Medio Ambiente | La gestión de los vertederos

El Gobierno alertó desde hace un año de los incumplimientos en el Ecoparque del Salto del Negro

El Cabildo achaca los requerimientos de los inspectores de Medio Ambiente a retrasos burocráticos del Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento capitalino

Vista de las plantas de tratamiento de residuos del ecoparque del Salto del Negro

Vista de las plantas de tratamiento de residuos del ecoparque del Salto del Negro / Juan Castro

Los inspectores de Medio Ambiente del Gobierno autonómico advirtieron desde hace un año al Cabildo de Gran Canaria de los incumplimientos en la gestión de los residuos líquidos del Ecoparque del Salto del Negro. El pasado mes de enero, al comprobar que el vertedero y las plantas depuradoras seguían funcionando sin las correspondientes autorizaciones para el tratamiento de lodos y lixiviados, esos técnicos de la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo canario emplazaron al cese «inmediato» de las operaciones, lo que ha obligado al gobierno insular a iniciar un Expediente de Responsabilidad Medioambiental para eludir dichos requerimientos y continuar con el vertido de esos líquidos hacia la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Barranco Seco.  

El gabinete de Antonio Morales ha tomado esa decisión porque considera que el cumplimiento de los requerimientos del Gobierno de Canarias generarían un problema medioambiental aún mayor, pues dejarían al vertedero del Salto del Negro en una «situación insostenible», con grave riesgo para la salud pública en toda la isla porque en ese complejo se depositan los residuos de los municipios del norte y el centro. 

Los técnicos del Gobierno canario ven una «desviación relevante» de la autorización

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo achaca las discrepancias con el Gobierno regional a «un problema burocrático» en la tramitación de las autorizaciones a las depuradoras para tratar los lixiviados procedentes de los vertederos. Según explicaron técnicos de ese departamento, la elaboración de los informes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Consejo Insular de Aguas, un organismo dependiente del propio Cabildo, se han retrasado por falta de personal y por gran carga de trabajo de los funcionarios. Aunque los permisos a las depuradoras para tratar esos líquidos los concede el Gobierno autónomo, necesita de los documentos previos de esas dos instituciones.

Salud pública

El Cabildo, según los mismos técnicos de residuos, está actuando de forma correcta para evitar un «grave riesgo» en la salud pública, tal como expusieron en el informe que elevaron a la consejera insular de Medio Ambiente, Inés Jiménez, para después aprobar el Expediente de Responsabilidad Medioambiental. 

En esencia, detallaron, «el tratamiento de los lodos de depuradoras que se está realizado actualmente es el adecuado». Además, es el único posible si se quiere evitar el colapso del vertedero. El problema es que se está ejecutando sin la autorización correspondiente del Gobierno de Canarias por los retrasos en las administraciones que deben tramitarlos. 

Por tanto, ese es el sistema previsto para el futuro, una vez que se concedan los permisos a las estaciones depuradoras que lo han solicitado. Los líquidos procedentes del vertedero, la mayoría generados al depositar los lodos húmedos de las depuradoras, se llevan desde hace años a la estación de Barranco Seco, en lo que se asemeja a un circuito cerrado porque al tratarse generan nuevos lodos. 

Sin embargo, ni la EDAR de Barranco Seco ni ninguna otra de la isla tiene la condición de gestor autorizado de ese tipo de residuos. En las inspecciones de los últimos años ya se había constatado esa precariedad y en el Informe Ambiental Reglamentario correspondiente al año 2021 los técnicos del Gobierno de Canarias aceptaron las alegaciones del Cabildo, pues en ese momento ya se habían encargado los informes del Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento de la capital.  

Al transcurrir un año, los inspectores ya no aceptan otorgar más tiempo y en el informe del año 2022 han considerado que esa «desviación» de la Autorización Ambiental Integrada al ecoparque es «relevante», por lo que han requerido al Cabildo que de «inmediato» paralice esas operaciones. 

Sin embargo, según los responsables de residuos de la corporación insular, si se cumpliera de forma inmediata ese requerimiento se colapsarían tanto las estaciones depuradoras como el propio ecoparque. En concreto, si se dejaran de tratar los lodos de las aguas residuales en las EDAR habría que expulsarlos hacia el mar a través de los emisarios submarinos, pues no tienen forma de almacenarlos.  

El Cabildo asegura que cumplir los requerimientos supondría el colapso de las depuradoras

Igualmente, se corre el riesgo de que se rebosen los depósitos de lixiviados del vertedero y se derramen por todo el recinto. «La Inspección podía haber concedido unos meses más porque desde el Cabildo hemos pedido que se agilicen los trámites para las autorizaciones, pero ha dicho que de forma inmediata y nosotros, por responsabilidad medioambiental tenemos que actuar para evitar esos daños», comentó una de los técnicos consultados. Por tanto, el Cabildo insta a la empresa municipal Emalsa y a la UTE que gestiona el ecoparque del Salto del Negro a continuar con los actuales tratamientos.  

Todas las EDAR de Gran Canaria llevan los lodos a Salto del Negro porque dispone de una planta de biometanización. De ahí proceden los lixiviados que se envían a Barranco Seco, con otra pequeña porción de líquidos que generan las basuras domesticas que se depositan en los vasos de vertido.

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