La Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, ha paralizado actividades como la organización de los actos folclóricos en la Fiestas del Pino de Teror porque sigue pendiente de justificar gastos por valor de 124.000 euros y carece de personal propio para realizar las labores que tiene encomendadas, según se refleja en una auditoría realizada por la Intervención General del Cabildo, en la que también se detectan irregularidades administrativas en las contrataciones.
La auditoría de cumplimiento correspondiente al año 2021, emitida el 31 de octubre de 2022 por la Sección de Control Financiero de la Intervención del Cabildo, destaca en sus conclusiones que el hecho de que «la actividad de la Fundación esté siendo realizada por personal del Cabildo es una práctica que, además de irregular, se muestra insuficiente para solventar los incumplimientos reiterados de la Fundación, como la tramitación de los expedientes de contratación en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)».
El informe de los interventores también recuerda que «el mantenimiento de la Fundación, a pesar de la falta de personal y de actividad, conlleva una serie de obligaciones de suministro de información y envío de documentación de forma periódica, reguladas fundamentalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que requieren la implicación de otros recursos de la Corporación Insular».
Actos culturales
Los problemas de esta entidad cultural «sin fines lucrativos y duración indefinida», creada en el año 2007 para conservar y difundir el legado del periodista Nanino Díaz Cutillas, se evidenciaron este verano al no poder organizar, como en los años previos, los actos culturales del Cabildo con motivo de las fiestas de la patrona de la Isla en Teror, como el Festival Folklórico o el Encuentro de Música Teresa de Bolívar, que finalmente fueron financiados a través de la Institución Ferial de Canarias (Infecar).
Según la auditoría, existe una subvención pública a la Fundación Díaz Cutillas de 124.000 euros, «concedida en el año 2020 en el marco del Plan Cultural Emergencia Covid-19», que se encuentra pendiente de justificar. La fecha límite para presentar los documentos que justifiquen esos gastos fue el pasado 15 de noviembre de 2022, hace ya diez meses, pero hasta hace unos días aún no se habían entregado en Intervención.
Los actos culturales del Cabildo en las Fiestas del Pino se pagaron este año a través de Infecar
Eso ha llevado al Grupo Popular en el Cabildo a solicitar la comparecencia del consejera de Cultura, la socialista Guacimara Medina, en la Comisión de Pleno que se celebra este jueves para que informe de la situación económico-financiera de la Fundación «a la vista de los datos reflejados» en esa última auditoría.
Además, la portavoz adjunta de ese grupo de la oposición, Pepa Luzardo, ha presentado al gobierno insular de Antonio Morales una batería de preguntas sobre la Fundación, entre ellas en qué fecha se ha justificado esa subvención de 124.000 euros y qué importes ha recibido esa entidad por parte del Cabildo en los ejercicios de los años 2022 y 2023.
Luzardo también pregunta por qué en la web de la Fundación no se puede acceder al apartado del Periodo Medio de Pago a Proveedores y no está actualizada la información desde abril 2022.
El grupo del PP pide la comparecencia de Guacimara Medina ante el informe de los interventores
Entre otras afirmaciones, la auditoría de la Intervención del Cabildo sostiene que «la actividad económico-financiera y la gestión de las actuaciones seleccionadas de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas no se desarrolla, en general, de acuerdo con el principio de legalidad».
Al respecto, separa en cuatro apartados «los principales incumplimientos a la normativa vigente». El primero, referido a los estatutos de la Fundación, precisa que ha realizado actividades que «exceden del objeto y los fines recogidos» en los mismos.
El segundo apartado es el más extenso y señala que la Fundación carece de personal propio, por lo que su actividad la realizan los dos empleados del Cabildo adscritos al Departamento de Música y Escuela de Folklore. «Esta Intervención reitera que se trata de una situación del todo irregular, pues dos trabajadores de la Corporación están realizando parte de su jornada laboral en una fundación dependiente de la misma», añade.
A juicio de los interventores, esta situación «no solo puede derivar en una cesión ilegal de trabajadores, sino que va en detrimento de la propia Consejería de Cultura que ve mermados sus recursos».
En 2021 se detectó un fraccionamiento y contratos menores de forma continuada y por periodos superiores a un año
En el apartado de contratación, la auditoría detalla que «incumple la normativa y se ha detectado un caso de fraccionamiento en el objeto del contrato, así como varios contratos menores de servicios que se prestan de manera continuada e ininterrumpida, por periodos superiores a un año, y que deberán licitarse».
Por último, en referencia a los gastos, el informe del ejercicio 2021 reprocha la inexistencia de convenios de colaboración para la realización de los diversos eventos que organiza la Fundación, como ayuntamientos y otras administraciones públicas, «por lo que no se puede constatar la adecuada imputación de todos los gastos a la contabilidad de la Fundación».
