación de los diferentes autorizaciones administrativas solicitadas a que darían cobertura a las medidas de evitación propuestas».

Acuerdos

Por tanto, como primer acuerdo se insta a la entidad municipal de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, operador de la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR) de Barranco Seco «para que continúe con el tratamiento de los lixiviados del Ecoparque Norte, objeto del procedimiento de solicitud de la autorización de gestor de residuos no peligrosos iniciado por Emalsa ante la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias.

En el segundo punto se insta a la UTE Complejo Ambiental Salto del Negro, operador del Ecoparque Norte, «para que continúe con el tratamiento de lodos de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de la isla de Gran Canaria en las condiciones previstas en la Autorización Ambiental Integrada».

El tercer acuerdo es instar al operador del Ecoparque Norte, para que para que continúe con el vertido a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las condiciones consensuadas con el operador de la misma (Emalsa), que son objeto del procedimiento iniciado de modificación de la autorización de vertido de la red de saneamiento ante el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El cuarto punto es «comunicar el acuerdo, de forma inmediata, a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, como autoridad competente a los efectos de la aplicación de la Ley 26/2007 y en cumplimiento de su artículo 17.4., así como a los efectos de su competencia para conceder la autorización de gestor de residuos».

Por último, también se comunica de forma inmediata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, titular de la competencia de los servicios públicos de saneamiento y depuración de aguas residuales en su municipio y al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, competente en las autorizaciones de la depuración de aguas residuales y de vertido a la red de saneamiento.

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