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Una quincena de afectados preparan demandas contra el nuevo Plan Insular de Gran Canaria

Grupos turísticos, empresas industriales y particulares recurren a los tribunales para intentar anular normativas sobre Maspalomas, Veneguera, Salinetas o Llanos de Guinea

Campo Internacional de Maspalomas, a la izquierda, y urbanizaciones turísticas de Playa del Inglés.

Campo Internacional de Maspalomas, a la izquierda, y urbanizaciones turísticas de Playa del Inglés. / Juan Castro

Las Palmas de Gran Canaria

Una quincena de empresas y colectivos ciudadanos han anunciado recursos judiciales contra el nuevo Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC) y tienen previsto formalizar demandas por la vía contencioso-administrativo para intentar anular una treintena de disposiciones del documento aprobado por el Cabildo, la mayoría de ellas relacionadas con terrenos turísticos o de actividades industriales. 

Esas entidades, desde grandes grupos turísticos a empresas cementeras o energéticas, consideran que la última revisión del Plan Insular por parte del gobierno del Cabildo entra a ordenar de forma pormenorizada cuestiones en las que no debería intervenir un documento de esa naturaleza, con la circunstancia agravante de que algunas disposiciones aprobadas en el texto definitivo no fueron incluidas en la aprobación inicial. Por tanto, sostienen, ni siquiera fueron sometidas a la información pública correspondiente. 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tramita al menos quince procedimientos judiciales tras los recursos anunciados por esas empresas y particulares, que ahora deben formalizar sus demandas para que los tribunales de lo contencioso-administrativo resuelvan aquellas cuestiones del PIO-GC en las que se consideran perjudicados. 

No todas las entidades que han anunciado un recurso lo acabarán presentando, pues en algunos casos lo hacen para acceder al documento completo a través de los tribunales y desisten una vez analizados los asuntos que les preocupaban. 

Demandas

Sin embargo, varios afectados consultados ayer por este periódico ya dan por seguro que se formalizarán entre 30 y 40 demandas por otros tantas normativas del nuevo PIO-GC en los que están en desacuerdo. Las relacionadas con los aspectos turísticos se refieren a terrenos situados en los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, como Bahía Feliz, el Campo Internacional de Maspalomas, la franja costera entre los puertos de Pasito Blanco y  Santa Águeda o el barranco de   Veneguera. 

Por su parte, las empresas que recurren determinaciones del PIO-GC ligadas a la industria y la energía lo hacen sobre actividades que se desarrollan ahora en suelos de Salinetas de Telde, en las proximidades de la autovía del sur o en el polígono industrial previsto en la zona conocida como Los Llanos de Guinea, cerca del barrio capitalino de Los Giles

Entre los 15 demandantes, cuyos recursos se anunciaron a mediados de mayo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para emplazar a los posibles interesados en el procedimiento judicial, se encuentran ocho sociedades de dos grandes grupos empresariales canarios del turismo y la construcción, dos compañías de actividades mineras, una empresa con intereses en el muelle industrial de Salinetas (que se pretende transformar en deportivo), los asociados de Llanos de Guinea y un despacho de abogados de Madrid especializado en temas de planeamiento.  

La treintena de recursos judiciales que se van a formalizar en las próximas semanas, según especificaron las fuentes consultadas, no pretenden anular la totalidad del PIO-GC ni cuestionar la ordenación o el modelo de ecoísla que propugna el Cabildo, sino solo aquellos aspectos en los que los demandantes se sienten perjudicados. 

Por tanto, no se espera que se soliciten medidas cautelares mientras se resuelven los temas de fondo, aunque tampoco se descarta que algunos de los afectados pidan anular la revisión recién aprobada por el Cabildo después de 13 años de trámites.  

Pese a que no pretenden tumbar el PIO-GC, los representantes de las entidades que se sienten afectadas no escatimaron críticas al documento aprobado por el Pleno del Cabildo el 29 de diciembre de 2022, con la única abstención del PP. y publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 19 de enero de 2023. Un Plan Insular, a su juicio, debe tener un carácter genérico para impulsar la actividad económica, no para unas limitaciones muy pormenorizadas en determinados suelos, que en todo caso serían competencias de los ayuntamientos a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). 

A modo de ejemplo, señalaron que de una treintena de áreas libres de equipamientos, aquellas que se reservan para futuras zonas verdes o zonas de esparcimiento para la población, la mayoría, 16, están entre Bahía Feliz y el Puerto de Mogán, en zonas eminentemente turísticas. Por contra, el PIO-GC solo contempla cuatro en los alrededores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y dos en Vecindario, los lugares donde se concentra la mayor parte de los residentes en la isla.    

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Uno de los recursos anunciados contra el PIO-GC es de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y se formalizará de «forma contundente», según adelantó su portavoz, Isabel Doreste, quien precisó que la demanda no solo estará dirigida a defender los intereses de las personas que quieran seguir disfrutando de sus viviendas en zonas turísticas, la denominada residencialización, sino que también incidirá en aspectos medioambientales, como el deterioro de las Dunas de Maspalomas o de los sebadales por el continuo aumento de visitantes y de camas turísticas. Aunque el PIO-GC no regula directamente la residencialización, la Plataforma considera que es una «percha jurídica» que podrán utilizar luego los ayuntamientos y el resto de las administraciones públicas para crear las unidades de explotación hotelera que están «expulsando» de las zonas turísticas a los propietarios de apartamentos. Otra razón para recurrir el documento del Cabildo, según Doreste, es que la Consejería de Política Territorial no ha contestado a las cerca de 300 alegaciones que presentaron los miembros de la Plataforma en el periodo de alegaciones. «¿Dónde  está la transparencia de la que tanto presume el Cabildo?», se preguntó

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