El PP pide confirmar la nulidad de Amurga para evitar pagar indemnizaciones

El grupo del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria ha solicitado al gobierno tripartito de Antonio Morales que convoque una reunión urgente y extraordinaria para acordar el inicio de un procedimiento de declaración de lesividad previa a la declaración de la nulidad de la compra de las tres fincas de Amurga. Ese trámite debe realizarse antes de que se cumpla legal para hacerlo, este mismo viernes 17 de marzo.

El Cabildo iba a pagar algo más de cuatro millones de euros antes de que dos de los socios del pacto tripartito, el PSOE y Podemos, obligaran a NC a dar marcha atrás en la compra de esos terrenos al conocerse que algunos de sus propietarios eran familiares de Román Rodríguez y de que se detectaran errores en la delimitación del dominio público hidráulico.

En un escrito registrado el pasado miércoles, el consejero del PP Daniel Reyes se dirige al Consejo de Gobierno Insular para que inicie ese procedimiento de lesividad al entender que, en caso contrario, se abre la puerta a que los dueños de esas fincas de Amurga acudan a los tribunales para reclamar las indemnizaciones correspondientes a la compraventa de los terrenos al no haberse concretado la operación.

De hecho, los populares entienden que la compra «será firme» hoy mismo si el gobierno insular no adopta ese acuerdo. «Consideramos que la adquisición de Amurga no se ha anulado porque todavía no se ha hecho nada en ese sentido; hicieron la pantomima de cara a la galería, pero si la compra adquiere firmeza al cumplirse los cuatro años del acuerdo, los propietarios pueden ir al Juzgado para que le paguen el precio y los intereses de demora», explicó un portavoz del partido.

El PP sospecha que «la intención» de NC desde hace tres años, cuando el PSOE y Podemos se negaron a continuar con la compra de Amurga, es que la operación se culmine en los tribunales. Al respecto, Daniel Reyes adelantó ayer que se personará en el procedimiento si los familiares de Román Rodríguez acuden a la vía judicial para cobrar esos cuatro millones de euros.

En su escrito señala que «la propia administración ha reconocido en informe conjunto de la Jefatura de Patrimonio y Servicios Jurídicos que es un hecho probado que el informe que detecta la existencia de dominio público hidráulico es posterior al acuerdo del Consejo de Gobierno insular que adquiere las fincas controvertidas, cantidad que a raíz de ese informe nuevo se debe retrotraer dichos metros cuadrados, dado que el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno es imposible y por ende lesivo».

«Por lo expuesto», concluye el escrito del Grupo Popular, «ante la alarma social que ha provocado este asunto, no habiéndose agotado la posibilidad de instar la anulabilidad del acuerdo de fecha de 28 de diciembre de 2018 previa su declaración de lesividad, encontrándonos aún en plazo de iniciar dicho procedimiento y con ello revertir la grave situación generada, consideramos necesario y oportuno que, con carácter urgente y extraordinario, se convoque al Consejo de Gobierno Insular y, como único punto del orden del día, se acuerde iniciar el procedimiento de declaración de lesividad para, con su resultado, proceder a instar ante el órgano judicial competente su declaración de anulabilidad».

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